El bochornoso aumento salarial de los tres miembros del Consejo de Superintendencia de Electricidad, al mismo tiempo que la mayor parte de la sociedad dominicana protestaba por los aumentos de las facturas eléctricas, incluso con manifestaciones en la calle, y que el Presidente de la República ordenaba un congelamiento de los aumentos, mostró la falta de criterio democrático y moralidad de esos funcionarios y de muchos otros funcionarios y políticos criollos.
Más allá de las prohibiciones constitucionales y legales contra dicha medida, de lo cual no soy experto, esa acción de los consejeros es esencialmente contraria a un régimen democrático y el respeto que se merece el pueblo dominicano de sus gobernantes. Las condiciones que generaron los grandes casos de corrupción que el Ministerio Público está llevando a la justicia siguen vigentes, intactas, esperando el momento para que los más osados o descarados intenten robar por diversos medios los impuestos que pagamos.
Únicamente en una dictadura los que detenta el poder del Estado actúan para su beneficio. Cuando en una democracia eso ocurre se denomina corrupción, ya que están desnaturalizando la esencia de un régimen democrático. No importa el nivel de mando, o si es un puesto electo o designado, en una democracia todo el que ocupa un puesto público y tiene potestad sobre recursos de los contribuyentes, debe actuar en sintonía con la voluntad de los electores, no para su beneficio particular.
Moralmente es reprochable que esos tres funcionarios se valgan de su puesto público para incrementar de manera escandalosa sus salarios. Estoy seguro de que ninguno de ellos en el sector privado recibiría una remuneración mayor a un tercio de las que se autoasignaron. En las democracias más avanzadas esa acción y su develamiento debería colocarlos en posición de presentar su renuncia al puesto o el presidente solicitarles que renunciara. En último término el afectado por ese hecho es el presidente, que es quien los nombró. Pero si no tuvieron moral para beneficiarse de un aumento salarial, menos moral tendrán para renunciar.
Aquellos que acostumbran a acusar a los sectores populares de inmorales y proclives a ser reclutados políticamente por dádivas, y que al combatir la delincuencia militarizan los barrios, se les cae el argumento cuando se muestran a profesionales y sectores de la clase media abusando del poder para su beneficio o robando miles de millones del erario. La ideología clasista que permea el discurso de los partidos políticos mayoritarios y su resistencia a ser controlados socialmente en el uso de los recursos públicos, son de los grandes retos a enfrentar para lograr una sociedad más democrática y con integridad moral. Los grandes ladrones, las más temibles pandillas, no están en los barrios populares, ni tampoco los grandes traficantes de drogas. No nos tomen por tontos.