La reacción estatal y de la sociedad en nuestro país ante el crimen y el delito es muchas veces simplista: producir una ley, castigar y, peor aún, severamente, como si el panpenalismo o panpunitivismo resuelven, como por arte de magia, el problema de la delincuencia.
En un tiempo en el que corrientes importantes de la dogmática penal y de hacedores de política criminal rescatan, reviven y aspiran a un derecho penal mínimo, esto es, a la búsqueda de la máxima reducción de la intervención penal; la mayor ampliación de los derechos y garantías; y la rígida exclusión de medios represivos y punitivos adoptados fuera de las regulaciones oficiales, como el darle pa’bajo a quienes ponen en juego la seguridad ciudadana, los legisladores iban, como caballos desbocados, a aprobar el “nuevo” Código Penal.
Parecía como que la Constitución y los instrumentos de derechos humanos de que somos suscriptores se habían perdido o borrado de la faz congresual. Lo más terrible es el aplauso que reciben los legisladores y quienes desde el poder, en todas sus manifestaciones, permiten y prohijan la inflación legislativa y violaciones patéticas a la vida, la libertad, la integridad personal, la dignidad y a otra serie de derechos fundamentales.
Diseñar e implementar políticas públicas de seguridad ciudadana y contra la delincuencia no es una tarea de reducir los problemas de la violencia y la criminalidad en el coto cerrado del derecho penal, ignorando, dejando de lado y tapando, cínicamente, los problemas de base en una sociedad que avanza, pero aun con grandes desigualdades, pobreza material y otras debilidades institucionales, estructurales y operativas.
Los legisladores y quienes aspiran a un Código Penal antidemocrático y antiderechos esenciales deben saber o recordar que donde hay mayor seguridad ciudadana es en los países y estados donde existen mejores niveles de igualdad, educación, salud, asistencia social (bien entendida y aplicada). En pocas palabras en sociedades donde reina el bienestar y hay menos discriminaciones.
Luego del presidente Abinader abordar en La Semanal el tema del “nuevo” Código Penal (que nacería viejo, premoderno y retraído para el Estado Constitucional y de Derecho que garantiza nuestra Constitución) y afirmar que el código necesita estudiarse y consensuarse mejor, el presidente del Senado y la propia comisión de la Cámara de Diputados a cargo del análisis y ponderación de diversas opiniones de la sociedad, han pegado el freno a la aprobación express de dicho código, ahora considerando que el tiempo que queda de la presente legislatura es muy corto e insuficiente.
Como otros, he denunciado las grandes incoherencias y distorsiones de dicha propuesta legislativa, sus manifestos atrasos y la filosofía autoritaria y contraria al orden constitucional que exhibe. Ha llegado el tiempo de la mesura que, ojalá sirva para leer los proyectos de leyes desde la óptica de una democracia viviente, aquella que aspira a reflejar en su ley sustantiva penal los valores y bienes jurídicos más preciados que predicamos y pretendemos hacer más reales.
La sabiduría presidencial ha dado su fruto en este momento. Ojalá que los legisladores le sigan tomando la palabra a Abinader y a tantos que queremos que el nuevo Código Penal sea una manifestación clara del compromiso con una sociedad que promete la protección de los derechos fundamentales y que en sus leyes y prácticas así lo incorporan.