El sistema dominicano de pensiones “adolece de severos problemas”, de acuerdo a un informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Según esta entidad, la situación es más crítica en el sistema de capitalización individual.
- La tasa de reemplazo es la más baja en la región: 22.8 % estimada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
- El sistema “es muy fragmentado”, con planes privados del Banco Central y del Reservas, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, del Poder Judicial, de los legisladores, de la UASD, de los maestros y de los médicos.
- RD tiene un bajo nivel de pensionados, siendo el único que no ha implementado la pensión no contributiva.
- Las AFP duplicaron las utilidades entre 2007 y 2019 al 38 %, como proporción del patrimonio neto, la segunda mayor entre los diez sistemas privados.
En relación al sistema público de reparto, el informe señala que “La gran mayoría tiene condiciones de acceso y prestaciones más generosas que el sistema general, y están desequilibradas actuarialmente, a pesar de que reciben fuertes subsidios fiscales”, sin entrar en mayores detalles.
Ciertamente, todos los estudios demuestran que la tasa de reemplazo será insuficiente para garantizar una pensión digna y sostenible, empujando a la pobreza e indigencia a la gran mayoría de los futuros pensionados. Lejos de acelerar las pensiones a los más necesitados, se privilegian a artistas y periodistas no contributivos.
Recordemos que la Ley 87-01 asumió que las AFP competirían entre sí por captar la mayor cantidad de afiliados, bajando la comisión y prestando un mejor servicio. Pero, en la práctica, todas se han asociado asegurando un control oligopólico del mercado, con escasos beneficios para los trabajadores, incluyendo a la AFP del Estado.
Como señala el informe de la CEPAL, el sistema actual está fragmentado, debido a que las instituciones autónomas y descentralizadas y los gremios de salud y educación se han separado del SDSS, creando planes de retiro privilegiados, a costa de todos los contribuyentes, acentuando la desigualdad social y el costo fiscal.
Mayor solidaridad social y devolución de los aportes insuficientes
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT) reconoce que esa es la realidad nacional. Estamos muy atrasados en relación a México, donde la comisión de las AFORES (AFP) es de sólo el 0.54% anual, mientras aquí es el doble, el 1.10% sobre el fondo administrado. Para el 2029 la comisión dominicana habrá bajado al 0.75% anual, todavía un 38.8% mayor que la hoy está vigente en ese país hermano.
Si bien el rendimiento de las inversiones es aceptable, la comisión recibida por las AFP es muy superior al esfuerzo realizado, lo cual reduce el crecimiento del fondo de retiro y genera una sensación en los afiliados de que los mayores beneficiarios son las AFP. El margen de rentabilidad de las AFP no difiere del obtenido por el INABIMA, con un costo administrativo mucho menor.
La Fundación Seguridad Social para todos (FSSPT), reitera la necesidad de una reforma profunda que resuelva de raíz las limitaciones y falencias de ambos sistemas, con vistas a garantizar una pensión digna y sostenible para todos los dominicanos. En tal sentido, nuestra propuesta incluye:
- La reducción inmediata del 1.10% al 0.60% anual de la comisión de las AFP sobre el fondo administrado;
- El aumento gradual de los aportes de los trabajadores y empleadores del 9.97% al 12.5% en cinco años;
- El aumento de Fondo de Solidaridad Social del 0.5% al 2.5% para garantizar una pensión adecuada a los afiliados con salarios inferiores al promedio nacional;
- La extensión de los años de cotización de 360 a 400 meses, para los afiliados con menos de 50 años; y
- La devolución del fondo acumulado a todos los afiliados con más de 50 años y que no están cotizando.
Hacemos un llamado a las autoridades y a la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, a asumir con valor y determinación nuestras propuestas de cambios en la Ley 87-01, convencidos de que las mismas elevarán las futuras pensiones y eliminarán los privilegios y las distorsiones señalados por la CEPAL.