En estas realidades latinoamericanas y caribeñas, el ejercicio de la política viene marcado por la mentira y el disimulo, aparentando lo que no es. Todo va bien cuando se está en el gobierno, pretendiendo convencer a la gente de que las cosas marchan. De ahí que cuando un político corre el riesgo de decir la verdad puede ser mal interpretado y criticado, como viene sucediendo con dos ministros del actual Gobierno del PRM.

Las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, el  pasado 18 de mayo,  sobre las  características de la empleomanía que dirige son prueba de  ello. Admitir que encontró en el Ministerio gente  que cobra  sin asistir a sus labores escandalizó  a sus enemigos y miembros del PRM, que le han reclamado su falta de tacto, y para algunos empaña la memoria del asesinado ministro Orlando Jorge Mera. Para la oposición decir que hay botellas  en el Ministerio se asume como si fuera la primera vez que sucediera en la historia del país, cuando es sabido que es una práctica instaurada por los partidos y que la administración pública es usada para cumplir compromisos políticos: unos trabajan y otros cobran. Negarlo es ser cómplice de la mediocridad y  la corrupción.

De igual manera, las declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, el 28 de mayo pasado, en torno  a la calidad de la educación en el país acaban de sorprender con algo que todo el mundo sabe, pero que el ministro admite sin rubor: “La educación en la República Dominicana está estancada tras haberse invertido muchos recursos en el sector, pero no ha pasado nada”. (….) “No se han logrado resultados significativos”.

El ministro Hernández, desde que llegó a la posición, ha denunciado las debilidades que tiene el sistema educativo, dando declaraciones basadas en la verdad que parecen irritar a cierta gente. Un sistema que el  presidente Abinader admite que lleva 30 años en crisis.

El histórico deterioro de las administraciones públicas no puede seguir cubriéndose con discursos adornados de populismo  trasnochado. Ha llegado la hora de decir la verdad, de instaurar un régimen de consecuencias que frene las apetencias de la cosa pública, admitiendo las deficiencias de los sistemas y la necesidad de cambiar el  estilo de hacer política, diciéndole  al pueblo la verdad.

El hecho de que estos ministros sean criticados hasta por la gente  de su mismo partido, debe llamar a reflexión. ¿O  acaso  se prefiere  que mientan y tapar el sol con un dedo para mantenerse en el poder?

Si queremos políticos honestos y éticamente comprometidos con su función y al servicio del pueblo, tenemos que respetar y  admitir las autocríticas, las denuncias, el fracaso de ciertas políticas  públicas. A menos que los ciudadanos prefieran ministros deshonestos, farsantes y habladores de pendejadas en lugar de funcionarios capaces de asumir sus limitaciones, como ha sucedido con Ceara Hatton quien ha sido calificado hasta de “ineficiente y abusador” por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, tras declarar el ministro que “hay 600 botellas en el Ministerio”. Y tal vez más.

Deberíamos sentirnos  agradecidos de tener como ministros a hombres que van más allá de una militancia cómplice y que no van al poder a recoger “lo suyo”. Funcionarios  capaces de decirle al pueblo la verdad sobre las instituciones que dirigen. De denunciar cosas que no se modifican en un periodo de gobierno porque forman parte de una modalidad, de un estilo de gobernar asimilado, divorciado de toda ética donde el manejo de la cosa pública es apenas una muestra.

Cuando el ministro de Educación, Hernández, admite que, a pesar de todos los recursos invertidos desde  2011 , cuando se estableció el 4 % , se han  gastado  millones  y  “no hay resultados”, sino que hay un deterioro exponencial del sector educativo, con otros componentes como la violencia, indisciplina, las agresiones sexuales, mutilaciones y hasta asesinatos .

Admitir  que no hay logros es un acto de valentía y de honradez profesional. Aquí todos sabemos, y pocos lo dicen, que muchos de los maestros no saben hablar y que por eso no pueden trasmitir  la enseñanza de la lengua hablada ni escrita, elemento esencial en los primeros años del  aprendizaje. Como destacó la exministra Ligia Amada Melo (1996-2000):  “La alfabetización es la zapata de todos los aprendizajes posteriores” (…) “Debe declarase en emergencia la educación inicial”. Y yo me pregunto  porque no se pusieron en práctica estos presupuestos  en los  “dieciséis años de gatopartismo educativo”[1] del PLD, permitiendo que el recinto escolar se convirtiera en un espacio inseguro para alumnos y profesores.

Hay que trabajar la gente  en el plano humano. Educar a esos individuos que tienen el compromiso de formar seres para el futuro. Este país ha tenido grandes figuras en la educación pública. Se han formado generaciones de buenos dominicanos, incluso cuando la dictadura. Hoy en democracia estamos lejos de la excelencia, porque la clientela política no puede llenar los espacios educativos de calidad.

El presidente Luis Abinader, fiel a su compromiso y consciente de que la educación es uno de los pilares de la sociedad, y asumiendo los  retos que tiene su Gobierno, ha pedido  “ despolitizar la educación”. Estas declaraciones podrían abarcar también a la Educación Superior y ser mal vistas por los “líderes” políticos  que operan desde el Ministerio y su partido, la filial educativa, que de alguna manera han ofertado un “capital político”, una masa de profesores militantes, amparados en la militancia clientelar y la impunidad, a los que nadie puede tocar, nadie puede  sancionar. Aunque, finalmente, se ha empezado a hablar de la ADP,[2]  y el temor que tiene la clase política a meterse con la ADP. La educación, además de estancada como señala el ministro Hernández, pareciera  estar secuestrada.

 

[1] Emilio Vargas Santiago: 15 años de gatopartismo, 21-9-2020

[2] Isidoro Santana: Es difícil para los políticos meterse con la ADP. Parte I, acento.com 5-6-2023