Más de 614 mil servidores públicos, millones de documentos físicos, 15 días laborables.
La reciente circular 018031 del Ministerio de Administración Pública ha desatado una tormenta silenciosa en el sector público dominicano. ¿La razón? Un requerimiento en apariencia simple, pero profundamente complejo: exigir a más de 600 mil servidores públicos la presentación de sus facturas de servicios básicos en un plazo de 15 días.
La transformación del Estado requiere visión y liderazgo, no más burocracia. Un enfoque moderno debería: aprovechar la tecnología, respetar los derechos y la dignidad del servidor público.
Es solo pensar en un joven servidor público con ingresos inferiores a los 10 mil pesos y que comparte vivienda con dos colegas, una maestra que reside en un condominio donde el agua es administrada de manera central y nunca tendrá una factura a su nombre ¿cuáles serían las opciones y sanciones? ¿cómo responderán ante una solicitud que parece ignorar la diversidad de realidades en nuestra sociedad?
La medida no solo representa un desafío logístico con los millones de documentos que deberán ser procesados, sino que plantea serias interrogantes sobre los límites del control estatal y el respeto a la privacidad personal.
Lo más llamativo de esta medida es que parece ignorar principios fundamentales establecidos en la Ley 107-13, que protege los derechos de las personas en sus relaciones con la administración, que en el artículo 4, numeral 7, precisa que los ciudadanos tienen el derecho a "no presentar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración Pública".
Y en plena era digital, cuando los países referentes en administración pública implementan sistemas integrados de información, el Poder Ejecutivo parece dar un paso atrás. ¿Por qué no implementar la interoperabilidad en lugar de solicitar que cada entidad utilice un personal de recursos humanos para tareas que pueden ser automatizadas?
Consideremos las implicaciones:
- Carga administrativa innecesaria, de unos 614 mil servidores públicos de acuerdo a la Tesorería de la Seguridad Social y los millones de documentos a procesar.
- Invasión a la privacidad, con la exposición de arreglos habitacionales personales y el cuestionamiento implícito a situaciones familiares, cuando existe una relación directa entre el proveedor de servicios y quien lo contrata.
- Retroceso tecnológico, con el desperdicio de recursos en procesos manuales y la contradicción de las tendencias de modernización.
Y existe un costo menos tangible, pero muy significativo: la erosión de la confianza entre el Estado y sus servidores. ¿Qué mensaje enviamos cuando tratamos a los servidores públicos con desconfianza inherente?
Cabe preguntarse ¿cuál es la justificación para esta medida? ¿qué normativa permite a una entidad pública solicitar facturas de servicios personales como requisito administrativo? ¿en qué momento el requerimiento de información adicional por parte de la administración pública se convierte en una intromisión en la vida privada de sus empleados?
¿Cuáles son los estudios que avalan que esta medida contribuirá a una administración pública más moderna y eficiente?
Un Estado moderno se construye mediante sistemas ágiles que valoren el tiempo y los derechos de todos sus empleados, evitando cuestionamientos innecesarios que puedan afectar su relación con el gobierno.
La administración pública está en una encrucijada: podemos continuar por el camino de la burocracia excesiva o apostar por una modernización real, basada en la tecnología, el respeto y la eficiencia. Esta circular es un síntoma de una visión que necesita actualizarse, ofreciendo garantías de respeto a la intimidad de los colaboradores públicos y el manejo correcto de las informaciones a las que el Estado tiene acceso.