El hecho ocurrido el pasado jueves entre una unidad de la Policía Nacional y la fiscal identificada como Carol Rodríguez de la fiscalía de la Romana, destaca una serie de cuestiones que van desde lo puramente social hasta lo estrictamente institucional. Entre los aspectos que sobresalen en medio del desafortunado acontecimiento, se impone la idea de la persistente necesidad de acelerar una reforma policial integral que incluya no solo el mejoramiento estructural de nuestra policía, sino la reeducación de sus miembros.
En los últimos tiempos la PN viene protagonizando una serie de sucesos bochornosos que ridiculizan el sagrado deber de los oficiales y que deshonran su honor. Lamentablemente, la labor conferida por las leyes se ha convertido en un poder abrumador que les permite a algunos agentes cometer excesos y arbitrariedades. De aquellos excesos y pujanzas, de las cuales cientos de personas han salido agredidas, hoy le tocó ser víctima a una fiscal. Una joven mujer que según se ha dicho y de lo cual tenemos constancia, venía desde la Romana hacia Higüey, donde se encuentra ubicada su residencia. Provenía de trabajar, de llevar a cabo una de las funciones judiciales más arriesgadas y sacrificadas, en un vehículo sin placa visible, pero bajo resguardo de la Procuraduría General de la Republica y con toda la documentación que acreditaba su calidad y el origen del vehículo.
Por ese hecho la magistrada fue detenida en un primer momento, se identificó y explicó la procedencia del vehículo, así como la razón legal que le asiste, luego los policías insistían en arrestarla, ella decidió ir al destacamento más cercano para conversar con algún oficial de turno, y aun en el destacamento la unidad grabó un video para simular una especie de persecución a fin de recrear una escena que proyectara algún tipo de inconducta por parte de la fiscal. Desde el destacamento, y luego de un intercambio de palabras altisonantes e irrespetuosas, los oficiales resolvieron someter a la fuerza a esa joven fiscal, arrestarla, arrebatarle la lleve de su vehículo y golpearla. Así las cosas, lo impensable acababa de ocurrir en RD.
Luego de reflexionar sobre aquel acontecimiento, no sorprende tanto el proceder de esa unidad de policía con la joven Carol Rodríguez, pues se trata de un comportamiento repetitivo que casi todos los días los fiscales, en las distintas fiscalías, tienen que sortear para proteger y garantizar el debido respeto a los derechos constitucionales de los ciudadanos, sino que el ultraje se dirija a una joven mujer, constituida en autoridad y sin haber cometido ninguna falta penal. Lo que sí nos sorprende en adición a lo dicho es la falta de ética que tienen algunos medios a la hora de transmitir las informaciones, que van desde la transmisión de informaciones desacertadas hasta la emisión de noticias estrambóticas que contribuyen a la desinformación de la población. Todo aquello también ha ocurrido en el caso de la joven Carol.
Naturalmente, no podemos apelar a la correcta comprensión del problema por parte de una población desinformada y desconocedora del derecho, puesto que la misma población ha padecido los desmanes de agentes policiales que excediéndose en sus atribuciones, vulneran los derechos provocando con ello que los fiscales tengan que terciar. A lo que sí debemos acudir es al buen juicio de la comunidad jurídica del país, que como era de esperarse, ha consensuado una opinión favorable a la magistrada basada en razones fundamentalmente legales. Por lo pronto el caso, en cuanto a resultados, ha quedado sobreseído; no ha habido una consecuencia disciplinaria ni penal con respecto a la conducta de los agentes actuantes, pero seguiremos a la expectativa esperando, con fe, que tanto la Procuraduría General de la Republica así como la Policía Nacional tomarán medidas ejemplares a fin de evitar que un suceso de ultraje y maltrato no quede sin consecuencias, ya que de pasar así se estaría incentivado la construcción, a mediano plazo, de un Estado Policial donde el desconocimiento pleno del derecho y la subrogación de toda razón legal serán el soporte de las acciones policiales.