Uno de los temas que más preocupó al ciudadano, fue el de la corrupción administrativa y la inexistencia de un régimen de consecuencias. Esto debido a que la mayoría de los casos de corrupción de la última década, quedaron impunes. Parte de esta distorsión, fue conducida por la incapacidad o la falta de voluntad del Ministerio Público en perseguir estos actos delictivos. A los fines de remediar este mal histórico que afecta a todos, el gobierno de turno colocó a la Magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República y ha dejado al Ministerio Público actuar libremente en el ejercicio de sus funciones. Un aspecto que ha fortalecido a la entidad y la lucha a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, el comportamiento del órgano persecutor deja mucho que desear.
El reciente tweet de la Procuradora Fiscal Yeni Berenice, donde indica que en el país “la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea”, y señala que la mayoría de los tribunales “varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado”, por no obtener una sentencia sujeta a las pretensiones del Ministerio Público, es un ejemplo de que en ocasiones esta institución le hace un flaco servicio a la institucionalidad. Más aún, porque es una parte en el proceso y las decisiones son recurribles, en caso de inconformidad. Es decir que tendrá la oportunidad de ejercer sus derechos en las distintas etapas del proceso penal. Por tanto, utilizar calificativos inadecuados o ataques desmedidos contra los tribunales o los jueces en el marco de un procedimiento judicial, más que favorecer al sistema, socava las instituciones democráticas y genera desconfianza en la ciudadanía.
Además, es necesario advertir que siendo el Ministerio Público un órgano que depende del Poder Ejecutivo, este tipo de prácticas no contribuye al afianzamiento de la división de los poderes públicos. Toda vez que se traduce como una intromisión ilegítima de funcionarios del Poder Ejecutivo en el ámbito propio de otro poder del Estado, en la especie, el Poder Judicial. Lo que es improcedente e inaceptable. Se debe aspirar a que quienes se les ha confiado un cargo en el Poder Ejecutivo lo ejerzan con objetividad y respeto a la separación de los poderes, al menos de que se esté intentando desacreditar y desestabilizar a la justicia, con el objetivo de alterar el orden institucional hasta alcanzar una composición en el Poder Judicial, que sea penetrable y condescendiente a sus deseos y así obligar sentencias favorables.