La independencia presupuestaria es una condición necesaria para que los organismos reguladores, especialmente los vinculados con la prestación de servicios públicos, puedan realizar las actividades propias de su ámbito de actuación teniendo como elemento esencial la contratación de recursos humanos calificados para los requerimientos legales, técnicos y financieros del sector o la industria que regulan.
Los organismos reguladores tienden a ser descentralizados, autónomos, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Además, tienen la capacidad para adquirir, ejercer derechos y contraer obligaciones, y están sujetos a normas de transparencia y rendición de cuentas respecto de los recursos que manejan y las decisiones regulatorias que dictaminan.
Respecto de la política salarial que deben tener estas instituciones, la experiencia internacional recomienda que los sueldos de los funcionarios que trabajan en organismos reguladores deben ser equitativos al de sus pares en el sector que regulan. La razón de esta recomendación es evitar lo que se conoce en la teoría económica como la captura regulatoria.
La captura regulatoria es un fallo del Estado en que las agencias regulatorias se vuelven subordinadas a las industrias o sectores que regulan. En estos casos, los organismos reguladores terminan promoviendo los objetivos de grupos de intereses especiales-generalmente motivados económicamente-en detrimento del interés público y la eficiencia de la industria.
En principio, la independencia presupuestaria conduciría al equilibrio salarial entre reguladores y sus pares en el sector regulado. De esta forma, se buscaría evitar o limitar la potencial captura regulatoria. Además, la autonomía o independencia presupuestaria vinculada con la generación de recursos propios garantizaría al regulador competir en el mercado de trabajo para atraer los profesionales mejor calificados y así mejorar la gestión regulatoria.
La decisión de dejar sin efecto el último ajuste tarifario implicará un aumento en el déficit del sector eléctrico que el gobierno tendrá que financiar.
Por tal razón, he visto con preocupación el retorno de una discusión bizantina que cada cierto tiempo vuelve a la palestra pública respecto del salario que deben devengar los miembros y directivos de organismos reguladores.
La resolución emitida por la Superintendencia de Electricidad (SIE) de dejar sin efecto el ajuste tarifario para el trimestre julio-septiembre y ordenar a las empresas distribuidoras acreditar a sus clientes el monto diferencial en la próxima factura, parece haber molestado a algunos sectores que, lejos de valorar el impacto de la decisión en el poder adquisitivo de los clientes, prefirieron traer al presente un tema salarial acaecido en septiembre del año anterior cuando la crisis de las materias primas aún no asomaba.
Con esta actitud, se buscaba desviar la atención de la decisión tarifaria y el costo que implicaría asumir esta medida para unas finanzas públicas comprometidas por los múltiples subsidios vigentes para enfrentar el vendaval inflacionario de origen externo que afecta el poder de compra de las familias dominicanas.
Días después, ante la lluvia de cometarios insensatos, la SIE decide dejar sin efecto el ajuste salarial de septiembre de 2021, exclusivamente para los miembros de su Consejo Directivo. No obstante, el acoso sobre la SIE se mantuvo con críticas altisonantes, desproporcionadas y, la mayoría de estas, carentes de sustento legal y/o regulatorio.
En materia de transparencia y rendición de cuentas, la SIE fue reconocida por la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), así como por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) por la eficiente planificación y gestión de sus procesos de compra. Obtuvo la recertificación de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) con la norma NORTIC A3 para datos abiertos.
La página web del órgano regulador del sector eléctrico permite ver, en tiempo real, los indicadores del total de energía generada comparada con la programada por el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado (SENI). De esta forma, se puede apreciar cuales plantas de generación realizan mayores aportes al sistema.
La conducta de la SIE en materia de fiscalización y supervisión de los procesos de licitación para nueva generación eléctrica se evidencia en la realizada con los 800 MW para plantas de ciclo combinado con base en gas natural; en el puerto de regasificación para nueva energía y potencia para el SENI; así como en la licitación No. 1 del contrato de largo plazo para la compra y venta de energía por parte de las distribuidoras de electricidad en Manzanillo.
Por otro lado, de los ciento cuarenta y seis (146) puntos contemplados en el Pacto Eléctrico, cincuenta y dos (52) de estos, son responsabilidad de la SIE para su realización y/o supervisión dentro del plazo establecido en el convenio firmado por los partidos políticos, así como por distintas instituciones sociales. Dentro los puntos que se han estado cumpliendo, destacan: a) la determinación de las tarifas de referencia del sector, b) un protocolo para garantizar la calidad y funcionamiento de los medidores eléctricos y c) una normativa que indica cómo se deben realizar las auditorías técnicas, según establece la Ley 125-01.
Las decisiones de los organismos regulatorios no son neutrales desde el punto de vista económico y financiero. Esto implica que sus decisiones determinan variaciones en los flujos de recursos entre los actores del sistema: gobierno, proveedores y usuarios del servicio. Dado el tamaño de la industria eléctrica, estas variaciones implican transferencias de cientos de millones de dólares al año.
Este es el meollo del tema regulatorio. Una errada decisión regulatoria podría comprometer los bolsillos de los usuarios y/o del gobierno con cientos de millones de dólares en el mediano y largo plazo afectando el interés general y la eficiencia de la industria. Frente a esta realidad, el nivel de sueldos que devengan los miembros y directivos de los organismos reguladores podría ser relevante para generar mayor independencia y equidad en las decisiones, así como para minimizar la probabilidad de captura regulatoria.
La decisión de dejar sin efecto el último ajuste tarifario implicará un aumento en el déficit del sector eléctrico que el gobierno tendrá que financiar. Este incremento en el déficit fiscal tendrá que ser financiado con nueva deuda, dado que no hay almuerzo gratis en economía. Esta vez, los clientes del SENI serán subsidiados, pero más adelante pagarán la factura nacional vía nuevos impuestos.
El organismo regulador del sector eléctrico tiene diversos desafíos vinculados no solo con el cumplimiento del Pacto Eléctrico, sino con la revisión y potencial renovación de concesiones en materia de generación actualmente vencidas. Se requiere que actúen en función del interés general y la eficiencia de la industria.
Quien crea que el futuro de la industria eléctrica estará en función de los sueldos que devengan los miembros de la SIE es un iluso. La fiebre no está en la sábana.