Las cifras varían según los reportes, pero, a título conservador se estima que más de seis millones de venezolanos han migrado en los últimos veinte años, la mayoría hacia Colombia, algo inaudito en todo el siglo XX, cuando ese país acogió personas provenientes de España, Portugal, Italia y, progresivamente, algunas veces por excesos en la administración política de los países de origen, también migrantes provenientes de la región latinoamericana.
¿Quién hubiese pensado en los setenta y los ochenta que la relación de migración entre Colombia y Venezuela se vería un día en el sentido inverso? ¿Que República Dominicana, que nutrió de exilados políticos y luego económicos a ese país, sería hoy un lugar de acogida para nacionales que gracias a tenues relaciones producidas en ese pasado no tan lejano pudieron encontrar vías para integrarse a un destino que antes le parecía inferior?
Si las evidencias numéricas son disímiles, las humanas están por todos lados. En la Feria del Libro de Madrid muchos de los que atendían los puestos transitorios de comida rápida eran venezolanos. En Santo Domingo, si uno se detiene a conversar con ellas, por el acento deduce que son venezolanas las mujeres que están vendiendo caramelos en los semáforos, trabajando en salones de belleza y hasta en lugares inverosímiles para lo que había sido su preparación laboral inicial.
Las causas económicas de este enorme flujo de personas han sido suficientemente documentadas directamente por los gobiernos de Chávez y de Maduro que han oficializado datos sobre el valor de la moneda que hacen que, en comparación, dejan al juego de Monopolio como algo más serio que la atención a las verdaderas finanzas.
Las causas políticas han sido puestas en evidencia cada vez más a menudo, sobre todo a raíz de la crisis sanitaria del año 2020, que incluyó la necesidad de una mayor atención a tendencias globales. El ACNUR la agencia de las Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados cita que las razones políticas y de derechos humanos en ese país han sido las detonadoras de la segunda crisis de desplazamiento de mayor magnitud en el mundo. Peor, el Instituto Casla, que le da seguimiento al estado de la democracia en la región, publicó a principios del año 2022 un informe que desde el mismo título pone en evidencia la magnitud de su contenido: “Crímenes de lesa humanidad en Venezuela”. Palabras mayores sobre la situación de los casi 30 millones de habitantes que permanecen en ese país y que explicarían por qué casi una sexta parte de la población original ha preferido vivir en otros lugares del planeta. Al final, los excesos en la administración política y económica inciden indirectamente en una mayor integración regional.