Desde la caída de la tiranía trujillista hasta nuestros días la sociedad dominicana le ha tocado recorrer una etapa democrática muy larga, accidentada y dolorosa, por la falta de una clase social con conciencia política y de comprender su rol histórico, capaz de reorganizar el Estado, sus fuerzas productivas y dirigir los destinos de la república por los senderos de un saludable crecimiento y permanente desarrollo económico y social.
Hasta ahora el proceso democrático ha sido dirigido por grupos conservadores que utilizan los partidos políticos para alternarse el poder. Todos tienen un denominador común: servirles al sector dominante que establece las reglas del juego y que, por cierto, su poder económico es producto de sus «negocios» con el Estado. Apadrinado por la presencia intervencionista de los Estados Unidos.
Una sociedad capitalista que no desarrolle sus fuerzas productivas y relaciones de producción, no podrá dar el salto dialéctico que le permita fortalecer una economía débil que descansa en una maltrecha industria de bienes y servicios. En los países atrasados y dependientes, el gobierno debe impulsar a la burguesía a invertir en las áreas productivas fundamentales para la industrialización; y no vivir en el campo de la estafa financiera y a expensas de sus “relaciones” con el Estado, autoridades de turno
El sector financiero y empresarial, moneda por excelencia del capitalismo, criollo actúan buscando, lo más fácil, sin coger mucha lucha, invertir sus recursos en actividades que no garantizan el despegue de la industria y la manufactura . Su norte se dirige a dirigido a transacciones con el Estado, importaciones, comercio, telecomunicaciones, etcétera.
Las fuentes de ingresos por excelencia del Estado, el gobierno lo administra, descansa en los impuestos directos e indirectos a los trabajadores y la población en general. No tiene un plan económico y financiero que estimule, de manera sana, la producción nacional, sin ceder su patrimonio, para crear empleo. Las recaudaciones fiscales tienen mayor solidez en la medida que se dinamice el proceso productivo.
La sociedad dominicana no genera suficientes divisas para cubrir sus necesidades básicas. Se recurre a los empréstitos nacionales e internacionales, para no tocar, ni con el pétalo de una rosa, los intereses del sector oligarca burgués; otras fuentes de, ingresos, obtener dólares y recursos en la banca local. Además, los países atrasados y dependiente son inducidos a endeudarse, por el imperio, para amarrar su presente y futuro.
El gobierno del presidente Luis Abinader y el PRM prometió un cambio y la forma de gobernar. Hasta ahora ha continuado el modelo peledeista, salvo lo relativo al Ministerio Público y «justicia independiente». Sí, una manera de gobernar al servicio de una clase social insaciable en compañía de una rancia oligarquía que no se ha cansado de ordeñar la vaca nacional.
El tren administrativo estatal se encuentra en manos del sector privado, nombrado por el poder Ejecutivo, apuntando sus armas en aquellos sectores productivos estatales que todavía no han sido despojados por los mismos de siempre. Ahora en posiciones oficiales privilegiadas.
Los bienes y servicios estatales, codicias anhelada por oligarcas y burgueses, han sido los objetivos a conseguir por los que siempre estafan, en todos los negocios, al Estado dominicano. Y en realidad lo han conseguido en complicidades con los gobiernos de turnos; como lo hace el actual presidente Abinader y el PRM con su política desventajosa de Fideicomiso, APP y otras modalidades para confundir, engañar a incautos.
¡Lo de ahora no tiene madre! Empresas estatales rentables que funcionan bien, se pretenden entregar al sector privado para que la administren, con todos los poderes, sin tener ningún riego; porque el Estado es responsable, garante, en caso de ocurrir contingencias inesperadas. Así si es bueno…
No me opongo, para que estemos claros, a la figura jurídica y financiera del fideicomiso. La del presidente Abinader y el PRM es un engaño, de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, no tiene perdón de Dios.
Es todo que lo quieren, sin invertir ni un chele y poner en peligro su patrimonio. Esta relación de Estado con un grupo privilegiado del sector privado debe de cambiar para acortar ese largo tránsito democrático. Y esto solo lo puede terminar un gobierno, sin inventos, progresista y de izquierda que dirija la administración pública con equidad y sentido patriótico, que impulse la producción nacional y proteja los bienes y servicios estatales.