Con la gestión de Luis Abinader culmina un proceso de desdoblamiento del PRM, que ha devenido en la continuidad material del partido blanco que se fundara en Cuba en 1939. Ha mostrado el refajo que se ha entallado esa organización política desde hace ya más de una década. Una involución ideológica que se inició con la muerte de Peña Gómez a finales del siglo XX cuando el hoy PRM ostentaba otras siglas. En este camino de 24 años la socialdemocracia que servía de plataforma ideológica a la que entonces se asumía como organización del jacho prendío, sufrió una herida mortal en las primarias del 2007. El punto de inflexión se ubica en el momento en el cual Miguel Vargas salió electo con una mayoría aplastante. Milagros Ortiz Bosch, su contrincante, quien representaba la sobrevivencia del socialismo democrático, logró menos del 25% de los votos.
El consenso entre los seguidores que optaron por el ingeniero Vargas del otrora unificado perrede fue patético: tenía más dinero para hacer campaña. Fin de la historia.
13 años después y una división de por medio, un remake de ese mismo partido con algún cambio alfabético llega al poder guiado por el liderazgo del actual presidente. Bajo su mando se inaugura una gestión hasta ahora inédita en el último siglo en la República Dominicana: la oligarquía prescinde de intermediarios para controlar el Estado.
El propio presidente, con un patrimonio declarado que supera los 4 mil millones de pesos, se ha convertido en el mandatario más acaudalado que llega al poder en los 176 años de vida republicana. Su fortuna no es un elemento tangencial a su forma de gestionar la cosa pública. En sus dos años de gobierno su posición de clase ha sido la nota distintiva de su mandato, a pesar de su interés mercadológico buscando superar ese sesgo con aclaratorias públicas indicando que “gobierna para los pobres”.
En el siglo XIX, un brillante economista alemán propuso, con alta dosis de solvencia teórica la práctica de las clases dominantes de controlar el Estado para hacer de este su instrumento de sustento económico, así como para garantizar su reproducción ideológica y legitimación social. En ese tenor, en el caso dominicano uno de los legados de la invasión del 16 fue organizar todo el andamiaje estatal con el arsenal represivo, legislativo e ideológico del Estado al servicio de la creación de una clase burguesa en el país.
Este proceso de unificar la clase dominante con la clase gobernante (fenómeno que se logró de forma artificiosa durante la dictadura de Trujillo) se había visto truncado por los conflictos intersectoriales desde la decapitación de la tiranía. En estos dos primeros años de gobierno, el Sr. Abinader ha transparentado de forma cínica esa relación. Además de su persona, la vicepresidenta, los Ministerios de La Presidencia (el anterior y el actual), Vivienda, Finanzas, Agricultura y Turismo, entre los más connotados, son representantes directos de la oligarquía dominicana y/o el empresariado de más alto nivel en el país.
Parecería que el CONEP y sus compartes se encontraban incómodos con la degeneración morada que de forma aviesa utilizó el gobierno para constituir su propio cartel corporativo. Desde ministerios tales como Turismo y Hacienda, por ejemplo, se orquestaron redes mafiosas de acumulación acelerada que representaban una afrenta al liderazgo empresarial que, sin disimulos, coloca cuadros de entera confianza representativos de sus posiciones. Es asi como el actual Ministro de Turismo lo es el delfin de los Vicini, y en Hacienda lidera Jochy Vicente, ambos representante directo del gran empresariado quienes garantizan la gestión a favor de los grupos tradicionales truncando la brutal acumulación que desde esa privilegiada posición estaba generando el PLD.
En el ámbito regional la distancia de la oligarquía con el PLD se manifestó a niveles de bochorno. Se coló la anécdota que en un momento el otrora poderoso Grupo de Santiago, tuvo que recurrir a un comunicador de segunda categoría para poder llegar hasta Danilo Medina. No le valió al defenestrado Grupo de Santiago autopromover una cena a 500,000 pesos el plato en la campaña del 2016 y rogarle al presidente de turno que aceptara esa recaudación para lograr abrir canales efectivos con el Poder Ejecutivo.
El referido divorcio con el poderoso sector empresarial del Cibao, Abinader lo solucionó de una forma expedita con una vicepresidenta a domicilio: empresaria y de la PUCMM, un palé envidiable para zanjar cualquier desavenencia. Una representante que en más de una ocasión ha parecido primera ministra y quien ha pavimentado la comunicación entre el empresariado de Santiago y la presidencia.
En correspondencia con lo destacado en los párrafos anteriores, una de las aristas con la que requiere ser analizado este gobierno es como el resultado del interés de los dueños del país de rescatar el control de su feudo. Los muchachos del partido de Bosch le estaban resultando demasiado traviesos. Alcanzaron tal autonomía que hicieron proféticas las palabras de un líder empresarial: “ya no nos necesitan ni para financiar sus campañas”.
Con los nombramientos, el 20 de octubre de 2020, de Lisandro Macarrulla y Celso Marranzini, presidente y director ejecutivo del gabinete eléctrico, los sectores poderosos consolidan su control de un sector vital en la economía antes bajo la gestión de Radhamés Segura, Rubén Jiménez Bichara, y los hermanos Medina cebándose con las EDES.
Podemos darle un crédito parcial a la comunicadora Consuelo Despradel quien insiste que a Danilo lo sacó la oligarquía. Esa afirmación es un desborde de cinismo si con ella se quiere victimizar al danilismo y darle un carácter de “lucha de clases” al desplazamiento del PLD. Pero tiene el análisis tiene total validez si se entiende como un conflicto entre grupos privados, entre formas diferentes de apropiarse de lo público. Los expropiadores de abolengo versus los envilecidos burócratas. Los megaricos de linaje contra la nueva acumulación originaria camuflajeada bajo la legitimidad democrática.
El conflicto entre los oligarcas y otros se ha empezado a ventilar. Voces para nada proletarias como las de Ramón Alburquerque, Wendy Santos o José Luis Taveras, así lo expresan. Hoy resulta evidente que en República Dominicana la empresa es una de las instituciones que necesitan liberarse del estado patrimonialista. No podemos asumir como normal que cada partido desde el poder funcione como una incubadora de negociantes, que terminen el mandato con un ramillete de prósperas empresas aupadas al calor del rentismo público.
La lucha que observamos entre empresarios añejos y el cartel corporativo del peledé deja por igual al pueblo oliendo donde otro guisa. Queda pendiente la ocasión donde una gestión pública se establezca para encausar el Estado hacia formas de acumulación con distribución democrática. Una administración del gobierno cuyas ejecutorias no sean a expensas del genuino interés de crecimiento de algunos sectores empresariales.
En efecto, una de las tareas emancipadoras que nos toca empujar a los sectores progresistas es desatar el empresariado de un ambiente de negocios turbios en los cuales valen más las conexiones que la competividad. Los resortes de poder que la innovación. Las conexiones individuales o corporativas con el gobierno de turno antes que la capacidad de añadir valor a la economía. La buena política consiste, también, en generar un ambiente empresarial con sana competencia que quienes resulten privilegiados sean los grupos empresariales más eficientes y no aquellos con menos escrúpulos para sobornar ni utilizar la burocracia a su servicio.