No hay un único modelo universalmente aceptado para organizar los sistemas de pensiones. Los más conocidos son los llamados sistemas “de reparto” y los de “capitalización individual”. Ambos han mostrado fortalezas, pregonadas con entusiasmo por quienes los consideran solución absoluta, pero también limitaciones y debilidades, que no siempre son visibilizadas ni comprendidas por la población, lo que afecta su participación consciente.
Los Sistemas de Pensiones son políticas públicas de protección financiera que forman parte de los Sistemas de Protección Social de cada país. Persiguen asegurar a cada familia un nivel de ingreso mínimo, contrarrestando los riesgos sociales de empobrecimiento familiar asociados a la disminución permanente de las oportunidades y capacidades productivas por razones de edad, discapacidad y otros. En conjunto con las otras Políticas Públicas de Protección Social, no por si solos, persiguen garantizar una mínima calidad de vida digna para la ciudadanía.
Un problema relevante en nuestros países es la protección de ciudadanos en “informalidad”. Más de la mitad de nuestra población. Protegerlos es un desafío para cualquiera de los dos diseños.
Los llamados sistemas “de reparto” distribuyen los costos de la protección financiera ante los mencionados riesgos sociales, entre toda la sociedad, mediante cotizaciones y aportes fiscales. Algo así como “Todos a una, Fuenteovejuna” y de “Hoy por ti, mañana por mí”.
Hasta el presente, son el modelo predominante en la mayoría de los países, incluidos los de economía de mercado más fuertes. Se les considera “de reparto”, porque operan como una especie de caja de “entrada por salida”. También se les llama “de beneficio definido”, porque el monto de los beneficios está predefinido mediante leyes y reglamentos. O se llaman “solidarios”, porque se fundamentan en un “pacto de solidaridad” (explícito o implícito) intergeneracional. Los más jóvenes garantizan las pensiones de quienes tienen edad más avanzada o discapacidades, y así lo harán por ellos las generaciones jóvenes venideras.
Lo aportado por los afiliados y por otras fuentes públicas o privadas en tiempo presente, va a un fondo común, con el cual se financia las pensiones de quienes están percibiendo sus beneficios en el presente. La gestión puede ser asignada a entes públicos (centralizados o descentralizados), privados o mixtos, siempre que sean sin fines de lucro.
Entre sus principales fortalezas y ventajas, han sido destacadas: El monto de las pensiones no está determinado (solamente) por el nivel salarial (efecto redistributivo que puede ser más equitativo), y es previamente conocido (permite a cada familia programar sus acciones a mediano y largo plazo). Al no acumular, están menos afectado por vaivenes del mercado financiero. El riesgo es distribuido en el conjunto de la sociedad y es menor para cada familia. Fortalece la educación ciudadana para la solidaridad. Sus costos operativos y administrativos pueden ser menores, porque no se asigna beneficios de intermediación financiera. Al ser una responsabilidad social, su sostenibilidad es un compromiso entre la sociedad y el estado. Al ser una política pública prioritaria, deben asumir como horizonte la protección de la totalidad de la ciudadanía.
Entre las dificultades observadas:
Las tendencias demográficas predominantes son disminución de la fecundidad y de la mortalidad, y el incremento de la Esperanza de Vida de los adultos mayores. En consecuencia, tienden a reducirse (proporcionalmente) las cohortes de personas que ingresan a la edad productiva y a incrementarse las que alcanzan la edad de retiro y el tiempo de disfrute de las pensiones. La tasa de dependencia se va incrementando. Es decir, cada vez habrá una proporción menor de la población, cuyos aportes garanticen las pensiones de una proporción cada vez mayor que va alcanzando la edad de retiro y que por más tiempo disfrutaran de su pensión. Aunque se trata de procesos lentos que ocurren en decenios, esta “ventana demográfica de oportunidad” tiende a cerrarse y a hacer deficitarios los sistemas de pensiones “de reparto”. Nuestro país podría tener esta ventana por varios decenios, pero es un fenómeno debe ser considerado, porque presionará para incrementar el tiempo y el monto de las cotizaciones y para retrasar la edad de retiro. También para incrementar los aportes del estado y de las personas en edad productiva, sobre todo de los de mayor ingreso, lo cual no siempre es bien recibido.
Otras medidas aplicadas han sido propiciar incrementos en la fecundidad y/o favorecer la inmigración de personas en edades jóvenes. Ambas requieren una compleja Política de Población activa. Reducir la “informalidad” también podría tener un importante efecto favorable, pero podría requerir cambios en el modelo de desarrollo.
Un sistema efectivo de pensiones “de reparto” a mediano y largo plazo, requiere pactos sociales y consensos amplios; y un fuerte blindaje ante la corrupción y ambiciones particulares. Ajustes y actualizaciones que parecerían necesarias han detonado importantes protestas y conmociones sociales, en varios países. Se necesita amplios consensos sociales, más allá de las convergencias y divergencias ideológico políticas y de los intereses de corto plazo de cada sector social.