En ¿Ludwig Erhard o Nicolás Maduro?, un artículo de opinión en este medio de julio del 2021, me mostré optimista de que no se iba a seguir al socialista autor de la Ley de Precios Justos que sentenció las góndolas de supermercados venezolanos a ser estantes de librerías para analfabetos.

La pregunta era retórica porque es un hecho incontrovertible que de la insensatez de los controles de precios conocen el presidente y sus cercanos colaboradores o asesores, todos entrenados en economía de la que no se imparte en la Universidad Vladimir Ilich Lenin de Las Tunas, una de las cubanas que fundó Fidel Castro.

Pero había que plantearla así porque diputados y funcionarios díscolos estaban siendo noticias con una ofensiva contra tarifas de colegios privados y el precio de algunos productos básicos que atribuían a los mismos que se mencionan desde hace cuatro milenios: la intermediación que no aporta valor y el afán de lucro individual o la colusión de empresarios ponen sus beneficios particulares por encima del bien común.

Hay que reconocer que de alguna manera les llegó el mensaje “dejen de jo…”, porque de repente se conocieron más noticias de cantos a capela para traer la paz, como el caso de los mineros atrapados, o una febril actividad de porrista para mostrar que aquí se come más barato, con una canasta básica determinada por precios fuera de control oficial, que en países vecinos, el caso del abogado que se creyó el decreto en Proconsumidor era para hacer lucir a Maduro podrido en el control de precios.

Un resultado interesante de las elecciones lo encuentro en que no prendió acusar al gobierno por no aplicar controles administrativos a los precios. Los votantes hicieron tan poco caso a esas denuncias que el gobierno ni se molestó en montar contraofensiva mediática.

La oposición dejó una flotilla de ocho vehículos para que los inspectores de Proconsumidor salieran a defender al pueblo de los agiotistas, de los cuales, el nuevo incumbente comentó en un programa que seis estaban en el taller retenidos por falta de pago.

La estrategia del PLD cuando algunos precios alcanzaban niveles de molestia grande en la población fue siempre la misma, y la imitada en la nueva administración, de medidas puntuales para lograr un mayor abastecimiento, costos menores y atención directa en mercados populares o en sectores de menores ingresos.

Los votantes se han acostumbrado a ver aumento de importaciones, exoneraciones temporales de aranceles y aumentos operativos de INESPRE, el Ministerio de Agricultura o el Plan Social de la Presidencia.  Con las reformas del presidente Balaguer para resolver la crisis al inicio de la década de los noventa se firmó el acta de defunción de las políticas de control de precios que estaban a cargo de altos oficiales del ejército.

Ese salto cuántico en la sanidad mental sobre este tema se ha mantenido hasta la fecha, donde los precios socialistas están representados en un porcentaje pequeño de la canasta básica. Por eso hoy aquí no tenemos una tarjeta de racionamiento para la bodega del gobierno o la distribución de cajas de alimentos básicos como única garantía de que en el día algo aparezca para calmar el hambre, esa terrible situación de Cuba y Venezuela donde no hay empresarios y trabajadores privados produciendo los bienes y servicios que más demandan libremente consumidores con opciones.