El periódico digital Ethic se ha hecho eco del último mapa de la corrupción en América Latina, realizado por las organizaciones Americas Society/Council of the Americas y la firma Control Risks (El mapa de la corrupción en América Latina – Ethic : Ethic), cuyo análisis puntúa a los países latinoamericanos dentro de un ranking que mide sus capacidades para combatir la corrupción a partir de un conjunto de variables como son: la capacidad legal, la fortaleza institucional, entre otras variables.
El informe titulado: “Índice de capacidad para combatir la corrupción” señala que en muchos países latinoamericanos la lucha contra la corrupción se vio revertida por los efectos de la pandemia de COVID-19. Solo cuatro países de los quince analizados mejoraron su puntuación, entre ellos, República Dominicana.
La lista la vuelve a encabezar la República Oriental de Uruguay, un referente de fortaleza institucional y participación ciudadana en el continente.
Lo destacable de informes como este no es que muestren una especie de jerarquización ética de la región, sino que propician un debate partiendo de una serie de variables que permiten determinar potencialidades y debilidades de los países analizados en la lucha contra la corrupción.
Por ejemplo, podemos debatir en torno a la capacidad legal de un Estado, o su capacidad para crear y sostener organismos legales que combatan la corrupción. Sin estos instrumentos es muy difícil sostener una Administración pública regida por el ideal del buen gobierno.
Esto no significa, como piensa cierto sector de la sociedad dominicana llamado a liderar la batalla por el adecentamiento de la Administración pública, que la capacidad legal de un Estado sea suficiente por sí sola para adecentar una sociedad, o que la creación de marcos legales puede eliminar, por el efecto de la letra, siglos de prácticas antiéticas arraigadas.
Los marcos legales tienen muy poco impacto en una sociedad donde su ciudadanía no ha desarrollado niveles éticos para interiorizar hábitos que trasciendan el temor a la represalia legal o a la vigilancia policial.
Además, los marcos legales expresan el desarrollo de la sensibilidad ética de una época y no al revés. De ahí que las normativas pueden ser injustas o quedar anacrónicas en función del desarrollo social y cultural de la humanidad. Por ello, se requiere siempre un debate ético en el espacio público, ya sea tomando como excusas informes como el señalado, discutiendo los códigos de ética institucionales, así como cualquier discurso, texto o práctica que revitalice la discusión sobre los principios o fundamentos que guían nuestras acciones y que sirven de base para cimentar nuestras instituciones.