Los gobiernos de coalición que integren partidos de signos ideológicos y políticos diferentes, y en veces contrarios; son difíciles, casi imposibles, en regímenes presidencialistas como es el dominicano.
Los cargos que por resultado de alianzas concertadas pudieran lograr una que otra fuerza minoritaria participante, devienen en empleos públicos, sin posibilidad de hacer contrapeso en la gestión de gobierno, ni de definir, o limitar las políticas públicas esenciales del período de gobierno. Estos pueden ser ejercidos con honestidad, y con cierta eficiencia en el espacio micro en que se desempeñan. Pero la experiencia comprobable es que poco, o casi nada tributan a una causa superior a la que expresan los gobiernos de los que hacen parte.
Esos ejemplos no contribuyen, no han contribuido, a acumular fuerzas propias. Esto es decir, que en un régimen presidencialista, los cargos públicos, o empleos, ocupados por gente de izquierda como resultado de una alianza o acuerdo electoral triunfante, no han contribuido a modificar, así sea de manera mínima, la correlación de fuerzas que condujo a la participación en esos pactos en calidad subordinada al partido del presidente.
Hay experiencias, tantas como para hacer una hipótesis de trabajo, en torno a la cuestión del desarrollo como fuerza particular de los partidos y movimientos que han ocupado posiciones de gobierno en uno que no es el suyo.
Siempre hubo funcionarios y empleados de izquierda en los gobiernos desde 1962. Hasta en los gobiernos de Balaguer, incluso el de los 12 años, hubo técnicos en diversos niveles y áreas.
Casos hay, desde 1996 hasta acá, de gobiernos que resultaron de concertaciones políticas entre fuerzas que incluyeron a algunas de izquierda, y cuyas políticas, por caso la privatización de bienes públicos, marcaron rumbos esenciales en el país, cuyos efectos negativos pesan sobre el pueblo.
Y, se da por descontado, que la defensa y gestión de lo público es un principio de la militancia consecuente de izquierda en su visión de proyecto de sociedad/país; misma izquierda que, como menos, ha debido expresar rechazo a las decisiones que habilitan esas políticas.
Lo propio podría decirse de las que refieren a la redistribución de la riqueza nacional producida, y su expresión en el régimen fiscal y la política salarial. En el período señalado, la restricción salarial ha seguido siendo, y parece que seguirá, un componente fundamental del modelo económico que privilegia los intereses de grupos oligárquicos. Y lo mismo respecto al régimen tributario regresivo, que carga los impuestos sobre los que menos pueden.
Abro un paréntesis. Para decir, que esta discusión es pertinente, si y solo si, se mantiene con consecuencia la estrategia de acumular fuerzas propias para ganar el poder central. Pero no, si por el contrario, por comisión u omisión, la estrategia es pactar ora con este u ora con aquel para ganar “cuotas de poder” y así hasta el día final. Cierro el paréntesis.
Cosa diferente sería, y hay experiencias muy de estos días, en regímenes de democracias parlamentarias, donde la composición de los gobiernos y el contenido y rumbo de las políticas públicas las determina la correlación de fuerzas en el congreso nacional. En este caso, uno, dos, o tres diputados como mínimo, pueden poner y quitar el gobierno; y por supuesto, contribuir al carácter democrático, con sesgo social de las políticas públicas.
Fíjese lo que sucede en España en este momento. Los partidos más de derecha, obtuvieron mayoría de votos en las elecciones de julio pasado. Pero no pudieron constituir el gobierno, porque no sumaron la mayoría absoluta de diputados requeridos. En tanto, los partidos de centro izquierda, los de izquierda, y los con posiciones de defensa a los intereses nacionales de sus comunidades autonómicas; en suma, ganaron más representantes en el congreso nacional, y en alianza pudieron constituir la composición del gobierno y definir políticas públicas.
En este caso, algunos partidos dispusieron, y disponen, de los diputados que le faltan al PSOE para este lograr la mayoría absoluta necesaria y presidir el gobierno, y lo conciertan con este a cambio de ministerios y políticas determinadas. Si el PSOE no cumple, le quitan el apoyo en el congreso, y este cae del gobierno.
Es otro contexto, diferente al de la República Dominicana. Aquí, el presidente de la República y los intereses que representa, lo determinan todo.
Pero, nada de esto debe poner en entredicho las alianzas como posibilidad general de la política; o como necesidad en una coyuntura. La política, la conceptual-doctrinaria y no la emocional o que se hace de oído, considera la posibilidad de las alianzas, entre fuerzas de igual carácter. Y entre de diferentes. Estas son consustanciales a la política. El análisis concreto dirá si se hacen o no; o cómo, cuándo, ámbito y alcances de las mismas.
Fueron una necesidad para poner fin al modelo PLD: 20 años de gobierno, con todo lo que este significaba en materia de corrupción y de cercenamiento a los atributos principales de la República. Logrado ese propósito, entonces aparece otra realidad. Otro contexto en el cual definir posturas.
En nuestra visión, la táctica para contribuir a la salida del gobierno del modelo peledeísta en el 2020 fue correcta y no implicaba ser parte del gobierno sustituto. Aquella táctica concluyó el 5 de julio del 2020, con la derrota del PLD y la creación de una nueva ambientación política.
¿Cómo se presenta la cuestión general de las alianzas en las circunstancias actuales?
Como siempre, el PCT hace el análisis concreto de la situación concreta. Y su política de coyuntura corresponde al análisis de esta, enmarcada en las características del régimen político dominicano, que tiene 5- 6 niveles diferenciados de elección, cada uno con sus particulares matices e implicaciones específicas en cada territorio. Y en el interés de abrir espacio a la causa estratégica de revolución democrática que enarbola, a cuyo propósito mantiene una fidelidad indeclinable, cualesquiera que sean las circunstancias.
Por eso, postula por una candidatura presidencial popular, progresista y de izquierda para avanzar; abrir una nueva época política en el país.
Sin que este esfuerzo de avance contribuya de manera alguna a que vuelva el modelo de corrupción sin límites amparado en el cercenamiento a los principales atributos de la República, la instalación de un Régimen, como al efecto hizo el PLD, colocando todas las instituciones bajo el dominio de la presidencia, sin derogar de manera formal la Constitución.