Los Estados deben introducir una fiscalidad progresiva para financiar la ampliación de derechos como el acceso universal a la atención sanitaria y a la educación, y reforzar la resiliencia de las mujeres ante los peligros naturales, incluido el cambio climático.

 

Se llamará Aya. Éste es el nombre que las enfermeras dieron a la bebé que sacaron de entre los escombros de un edificio de cinco plantas en Jinderis, al norte de Siria. Un milagro. Su madre, que le dio a luz en las horas posteriores al terremoto de magnitud 7,8 que sacudió Turquía y Siria, no sobrevivió. Es una de las más de 50.000 víctimas de la catástrofe natural. La historia, tan trágica como esperanzadora, ha conmovido a la prensa internacional, también nos recuerda que más de 350.000 mujeres embarazadas que sobrevivieron al terremoto necesitan con urgencia  acceso a la asistencia sanitaria, según Naciones Unidas. Y éste es sólo un aspecto de la vulnerabilidad de las mujeres ante las catástrofes naturales.

Sabemos que los peligros naturales como las inundaciones, las sequías y los terremotos no son neutrales en cuanto al género, especialmente en los países en desarrollo. La evidencia  muestra que las mujeres y las niñas mueren en mayor número y tienen niveles diferentes y desiguales de resiliencia y capacidad de recuperación. De las 230.000 personas que murieron en el tsunami del océano Índico del 2004, por ejemplo, el 70% eran mujeres. Debido a las barreras y desigualdades específicas de género, las mujeres se ven más afectadas que los hombres por los desastres naturales y experimentan una recuperación más larga. Esto se debe, por ejemplo, a que suelen tener menos habilidades de supervivencia, como la natación y la alfabetización.

Las mujeres también tienen menos acceso a la información para prepararse, responder y afrontar adecuadamente una catástrofe, incluido el acceso a las alertas y a refugios seguros. Asimismo, les cuesta más escapar del peligro, ya que son generalmente las principales responsables del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. Además, el aumento de las tensiones y el miedo, junto con la pérdida de ingresos provocada por las catástrofes, acaban provocando un aumento de la violencia doméstica contra las mujeres y las niñas. También son ellas las primeras víctimas de la violencia y la explotación sexuales cuando poblaciones enteras se ven desplazadas -ésta fue una de las primeras preocupaciones en Pakistán, cuando más de 8 millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares a causa de las terribles inundaciones del 2022.

Las catástrofes naturales repercuten negativamente en la economía de todos, pero las mujeres y las niñas sufren un impacto desproporcionado. Datos del Banco Mundial muestran que las agricultoras se ven mucho más afectadas que los hombres en las zonas rurales. Asignadas a las tareas domésticas, las mujeres dependen más que los varones del acceso a los recursos naturales y son, por tanto, las primeras en sufrir cuando éstos escasean. En todas las regiones, la inseguridad alimentaria es mayor entre las mujeres que entre los hombres: en 2020, se estimó que casi el 60% de las personas que pasan hambre son mujeres y niñas, y la brecha de género no ha hecho más que aumentar desde entonces. Su falta de acceso a cuentas bancarias también significa que los activos de las mujeres están menos protegidos que los de los hombres.

Por supuesto, la recuperación de cualquier crisis se basa en las expectativas sociales relacionadas al género. Por eso, las mujeres soportan la mayor carga doméstica tras una catástrofe, a costa de perderse otras actividades generadoras de ingresos. Sabemos que las mujeres dedican, de media, 3,2 veces más tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado. La pandemia -otra catástrofe natural- puso de manifiesto el desigual reparto del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, y lo infravalorado y poco reconocido que está. La desigual distribución de las tareas de domésticas y de cuidados, es un obstáculo significativo para el progreso de las mujeres en la educación y la formación profesional, limita su entrada y ascenso en el mercado laboral remunerado, sus oportunidades económicas, su participación política y sus actividades empresariales, y da lugar a lagunas en la protección social, la remuneración y las pensiones.

La desigualdad de género agrava el impacto de las catástrofes, y los impactos de las catástrofes agravan la desigualdad de género. Esto es inaceptable. Dado que el mundo se enfrentará a un aumento de las tragedias relacionadas con el clima, hay que abordar urgentemente las desigualdades subyacentes. Por ello, los gobiernos deben tomar medidas inmediatas y a largo plazo para invertir con carácter prioritario en el acceso universal a la atención sanitaria, el agua y el saneamiento, la educación, la protección social y las infraestructuras para la igualdad de género y el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres.

Incluso en tiempos de crisis, cuando las arcas de los Estados están casi vacías, existen alternativas justas para aumentar los ingresos destinados a financiar la inversión necesaria para no exacerbar la brecha de género: pasar la factura a quienes se benefician de las crisis que asolan el planeta, incluidas las naturales. Como recomienda la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT), de la que soy miembro, con, entre otros, Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh y Thomas Piketty, en lugar de aplicar programas de austeridad que devastan a los más desfavorecidos, los Estados deben  aumentar su espacio fiscal gravando más a las grandes empresas y a los superricos.

Se puede empezar por gravar las superganancias de las multinacionales, y, de hecho, varios países de Europa – España, por ejemplo- y América Latina ya han empezado a hacerlo. Basta con ver a las grandes farmacéuticas, que han hecho una fortuna vendiendo vacunas contra el Covid-19, que no habrían podido desarrollar sin subvenciones públicas. También es el caso de las multinacionales del sector energético o alimentario: Oxfam calcula que sus beneficios aumentaron más de dos veces y media (256%) en 2022, en comparación con la media de 2018-2021. Por las mismas razones, es urgente gravar a los más ricos, que hoy en día apenas pagan impuestos. No se puede aceptar que, como nos recuerda Oxfam, un hombre como Elon Musk, uno de los más ricos de la historia, pague un 3,3% de impuestos, mientras que Aber Christine, una comerciante de Uganda que vende arroz, pague un 40%.

La fiscalidad progresiva -hacer que los más ricos y las multinacionales paguen lo que les corresponde- es una de las herramientas más poderosas para reducir todo tipo de desigualdades y construir sociedades más resilientes e inclusivas. Mientras el mundo celebra el Día Internacional de la Mujer, tengamos presente que existen alternativas para financiar las infraestructuras, los servicios públicos y la protección social necesarias para garantizar los derechos de las mujeres y para prevenir, prepararse y recuperarse mejor de las catástrofes. No hacerlo es una opción política. Si no se aborda la desigualdad de género, la devastación de futuras catástrofes naturales no hará más que aumentar.