Según se sabe, las lluvias caídas entre el 21 y el 24 de Noviembre recién pasado en el Gran Santo Domingo, el bajo Yuna, Azua y San José de Ocoa, interpelaron a todos los políticos que han estado al frente de la gestión pública en los últimos 57 años en nuestro país.
En tal sentido, cuando las autoridades dominicanas pronosticaron el posible paso del disturbio tropical que ocurrió en fecha referida en el párrafo anterior, debieron activar los sistemas de alertas tempranas y, al mismo tiempo, aplicar Régimen de Consecuencias a quienes no obtemperaron el llamado a refugiarse en los albergues dispuestos por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
Además, las autoridades debieron poner en marcha el “Plan Nacional de Gestión de Riesgos”, dadas las posibilidades de que el disturbio tropical en marcha podría eminentemente afectar la costa Sur de nuestro país, incluyendo el Gran Santo Domingo.
Según se sabe, el Plan Nacional de Gestión de Riesgos tiene objetivos, estrategias, acciones, programas y actividades, cuyo propósito es la coordinación interinstitucional para prevenir y a mitigar los daños provocados por un desastre natural. Asimismo, dicho plan tiene herramientas para la atención rápida de las emergencias, la rehabilitación de los sistemas hospitalarios, las redes eléctricas, la comunicación terrestre y aérea, los acueductos, la producción agroalimentaria.
Por su parte, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), es un instrumento interinstitucional, sinérgico, descentralizado, transversal y participativo que establece principios, lineamientos de política, componentes, procesos e instrumentos de gestión del riesgo de desastres, cuya actuación según nuestro punto de vista, resultó ser deficiente previo, durante y después de las lluvias que cayeron en el Gran Santo Domingo, el bajo Yuna, San José de Oca y Azua entre el 21 y el 24 de Noviembre.
Según se conoce, el SINAGERD integra los procesos de Estimación, Prevención, Reducción del Riesgo de Desastres, Preparación, Respuesta Rápida, Rehabilitación y Reconstrucción de los daños ocasionados por los desastres naturales que afecten a nuestro país.
De su lado, la Constitución de la República Dominicana, en su artículo No. 260 establece que, el Estado Dominicano debe organizar y sostener sistemas eficaces para prevenir y, mitigar, los daños ocasionados por desastres naturales y tecnológicos, cuya responsabilidad recae en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).
En tal sentido, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), está integrado por funcionarios designados como representantes oficiales permanentes, quienes son responsables de mantener la coordinación entre las instituciones del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SN-PMR).
Como se puede apreciar, el SN-PMR es responsable de “garantizar una respuesta oportuna a situaciones de emergencias y desastres”, así como proporcionar acciones organizadas, oportunas y eficientes de acuerdo a las necesidades que se presenten cuando ocurre un evento o desastre.
Además, el SN-PMR tiene la responsabilidad de garantizar las acciones tendentes a mitigar los efectos derivados de los eventos naturales, priorizando respuestas rápidas, según la naturaleza y magnitud de dichos fenómenos, incluyendo la puesta en marcha el Plan Operativo Institucional que elaboró el COE, período 2020-2024.
No obstante, los especialistas en higiene y salud mental sabemos que, los daños ocasionados por un fenómeno natural, requieren de atención de emergencias inmediatas, mientras se activen los planes de mitigación contemplados en el SN-PMR al que nos referimos en los dos párrafos anteriores.
Según se sabe, los planes con los que cuenta el COE y las instituciones que lo integran, hubiesen sido mucho más efectivos, si las autoridades hubiesen activado las alarmas preventivas, especialmente en el Gran Santo Domingo y el bajo Yuna, atendiendo a la proyección y magnitud del fenómeno natural que se pronosticaba venir.
Desde nuestro punto de vista, la construcción de viviendas precarias a las orillas de los ríos y cañadas, es una de las causas que provocan impactos irreversibles, cuando ocurren fenómenos naturales, cuadro este que conocen muy bien las autoridades públicas de nuestro país.
No obstante, las inundaciones que afectaron, entre otras, el Bajo Yuna, San José de Ocoa, Azua y al Gran Santo Domingo, es el resultado de la Deuda Social acumulada, responsabilidad de todos los gobiernos que han estado al frente de la gestión pública en nuestro país en los últimos 57 años.
La inversión de los 8,000 millones de pesos que se requieren para mitigar los daños que provocó el disturbio tropical recién pasado debería llamar la atención, no solo a las instituciones que integran el Centro de Operaciones (COE), sino a todos los partidos políticos y a los aspirantes a ser electos a un puesto público en las próximas elecciones municipales, congresionales y presidenciales a celebrarse el 18 de Febrero y el 19 de Mayo del próximo año.
“Prevenir, es la mejorar inversión cuando se trata de un desastre natural” (DTGM, 2023)