Escandaliza a la opinión pública nacional y mundial que la República Dominicana aparezca como refugio de peligrosos delincuentes buscados en otras partes por narcotráfico, sicariato u otros crímenes.

Sorprende que estos individuos vivan lujosa y apaciblemente en este país; que se encuentren en libertad, a la vista de policías, jueces y fiscales pese a haber cometido fechorías hace poco tiempo.

Dicen reportes de prensa que asaltantes que son parte de una banda operando desde hace tiempo en el Aeropuerto Cibao matan un niño que recién llegaba al país de vacaciones.

Dicen que mucha gente tiene miedo de salir de noche de sus casas o de caminar por las calles. Se comenta que las escuelas funcionan mal y los hospitales peor. Que en una maternidad no llega el agua salvo esporádicamente, igual que en millones de hogares; que mueren muchos niños neonatos, sin siquiera alcanzar a cumplir su primer mes.

Se reporta que las calles viven llenas de basura, igual que cañadas, ríos y playas. Que el tránsito es infernal y no hay quien ponga orden. O que las áreas “protegidas” no tienen protección y que las cuencas son deforestadas.

Que todo lo público funciona mal pese a que, en materia de bienes privados, yipetas y automóviles, supermercados y centros comerciales, el país puede competir con cualquier país desarrollado.

Es la imagen de una sociedad que optó por privilegiar lo privado y abandonar lo público. Ese es el pacto social que tenemos; es lo que hemos elegido como sociedad, pese a todas las injusticias que conlleva y a la barrera que supone al desarrollo.

La República Dominicana ha convivido por generaciones con una carga tributaria en torno a 13 % o 14 % del PIB. La ciudadanía le da poco al Estado y se conforma con lo poco que este le puede dar a cambio.

A la caída de Trujillo, el país tenía una carga fiscal de 14 %; en los años setenta seguía teniendo 14 % y ahora tenemos 14 %. Quiere decir que el país ha optado por, de cada 8 pesos que genera la economía, tomar siete para las necesidades privadas y solo uno para lo público, con todo lo que ello implica para la cohesión social y el desarrollo humano.

A las élites no les preocupa la debilidad del Estado, pues ellos pueden procurarse privadamente los bienes públicos, incluida su seguridad. Y en virtud de que tal pacto fiscal es habitual en América Latina, la región es catalogada como la más desigual del mundo.

Lo que más sorprende es que la población, incluyendo las propias élites intelectuales y empresariales, reclaman al Estado que resuelva esos problemas como si todas las carencias se resolvieran con una simple orden.

La labor que está ejecutando el Ministerio Público, tan loable, para esclarecer y procurar castigo a los más odiosos casos de corrupción deberían tener el mérito adicional de devolver en los ciudadanos la confianza en el Estado y, con ello, la disposición a apoyarlo y financiarlo.

Ahora bien, la gente suele creer que, si ha habido tanta corrupción, entonces el Estado no necesitaba más recursos. Igual aplica con una mayor eficiencia. No es verdad. El desafío para una sociedad mejor no deriva de escoger entre más transparencia y racionalidad en vez de más recursos. Es además de.

La lucha contra la corrupción es un fin en sí misma, no un medio para eludir nuestras responsabilidades frente al prójimo. Es un medio para que podamos sentir la satisfacción y el orgullo de ser parte de una sociedad más pulcra.

Porque no es cierto que, con tan escasa porción para lo público, se van a resolver los problemas, llámese Balaguer o Leonel, Danilo o Abinader quien dirija el Estado. Puede hacer muchas promesas incumplibles y mucha publicidad diciendo que está cumpliendo o cumplió. ¡Puras pamplinas!

Invito a cualquier economista o ciudadano interesado a revisar las estadísticas mundiales, y si encuentra un país que tenga buena infraestructura, buen servicio de policía o justicia, de salud o educación, de seguridad social o agua, aportando una carga fiscal de solo el 14 % del PIB, entonces borro todo lo escrito.

Mucho se ha expuesto sobre la necesidad dominicana de un nuevo pacto social, un pacto fiscal. Ahora bien, como a nadie le gusta que le hablen de impuestos y al Gobierno tampoco, y mucho menos cuando ve que la sociedad está tan tranquila que acepta tan apaciblemente lo poco que el Estado le suministra, que la economía está creciendo con estabilidad, es común que se piense que es mejor dejar todo así y jugar al tiempo.

No comparto esa idea. No se puede vivir boyando sobre los problemas y mucho menos cuando nos estamos endeudando, con todos los riesgos que involucra. Un país no puede vivir eternamente sin hacer lo que debe o gastando lo que no tiene.