Sucesor de Hart en su cátedra de la Universidad de Oxford, Ronald Dworkin es uno de los representantes de la filosofía jurídica anglosajona. Lejos de entrar en el contenido y en lo polémico de su obra Los derechos en serio, rescato solo de esta ahora el título y su crítica acérrima de las escuelas positivistas y utilitaristas. Efectivamente, basándose en la filosofía de Rawls y en los principios del liberalismo individualista, busca construir una teoría general del derecho que no excluya ni el razonamiento moral ni el razonamiento filosófico.
Contrario a Bentham, Dworkin considera que una teoría general del derecho no debe separar la ciencia descriptiva del derecho de la política jurídica y también, por oposición a Bentham, propone una teoría basada en los derechos individuales, lo cual significa que sin derechos individuales no existe «el Derecho».
¿A cuenta de qué viene Dworkin y su teoría? Porque pretende fundamentar la filosofía política liberal sobre unas bases más sólidas, progresistas e igualitarias, de donde deriva el impacto de su obra en el marco de la filosofía jurídica actual.
Como Estado social y democrático de derecho, la República Dominicana contempla en su Constitución una serie de principios del régimen económico que tienen por finalidad el mandato de realización de derechos fundamentales, individuales y colectivos, de índole social.
Está claro que sin productividad y desarrollo económico, el bienestar social es imposible (Tron Petit). A propósito de la visión dworkiniana, la pregunta frecuente de quienes hacen políticas públicas debe ser la de si el crecimiento económico que hemos experimentado sostenidamente, se ha traducido en nuestro país en el más efectivo desarrollo de la sociedad y en la concreción de determinados derechos individuales para la población.
Autores como Ferrer Mac-Gregor han considerado que “los principios rectores de la política social y económica son conceptos interdependientes, en tanto que los objetivos sociales que pretende alcanzar y hasta tutela la Constitución, se apoyan en un desarrollo económico que los haga posible y efectivos para concretar los requerimientos sociales de un Estado social y democrático de derecho cuyo objetivo final es el beneficio real y concreto de las personas”.
En nuestro país tenemos como guía de planificación e implementación la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, herramienta con la que se busca lograr la mejoría y el desarrollo social, económico, político y territorial de la nación.
Quizás sea oportuno preguntarle al capaz e íntegro ministro de economía, planificación y desarrollo si en la actualidad podemos visualizar el avance en la consecución de los objetivos y metas alcanzados, pues es innegable que la sola configuración del régimen económico en la Constitución y la promulgación de un marco normativo adecuado no es suficiente. Es necesario que midamos y veamos si ese régimen es una realidad viva y operante, para entonces hablar de batallas ganadas por la sociedad dominicana en el ámbito del desarrollo.
Esto plantea grandes retos para el Estado dominicano y para la sociedad, participando esta última activamente en el quehacer social, político y económico, para que la planificación se cumpla con todo el rigor necesario, a través de las funciones que le han sido conferidas a cada uno de los agentes que intervienen en esta transformación social y económica, para que los derechos de las personas de carne y hueso, individualmente considerados, sean protegidos, defendidos, fortalecidos y extendidos.
No hay ninguna duda de que el ofrecimiento continuo de oportunidades de empleo genera crecimiento económico. Pero, la mejor capacitación de la mano de obra es tarea necesaria, incluyendo la de los talentos que permitirán la mayor innovación en los sectores productivos. Las empresas deben abrazar una multitud de modelos de trabajo, y fuentes de talento (trabajadores a tiempo completo y parcial, contratistas, empleados virtuales, grupos de talentos nacionales e internacionales) para aprovechar una gama más amplia de habilidades. Es importante aprovechar las mejores prácticas productivas de otras latitudes. Pero también es imperioso revisar nuestro marco normativo para hacer los ajustes necesarios ante una realidad laboral diferente a la de 1992, cuando se aprobó el actual Código de Trabajo, hace ya más de 30 años.
El activo fundamental de los mercados emergentes lo es su gente, por lo que, además de las reformas, ya imperiosas, a la ley, el mercado laboral debe contar y el Estado asegurarse de eso con las habilidades adecuadas que la economía y la sociedad demandan. Si lo hacemos así, todos podrán acceder a más oportunidades de empleo y desarrollo provenientes del trabajo estable. Mientras que las empresas tendrán más crecimiento, impulsándose un desarrollo mucho más igualitario entre las diferentes clases sociales.
Traer las experiencias de mercados más maduros a países como el nuestro no implica una solución inmediata en muchos casos, pues hay que tomar en cuenta los aspectos culturales, socioeconómicos, regulatorios y de mercado. La implementación de un modelo de negocio o de políticas públicas exitosas en una sociedad en particular no garantiza el mismo nivel de resultados en su implementación. Debe ser estudiado y modificado, de ser necesario. Esto aplica tanto al sector privado como al público. Este país ha sido bendecido con un clima y recursos naturales envidiables, además de un sector de consumo que respalda los bienes y servicios que se ofrecen en la economía. Aunque, es preciso señalar, que tenemos un consumo basado en inversión, en su gran mayoría, no productiva para la persona ya que, según datos del Banco Central, el dominicano en promedio gasta aproximadamente más del 40% de sus ingresos en bebidas, comidas, y transporte.
Efectivamente, alcanzar los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo es una tarea de todos, pues el bienestar social se debe traducir en cada vez más empleos productivos, trabajo digno, acceso a recursos naturales, incremento de las garantías sociales y reparto equitativo de las riquezas, generando así que estemos más cerca como sociedad de la anhelada justicia social y, en consecuencia, que nos estamos tomando en serio los derechos de las personas con nombres y apellidos y a los ubicados aquí y acullá.