En los últimos 8 años, en el país se han firmado 3 pactos educativos. El primero, en el 2014, fue el resultado del cumplimiento de lo establecido por la Ley 1-12, de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Se desarrolló en el CES, con la participación de decenas de organizaciones de todos los sectores. A través del Foro Socioeducativo se ha dado seguimiento al mismo, en un esfuerzo plagado de frustraciones. Al margen y sin siquiera mencionar este pacto ordenado por una ley, en el 2020 y 2021 se han firmado dos pactos adicionales.
Deberíamos sentirnos orgullosos de estas demostraciones de democracia, gobernabilidad y preocupación por la educación. Pero, desgraciadamente no hay mucho que celebrar. Como resultado de estos pactos, no se ha aumentado un solo punto a la calidad de la educación pública, los estudiantes han sacado muy poco beneficio y el Ministerio ha mostrado débil capacidad para cumplir con su parte, pero, sobre todo, para lograr que lo cumplido se revierta en el propósito fundamental, que no es otro que el aprendizaje de los alumnos.
El Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030) es un documento que recoge una amplia lista de compromisos y acciones, pero ninguna meta de calidad. Una característica que llama la atención es que ese pacto está lleno de puntos que son parte obligatoria de la cotidianidad de cualquier sistema educativo desde mediados del siglo XX.
Como muestra veamos algunos: cumplimiento del horario y el calendario educativo; garantizar la calidad; aplicación del currículo; nuevas estrategias de aprendizaje; evaluaciones sistemáticas y objetivas; Integración de las tecnologías de la información y la comunicación; bibliotecas y espacios para recursos del aprendizaje.
Otros aspectos relativos a los docentes contenidos en este pacto y que son parte de la cotidianidad son: formar directores capaces; actualizar programas de formación docente; prácticas de los docentes en formación; pruebas de ingreso obligatorias; becas para los que aprueben el ingreso; atraer bachilleres de alto rendimiento; profesores con grado mínimo de maestría para formar licenciados y de doctorados para el nivel de maestrías; Ingreso a la carrera de profesores de alta calidad por concurso; capacitación continua de los docentes.
Las reivindicaciones de los docentes en este pacto son completadas con los siguientes puntos: mejorar las pensiones y jubilaciones; remuneración digna (salarios e incentivos); inclusión en proyectos de viviendas; planes de recreación; sostenibles servicios de salud.
El único punto que beneficia claramente a los estudiantes es: universalizar la jornada extendida, lo cual incluye un almuerzo y dos meriendas, aspectos que se cumplieron parcialmente, antes de que la pandemia echara abajo este único logro de los estudiantes de las escuelas públicas.
En enero del 2020, el ministro Antonio Peña Mirabal y la ADP firmaron un “Pacto por la calidad de la educación”. Este acuerdo fue muy bien recibido por una sociedad entristecida por los resultados de las pruebas PISA y la frustración con los resultados de la reforma. Pero resulta que los puntos contenidos en el mismo están en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa 2014/2030, el cual ni siquiera es mencionado, a pesar de que tiene peso de ley.
El nuevo pacto del 2020 es un reconocimiento de que ambas partes han incumplido en aspectos totalmente elementales y legales, como garantizar el calendario escolar, por parte de la ADP y pagar a tiempo los compromisos, por parte del Ministerio. En medio de una campaña electoral, se precipita un acuerdo, claramente clientelar, en un acto monumental, con la firma de decenas de testigos, pero que sólo contiene 21 compromisos del Ministerio, en asuntos puramente administrativos y ordinarios, sin cuantificación de costos, ni garantía de presupuesto, ni prioridades, ni condiciones.
En la misma línea del pacto del 2014, en el pacto del 2020, el sector docente sale con importantes reivindicaciones, que incluyen aumentos salariales, aumentos a los pensionados y jubilados, más recurso para el SEMMA, más becas para especializaciones y maestrías, más recursos para capacitación, licencias pagadas, incentivos automáticos cada año, igualación del salario entre los docentes del nivel primario con los del secundario, incentivos por distancia, entre otros.
¿A qué se comprometió la ADP en ese pacto del 2020? Copio textualmente el compromiso: "La ADP está siendo promotora de un gran pacto social por una educación de calidad. En ese orden, junto al MINERD es compromisaria del cumplimiento en todo el territorio nacional, del calendario escolar aprobado por el Consejo Nacional de Educación."
En junio del 2021, el Presidente Abinader participó, junto al Ministro Roberto Fulcar, en la firma del tercer pacto con la ADP en los últimos 8 años. En éste se acordaron 8 puntos, que incluyen: mejoramiento de las condiciones de los maestros; agregar contenido a la tanda extendida (¿?); realizar un aumento salarial, a partir de agosto del 2021, a todos los maestros de primaria para igualarlos con los de secundaria; incrementos generalizados de salarios en el 2022; evaluación del desempeño docente en el 2022.
Al igual que los pactos anteriores, el del ministro Fulcar se compromete con más aportes al sector docente, pero a cambio, no hay nada de la otra parte que no sea la promesa, muy frágil y desacreditada por cierto, de cumplir con un horario y calendario, obligación que es inherente al contrato de trabajo.
En ninguno de los tres pactos, los estudiantes son mencionados, dejando la promesa de calidad educativa como un derivado supuestamente automático de la mejoría de las condiciones de trabajo y de vida de los docentes. No hay una meta de elevación de los estándares, ni mucho menos unas consecuencias que incentiven al cumplimiento, o una premiación en función de la excelencia docente.
El contenido de los pactos educativos nos lleva a concluir que el sector docente es el mejor maestro de la negociación que tiene el país. Sin siquiera comprometerse a alguna mejoría específica, ha obtenido enormes avances en sus reivindicaciones. El Estado, en especial sus ministros de educación, sólo obtiene cortos periodos de respiro y gobernabilidad, mientras los dos millones y medio de niños y jóvenes que asisten a las escuelas publicas siguen en a la cola de la educación a nivel mundial.