La irrupción de las redes sociales en la cotidianidad nos expone a un contenido no siempre deseado. Asimismo, ofrece la oportunidad a muchas personas de expresar sus pensamientos. La libre difusión de las ideas es un derecho fundamental protegido por la Constitución dominicana y el marco jurídico internacional sobre derechos humanos. Sin embargo, desde hace algo más de 15 años con el advenimiento de los medios digitales y la consecuente democratización en las oportunidades para compartir ideas y pensamientos, resulta necesario elevar los niveles de conciencia sobre los límites a esta libertad, la cual no cobija ninguna referencia al odio por razón de pertenencia a un grupo étnico, color de piel, religión, opinión filosófica, género u orientación sexual.
A finales de la semana pasada se dio a conocer la noticia de que un joven dominicano había sido elegido por la Escuela de Derecho de la prestigiosa Universidad de Harvard para dar el discurso de graduación de los programas de postgrado. Se trata de Anderson Dirocié, un joven con una trayectoria de méritos y excelencia académica tal como se puede comprobar en una mirada rápida en los motores de búsqueda en línea. Sin embargo, consternan, avergüenzan y sorprenden los cuestionamientos a su nacionalidad con base en su apellido y color de piel a lo que se han dedicado incesantemente cuentas anónimas y otras públicas en Twitter, como es el caso de @HispanistaRD. Estos comentarios resultan vergonzosos. La nacionalidad no la determina un color de piel o un apellido sobre todo en un país como el nuestro dónde abunda una amplia diversidad de ascendencias.
En forma paralela las redes sociales reaccionaron esta semana a la separación familiar durante procesos de deportación. La Dirección General de Migración anunció el inicio de una investigación, luego de que circularan imágenes que ciertamente causan dolor y vergüenza. No obstante, hubo quienes alentaron con crueldad extrema estas prácticas que cuanto más merecen una investigación profunda, que determine responsabilidades y sanciones, así como garantías para que no vuelva a ocurrir. Estos debates son el pan nuestro de cada día en los medios digitales que han exacerbado la polarización social y han refrendado discursos contrarios a la dignidad humana repercutiendo en nuevos retos para asegurar la convivencia en las sociedades contemporáneas tal como denuncia el documental de Netflix “The Social Dilemma”.
¿Se encuentran los discursos contrarios a la dignidad humana protegidos por la libertad de expresión? Tanto desde el punto de vista ético como desde un enfoque jurídico la respuesta es inequívoca y rotundamente no. Hay muchas sentencias judiciales que respaldan esta afirmación que el lector puede buscar en internet o preguntárselo a alguna herramienta de Inteligencia Artificial; pero no me voy a detener ahí sino en lo verdaderamente importante: todas las personas merecen un trato justo, digno coherente con la condición humana independientemente de su condición migratoria. Por otro lado, la nacionalidad en sociedades plurales no es un vínculo étnico o antroponímico (ciencia que estudia el nombre de las personas). La República Dominicana es un resultado de la multiculturalidad, una realidad con la que hemos de convivir y lo cual es un signo de civilización.
Los límites jurídicos a la libertad de expresión buscan resguardar los derechos de los demás y de manera ulterior proteger la convivencia entre todos. Las redes sociales ponen de manifiesto patrones culturales que delatan una tradición de racismo y discriminación que ni los éxitos académicos son capaces de traspasar en muchos segmentos de la sociedad. Es hora de que las plataformas robustezcan sus controles y a la vez las autoridades supervisen aun sea de manera prudencial los abusos que se comenten a través de estas. No es tarea fácil determinar límites en discursos de odio, pero continuar la conversación al respecto a través de la investigación, el debate razonado y otras herramientas de las ciencias sociales eleva los niveles de autoconciencia en la ciudadanía, de los directivos de las plataformas y de las autoridades.