La exministra de Salud Pública Altagracia Guzmán considera que el programa de fármacos de alto costo debe ser gestionado por el ministerio porque es el que tiene la autoridad para hacer compras vía Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica (Comisca). Fundamenta su planteamiento en la alta sensibilidad social y en el ahorro de millones de pesos al Estado.

Preguntada por el diario Hoy, la exdirectora ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (Senasa) y expresidenta de la Asociación Médica Dominicana (AMD) cree que el Gobierno debe disponer que los fondos transferidos al Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese-Cal) sean devueltos al despacho del ministro hasta que se resuelva por decisión de Estado la cobertura en la seguridad social.

Oportuna la observación. Y el ministro Daniel Rivera ha dicho que la comprende.

De acuerdo al funcionario, en la institución se revisan los protocolos y tratamientos, pero admite que Promese compra las medicinas.

“… Esa es la única diferencia; yo entiendo la posición de Altagracia Guzmán porque era una donación al pueblo; en la parte de alto costo surgió como una donación, pero poco a poco se ha visto como una obligación y nosotros lo que tenemos, sí, es una responsabilidad. Cautelosa respuesta la de Rivera a Guzmán, en cuya gestión en el MSP fue creado el programa (2015). Más bien, él remarca la referencia a la alta sensibilidad del tema y destaca que la gestión de gobierno actual ha aumentado 190% el alcance del programa.

En ese ambiente de sensatez, vale entonces abrir un espacio de reflexión en torno a la pertinencia de la opinión en cuestión. Y asumirla si beneficiara a los pacientes de enfermedades catastróficas y al erario. El presidente Luis Abinader ha sido el primero en mostrar actitud de rectificación de decisiones oficiales cuando le demuestran impertinencia.

Quizá nada importe el debate sobre el tema a los destinatarios de tales fármacos. Pero es por desconocimiento. Porque, si algo les impacta en su sobrevivencia, es tal programa, que el gobierno debe mantener y fortalecer de manera sostenida, sin importar cuánto cueste. Su existencia jamás debería estar en juego. Y debería ser lo último en desaparecer si ocurriera un colapso de la economía.

Baste colocarse en el lugar de una persona empobrecida o de clase media con cáncer u otra enfermedad catastrófica que requiera tratamiento para curarla o cronificarla. Debido a los altísimos costos de los medicamentos, sólo le quedaría el camino del cementerio si no contara con el auxilio gubernamental.

Aterra el solo pensarse sin acceso a la salud y con el derecho a la vida negado, pese al mandato de una Constitución que habla de Estado social, democrático y de derecho.

Es cuando se debe responder sin mirar montos. Porque la vida humana no tiene precio.

Así que el programa de medicamentos de alto costo es una solución social de alto impacto que, por tanto, debe ampliarse cada día y mejorar la tramitología para aligerar el acceso a los enfermos. Hacer que todo fluya natural, sin mediación de cabildeos ni capitalización por parte de influyentes mediáticos ni políticos. Sería una manera de hacerle menos pesarosa la carga al paciente.

En ese propósito, se necesita las sinergias del liderazgo sensible del sector salud, sin reparar en el frente político donde milite.