Una vez más he sido blanco de ataques por las posiciones que he asumido en materia de corrupción pública, y esta vez no se han detenido en mi persona, sino que han querido involucrar a mis compañeros en la firma de abogados en la que soy socio, así como a mis compañeros en Participación Ciudadana, por lo que he decidido escribir este artículo con mi posición sobre esos ataques, para dejar por escrito mi versión y el que quiera pueda conocerla.
1. Han dicho que mi firma de abogados ha negociado y firmado acuerdos entre el ministerio público y algunos imputados y relacionados con casos de corrupción. Esto es absolutamente falso. No existe un solo de estos acuerdos firmado por mi o por algún abogado de la firma donde trabajo. En un caso puntual colaboramos con el ministerio público entregando documentos de una empresa, que luego buscó otro abogado para que lo representara, lo que era su derecho, aunque me hubiese gustado llevar ese caso.
Debo señalar que la participación de un abogado en el proceso de firma de un acuerdo con el ministerio público no es un delito y ni siquiera una falta, pues es parte del ejercicio profesional. Sin embargo, reitero que no hemos participado en ninguno de esos acuerdos.
El acuerdo entre el ministerio público y el señor Ramón Emilio Jiménez Collie, figura firmado como abogado por Francisco Alvarez, y debo aclarar que ese Francisco Alvarez no soy yo.
2. Han dicho que he colocado a una socia de la firma donde trabajo como secretaria de la Procuraduría General de la República. Lilly Acevedo fue socia de Headrick, pero en un momento fue contactada por un equipo externo de la Procuraduría, que la evalúo para esa posición, y se le hizo una propuesta que ella aceptó, por lo cual renunció de Headrick. Por cierto, que ella solo informó de su salida cuando había aceptado la posición, y cuando terminó su relación con la Procuraduría volvió al sector privado, pero no a Headrick, sino a otra firma de abogados. Ella es una profesional capaz e íntegra y me apena que deba ver su nombre bajo insinuaciones falsas de haber llegado a esa posición en la Procuraduría con intenciones incorrectas.
3.Han dicho que suministramos compañías a través de las cuales se estafó al Estado dominicano. Hace años una de las líneas de servicios en Headrick era vender compañías preconstituidas (de carpeta). Para esos fines teníamos siempre en inventario compañías de esta naturaleza que vendíamos a quien no podía esperar el tiempo de constituir una. La mayor parte de los compradores eran abogados. Se trata de un servicio legal y legítimo, que no nos involucraba necesariamente en las operaciones que esas compañías realizarían bajo sus nuevos dueños. De todas formas, por una experiencia que tuvimos, donde el comprador de una de esas compañías realizó a través de ella operaciones de dudosa legalidad, decidimos, hace ya muchos años, descontinuar esa línea de servicios para proteger nuestra reputación.
Muchas de esas compañías siguen vigentes, aunque nosotros no somos los abogados de las operaciones que realizan.
4. Han utilizado el nombre de Leslie Paola Mckinney Piera, abogada asociada en Headrick, para querer vender la idea de que la posición de Nuria Piera en los casos de corrupción se debe a que su hija trabaja en nuestra firma. Nuria y Pablo pueden estar tranquilos, pues Leslie vale por sí misma y su permanencia en la firma se debe a su talento y nada más. En el caso de Nuria, sus posiciones sobre los temas de corrupción anteceden al nacimiento de Leslie y nada tienen que ver con Headrick.
5. En cada oportunidad que puede, un señor que no conozco ofrece declaraciones denunciando que yo engañé a Rafael Corporán de los Santos cuando éste vendió sus emisoras a un grupo privado. Fui el abogado del comprador, no de Corporán, y redacté un contrato con el precio pactado en pesos dominicanos, sin cláusula de protección por devaluación. Lamentablemente vino la crisis creada por el fraude del Baninter y la prima del dólar se disparó. Mi cliente no tenía la obligación legal de pagar más allá de la suma expresada en pesos, pero con la intervención de los asesores de Corporán se le compensó parcialmente. Mi lealtad estaba con mi cliente, a pesar de la simpatía que tenía por una persona admirable como fue Rafael Corporán.
6. Fuimos contratados por la DGII para manejar casos de evasión fiscal por miles de millones en el área de los alcoholes, durante la gestión de Magín Díaz. Cuando cambió la administración fui llamado por el nuevo director, Luis Valdez, quien me pidió que el contrato por tiempo indefinido (como son todos los contratos de litigios pues se sabe cuándo comienzan, pero no cuándo terminan) se cambiara por uno por seis meses, lo que acepté por coherencia pues el cliente es siempre el dueño de los casos y reconocía su derecho a manejarlo internamente o con otros abogados externos, por lo que entendía que se trataba de un periodo de transición.
A los seis meses terminó la relación, pero después una fundación solicitó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) la nulidad del contrato. La DGCP, dirigida por Carlos Pimentel, anuló el contrato. A pesar de que el contrato ya estaba terminado, decidimos por principios impugnar la nulidad ante el Tribunal Superior Administrativo, que, recientemente, revocó la decisión de nulidad. Respeto la independencia demostrada por Carlos Pimentel y estoy convencido de su integridad, y de que defiende lo que cree, aunque tengamos diferencias y ojalá existieran más funcionarios públicos como él.
A la DGII le cobramos por hora trabajada, debidamente justificada, con la descripción del trabajo realizado y los tiempos dedicados por cada uno de los 8 abogados y varios paralegales que intervinieron, y con un límite mensual, no por porcentajes de las sumas que pudieran recuperarse y no son ciertos los montos exagerados que divulgó un periodista que debió recibir una información verbal falsa, que prefirió no confirmar. Los resultados de nuestro trabajo reposan en manos del cliente.
En Headrick estamos organizados para el ejercicio de la profesión a través de una compañía, pero ningún abogado podrá invocar la limitación de responsabilidad que se deriva de una S.R.L., y por eso en el contrato con la DGII se consignó en su artículo 7.2 que “además de HRAF, SRL, cada uno de sus abogados son responsables personalmente en el cumplimiento de sus obligaciones éticas y legales”. Por cierto, HRAF, S.R.L. es uno de los 633 grandes contribuyentes registrados en la DGII, está listo ya para la facturación electrónica impulsada por la DGII, y tiene cinco estrellas amarillas en el sistema de scoring tributario de la DGII.
Todo lo que he narrado ha ocurrido en un corto espacio de tiempo, lo que me indica que no es por casualidad. Comienza justo después de mis declaraciones apoyando los acuerdos suscritos por el ministerio público con personas vinculadas a los casos de corrupción, que merecieron la primera plana del periódico Hoy.
Se equivocan los que piensan que pueden neutralizarme a través de una campaña basada en falsedades y especulaciones. Un amigo me dijo que yo debería agradecer a quien difunde esta campaña, pues me hace ver como una persona de enorme influencia en el sector justicia, lo que favorece mi posición como abogado, pero tuve que decirle que no soy lobista sino abogado y no necesito ese tipo de publicidad para sostener mi ejercicio profesional.
Tampoco voy a perder la calma por el ruido que se genera en las redes sociales, primero, porque en este país nos conocemos todos; segundo, porque ofende quien puede no quien quiere; tercero, porque no aspiro a ninguna función pública, electiva o no, y por tanto no tengo que salir a buscar votos o hacerme el simpático, y cuarto, porque mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, de la sociedad civil, y mis clientes, me conocen y siempre me han apoyado, y eso es suficiente para mí. No he perdido un solo amigo o cliente por mi labor como ciudadano activo.
No soy enemigo ni tengo nada personal contra las personas imputadas de corrupción, ni mucho menos contra sus abogados, mis colegas. De hecho, tengo un hermano y un sobrino, ambos abogados con mi mismo nombre y apellido, que trabajan en algunos de esos casos, a los que quiero y respeto, pero saben que no me involucro en ese tipo de casos, aunque no critico a mis colegas que sí lo hacen porque es perfectamente legítimo. Creo que en la mayoría de los casos se exagera con la prisión preventiva, que hay que proteger el debido proceso y la presunción de inocencia, pero también que los casos hay que decidirlos en cuanto al fondo para determinar la culpabilidad o inocencia, y aplicar el régimen de consecuencias penal a los que resulten responsables, pues es la única forma en que terminará la impunidad y se reducirá la corrupción.
Apoyo la gestión de Miriam Germán Brito porque su dilatada carrera, de la que he sido testigo por 45 años, me permite confiar en sus buenas intenciones y en su voluntad para avanzar en la dirección correcta. Por igual apoyo a los magistrados Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho, y a todo el equipo detrás de ellos, por la valentía con que se han enfrentado a sectores poderosos. Conozco los riesgos de un ejercicio independiente y por eso aprecio el esfuerzo que hacen.
Soy un defensor de la libertad de expresión y difusión del pensamiento y, como hijo de periodista, sobre todo de la libertad de prensa. Por eso, no he demandado, ni lo haré, a los comunicadores que reproducen lo que les llega sin realizar ningún esfuerzo de verificación. Son libres de reproducir lo que reciben y aportar sus opiniones, interesadas o no. Cada uno debe hacer su propio examen de conciencia. Estoy a favor de la despenalización de la difamación y la injuria, que deberían resolverse solo en indemnizaciones civiles.
A mis 66 años y 45 de práctica profesional, habiendo sido blanco de varias campañas en mi contra por los casos que he manejado a lo largo de mi carrera, que han llegado incluso a querellarse varias veces en mi contra tratando infructuosamente de detenerme, no tengo duda alguna de que seguiré por el mismo camino que he transitado, que me llevará a mi retiro de la profesión en algunos años, y a continuar con el ejercicio de la ciudadanía activa hasta la muerte.