Una gestión administrativa no se evalúa especulando ni ofendiendo, mucho menos a través de la opinión de quienes puedan perjudicarse o beneficiarse de ella. Son hechos concretos que, a través del tiempo, terminaran definiéndola. Igual sucede con el comportamiento ético.
Cuando de instituciones públicas se trata, su valoración depende de la relación inversa entre las ventajas logradas por un determinado grupo de funcionarios, versus las que obtienen los ciudadanos. Cualquier otra consideración es inexacta.
Quienes juzgan funcionarios, senadores o diputados, están obligados a detallar el comportamiento ético y los deberes para los que esos servidores públicos fueron designados o elegidos. Sin olvidar el estado de las instituciones recibidas.
Concluir que nuestro poder legislativo no es otra cosa que una agrupación de facinerosos semianalfabetos, adscritos a la tradición dañina de la corrupción y el clientelismo, es el mayor consenso alcanzado en este país luego de analizar por décadas el quehacer de esos representantes.
Ese consenso es ratificado una vez más: Alfredo Pacheco, paradigmático ejemplar de la vieja política chanchullera, ha ultrajado de forma vulgar y desaforada al ministro de Medio Ambiente, llamándole abusador e inepto.
Arremetió, precisamente, contra un funcionario cuya trayectoria personal y profesional es de las pocas que dan brillo al actual gobierno. El presidente de la Cámara de Diputados, alguien quien convive y dirige la institución más degradada y depredadora del Estado; esa que abusa constantemente de nuestros bolsillos y nuestra confianza, y de la que él nunca se ha quejado.
¿Acaso no es obligación del buen administrador obtener eficiencia, disciplina contable y decencia de las empresas que dirige? Prevenir y evitar dispendios es una prioridad gestora. O sea, administrar de forma diferente a como lo hacen los actuales representantes del pueblo, agrupados entre narcotraficantes, ladrones y ventajistas de todo tipo, por no mencionar algunos con prontuarios de abuso de menores y violencia doméstica. Auténticos abusadores bajo la mirada complaciente del señor Pacheco.
Desnaturalizar certeras y necesarias medidas presupuestarias no es otra cosa que mostrarse al público con los fundillos al aire. Sin pudor, corren rabiosos a descalificar a quien denuncia y desmantela nominillas clientelistas; para ellos un canalla que ha violado la omerta partidista y debe ser condenado al descrédito.
Sin pérdida de tiempo, se unieron en descalificaciones contra el Lic. Ceara Hatton dirigentes -penosamente jóvenes- del Partido Revolucionario Moderno y algunos diputados. Quieren descuartizarlo.
El presidente de la Cámara de Diputados y el legendario periodista Guillermo Gómez justifican, recomiendan y glorifican el que una caterva de activistas políticos deba de ser pagados con dinero del contribuyente dominicano. Lo hacen convencidos, enérgicos y sin recato.
Ha quedado claro, puesto que han sido sorprendentemente sinceros, que para ellos importa más el (pernicioso) bienestar del partido que el de la nación. La ambición personal y el vicio de poder cabalgan sobre una militancia mercenaria que, ellos insisten, debe pagarla el Estado a través de las nóminas abultadas de algunos ministerios. Igual que antes del cambio, pisoteando así las luchas y faltando a las promesas.
El comunicador político Guillermo Gómez, enfurecido, pierde compostura y olvida su sagacidad habitual, llamando “sinvergüenza” al ministro de Medio Ambiente. Dispara balas de salva: exceptuando el submundo enajenado del partido gobernante, los dominicanos consideramos al ministro hombre de mucha vergüenza y valentía.
La injuria de don Guillermo se desvanece enseguida, admitiendo, aconsejando y explicando la existencia de pagos a centenares de “aquellos que llevaron a Luis Abinader al poder”. (Afirmación inexacta, pues sabemos que no fueron las bases del PRM quienes consiguieron la victoria electoral).
Miguel Ceara Hatton, repudiado por una parte de su partido aferrada al viejo quehacer político, es hoy aplaudido por una sociedad que felicita al presidente Abinader por haberlo designado en tan complejo y mal oliente ministerio, confiando en su integridad y profesionalismo.
Hace años, llegamos al convencimiento de la necesidad de contar con muchos Ceara Hatton y ningún Alfredo Pacheco para combatir la corrupción política. Requisito difícil, si nos atenemos a la actual realidad política.