Me causó un fuerte impacto la reciente publicación de los resultados de la encuesta nacional de Derechos Humanos realizada por el Defensor del Pueblo. Los datos que resultan de esta investigación sacan a relucir que más de la mitad de la población dominicana (54.4%) no conoce ninguno de sus derechos fundamentales establecidos constitucionalmente.
A la luz de este desconocimiento deberíamos preguntarnos en qué hemos fallado en los años que siguieron a la caída de la dictadura y qué habría que hacer para que las grandes mayorías entiendan que tienen derechos.
La garantía de los derechos humanos asegura parámetros que permiten el desarrollo oportuno de la población, al igual que un aumento de su bienestar. De hecho, el tránsito por la vida es más difícil para las personas que desconocen estos principios.
Muchas de las situaciones de violencia, intolerancia y desacatos que vivimos en la actualidad se fomentan en esta ignorancia. No es casual que el nivel educativo sea un indicador de conocimiento de derechos. Según la encuesta, a mayor nivel educativo, mayor conocimiento acerca de los derechos humanos.
El solo hecho de no regirse por estas normas que son parte inherente de nuestra democracia y figuran en nuestra constitución, hace casi imposible la comprensión de los deberes que los acompañan.
Los derechos influyen mucho sobre cómo las personas interactúan entre sí en todos los niveles de la sociedad: en la familia, la comunidad, las escuelas, el trabajo y la política.
No estoy clara si esta encuesta toma en cuenta los grupos que hoy en día conocen los derechos, pero entienden que su aplicación en ciertos casos es una debilidad del Estado encargado de velar por ellos.
Quizás sus integrantes entran en el 44 % que considera que hay circunstancias que justifican la violación de los derechos humanos frente a un 48 % expresa que no.
Un 44.7% dijo estar entre de acuerdo y muy de acuerdo con que “los derechos humanos son un obstáculo para la lucha contra la delincuencia”.
Ideas parecidas y prácticas antidemocráticas pueden permear nuestra sociedad como la han permeado en los Estados Unidos y en Brasil. Ciertos grupos ya tratan de culpabilizar o perjudicar a grupos vulnerables, culturales o marginados.
Lo más grave es que si los adultos no conocen sus propios derechos, cómo entonces lograr que reconozcan los derechos de la niñez. Los mismos niños y niñas a quienes se les enseña sus derechos los entienden muy rápidamente, pero apuntan que muchos de ellos son teóricos y no se aplican en su casa ni en su vida.
Ejemplo de ello es el hecho de que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) afirma que el 67 % de los niños y niñas entre 2 y 14 años han experimentado alguna disciplina violenta, castigo físico o agresión psicológica en el hogar y que el 8% de las madres y cuidadores consideraron que el castigo físico era necesario en la crianza.
En consecuencia, hay más urgencia que nunca en trazar políticas, planes, programas de protección y promoción de los derechos para colmar este gran déficit en un momento que estas normas corren mucho peligro de ser vulneradas. Esta encuesta viene como anillo al dedo y señala el camino por recorrer.