"La eficiencia de un Estado se mide en la facilidad con que sus ciudadanos pueden ejercer sus derechos." – Lee Kuan Yew, ex primer ministro de Singapur.
Recuerdo una experiencia reciente mientras salía del país. Al llegar al control migratorio, me pidieron no solo el pasaporte, sino también mi cédula de identidad. Cumplí con el requisito, pero no pude evitar reflexionar: ¿qué objetivo tiene esta solicitud adicional? Horas después, aterrizaba en los Estados Unidos. Gracias a mi inscripción en Global Entry, todo lo que necesitó el sistema para autorizar mi ingreso al territorio norteamericano fue un escaneo facial rápido. No presenté mi pasaporte, no respondí preguntas, ni enfrenté burocracias innecesarias. Simplemente continué mi camino. Me resultó inevitable comparar ambos sistemas y pensar en los controles. ¿Cómo es posible que, en otro país, puedan reconocerme sin documentos físicos ni huellas dactilares, permitiéndome el acceso sin mediar palabras, mientras que en el mío se me exigen documentos adicionales?
Esta vivencia presenta el contraste de un sistema que parece agregar trabas a los ciudadanos y otro que usa la tecnología para simplificar y optimizar la experiencia del usuario, garantizando de manera simultánea la seguridad y eficiencia en sus operaciones.
En un contexto donde la transformación digital y la innovación son claves para construir un Estado eficiente y cercano a sus ciudadanos, requerir la cédula de identidad, además del pasaporte para salir del país, parece ir en dirección contraria. Esta disposición no solo plantea dudas sobre su utilidad, sino también sobre su alineación con los objetivos de modernización administrativa que persigue la República Dominicana.
En el ámbito global, los países que lideran en innovación administrativa han optado por modelos más ágiles: Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, solo exigen el pasaporte para la salida de sus ciudadanos y a su vez, han creado programas como Global Entry y NEXUS, en el que eliminan incluso la necesidad de interacción humana en algunos controles fronterizos.
Todos conocemos que, en la Unión Europea con el Espacio Schengen, los ciudadanos pueden viajar entre países miembros presentando únicamente su documento nacional de identidad, dejando el pasaporte como un requisito mínimo en viajes fuera de la zona. Mientras que en Mercosur y la Comunidad Andina, permiten a los ciudadanos viajar entre países miembros utilizando solo la cédula de identidad, promoviendo la integración regional. Por su parte Japón y Singapur han implementado sistemas de identificación biométrica para agilizar procesos migratorios y reducen significativamente los trámites.
Según datos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), los casos de suplantación de identidad mediante pasaportes representan menos del 0.0001% de los viajes aéreos. Esta cifra plantea interrogantes fundamentales sobre este nuevo requerimiento: ¿Qué problema busca resolver esta medida? Si no se han registrado casos significativos de fraude con pasaportes, ¿por qué imponer un requisito adicional que podría percibirse como burocrático y redundante para los ciudadanos que desean ejercer su derecho a viajar? A su vez, es válido cuestionar si existe evidencia de suplantación de identidad masiva que aún no se ha comunicado públicamente. Si este fuera el caso, es necesario que las autoridades transparenten esa información para evaluar objetivamente la necesidad de la disposición.
Además, surge otra pregunta clave: ¿Desde cuándo el pasaporte, un documento emitido y respaldado por el Estado, ha pasado a considerarse tan vulnerable que requiere la validación de otro documento oficial? Si los pasaportes carecen de la seguridad necesaria, lo lógico sería priorizar una revisión y mejora de su sistema de emisión, en lugar de sumar requisitos que complican el proceso para los ciudadanos.
Finalmente, si como se ha argumentado, ningún ciudadano quedará impedido de salir del país por no presentar su cédula, ¿cuál es entonces el propósito real de esta solicitud?
Una medida que no cumple una función clara, ni atiende un problema concreto, corre el riesgo de convertirse en un obstáculo innecesario para la movilidad de las personas.
En un momento en que como nación buscamos la modernización, la innovación y la transformación digital, es crucial adoptar medidas que verdaderamente mejoren la eficiencia y la calidad de los servicios públicos. En esa dirección, diversos países han implementado con éxito mecanismos que comienzan con el desarrollo de plataformas interoperables, diseñadas para centralizar la información ciudadana, respaldadas por tecnología de vanguardia. Estas plataformas cumplen con todos los requisitos de identificación tanto a nivel nacional como internacional, optimizando el sistema de registro mediante el uso de tecnologías biométricas y encriptación avanzada para garantizar su confiabilidad, evitando duplicidades innecesarias. Asimismo, resulta esencial que se establezca un comité técnico que analice la viabilidad y el impacto de nuevas regulaciones y disposiciones, basándose siempre en datos concretos, con el objetivo de prevenir medidas innecesarias y garantizar decisiones bien fundamentadas.
La transformación digital no es un lujo, sino una necesidad para garantizar una administración pública más eficiente, transparente y equitativa. Agregar requisitos innecesarios no solo contradice los principios de la modernización estatal establecidos en la Ley de Orgánica de Administración Pública y en la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites, sino que también representa un retroceso frente a los avances de otros países y los progresos alcanzados previamente por nuestra nación.
En lugar de complicar la salida de nuestros ciudadanos, debemos inspirarnos en las mejores prácticas internacionales y priorizar un enfoque centrado en las personas. Este es el camino hacia una burocracia cero que, más que un eslogan, sea una realidad tangible para todos los dominicanos y dominicanas.