“La familia, la sociedad, la cultura, nos pone en un molde; cuando nos salimos del molde, empieza la curación y, no solo eso: hay que hacer algo que nunca haya hecho uno y mientras más difícil, mejor”-Alejandro Jodorowsky.
Las licitaciones o contrataciones públicas de bienes, obras, servicios y concesiones, reglamentadas por la defectuosa Ley núm. 340-06, generalmente pasan desapercibidas. Solo algunos periodistas serios dedicados a la investigación u otros que obedecen a intereses ocultos penetran en sus interioridades y ponen en conocimiento público sus irregularidades, manipulaciones y arreglos soterrados.
Estar detrás de ellas para poner en relieve el cumplimiento de las normas que apliquen, es una actividad loable que merece nuestro reconocimiento. Otra es la situación cuando un determinado órgano del Estado trata de cambiar de raíz situaciones anómalas encontradas en procesos de licitaciones multimillonarias o introduce elementos nuevos buscando garantizar que el juego de la competencia sea transparente y ajustado a la ley, además de asegurar los objetivos declarados del proceso.
En realidad, el fin primario de las contrataciones públicas de bienes, obras, servicios y concesiones no es poner en manos de determinados grupos empresariales mercados con escasos o nulos niveles de regulación con la finalidad de mantenerlos vivos con sus enormes deficiencias en materia de calidad, cumplimiento de estándares de buenas prácticas de manufactura e higiene, carencias gerenciales y organizacionales, mediciones confiables y equipamientos requeridos. No debe ser el caso del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) que gestiona compras de utilería escolar y alimentos crudos, preparados y líquidos por más de 25 mil millones anuales.
Inabie es un organismo descentralizado con un bien mayor entre manos: la alimentación, el aprovisionamiento de utilería escolar y servicios médicos a cientos de escolares en todo el territorio nacional. Debería entenderse que sus compras deben estar en perfecta sintonía con ese bien mayor. Por lo tanto, las empresas participantes, una vez socializados y enmendados razonablemente los pliegos de condiciones, deberían cumplirlos o retirarse de la contienda si se consideran incapaces de ponerse a tono con ellos.
Los pliegos de condiciones, que resumen requisitos, pautas, requerimientos de calidad, inocuidad, buenas prácticas, garantías y otros aspectos, en una institución como el Inabie, salvaguardan el bien mayor del que hablamos: el bienestar estudiantil. Ellos mal podrían adaptarse a las falencias y rezagos de las empresas, no importa su tamaño, sino que las empresas deben adaptarse a ellos introduciendo las mejoras y cambios demandados.
No es repartir raciones alimenticias tras bastidores a los mejores postores en muchas vertientes; es seleccionar a los mejores mediante procesos de adjudicaciones transparentes, con alta visibilidad mediática, priorizando todos aquellos elementos que aseguren una alimentación sana y adaptada a los requerimientos nutricionales de los escolares.
En esta institución las adjudicaciones 2020-21 y 2021-22 fueron un desastre, si bien a finales de noviembre el Ministerio de Educación, mediante informe escrito, las pontificó decretando que todo se hizo dentro del marco de la ley.
Asignaciones de raciones a empresas o personas físicas que no figuraban en el acta de adjudicación; suplantación del acta de adjudicación por notificaciones administrativas de adjudicación; asignación de raciones sin contratos; contratos con proveedores que no aparecen en el acta de adjudicación; oferentes activos sin contratos; ofertas económicas aceptadas con múltiples errores; proceso de peritaje manipulado e irreal; repartición de contratos en determinadas instancias gremiales que son parte interesada y no ejercer ningún tipo de control sobre las entregas en los centros de las raciones comprometidas, son hechos constatados que no pueden calificarse como correctos o “dentro del marco de la ley”.
Muchas de estas situaciones están todavía en vías de solución. Como ha dicho el presidente Abinader, a quien ha cumplido sus compromisos con el PAE debemos pagarle, pero pagarle bien. Y así se está haciendo bajo la gerencia del ing. Víctor Castro y su formidable equipo de técnicos y profesionales.
Muchos se resisten a las innovaciones. Por ejemplo, organizar 35 licitaciones a los fines de impactar el territorio nacional con los efectos multiplicadores de las compras y centralizar la participación por provincias y municipios, lo consideramos correcto y pertinente desde la perspectiva de los impactos territoriales (economías locales).
Haber evaluado como nunca se había hecho 2 mil 177 ofertas mediante un proceso de peritaje mejorado sustancialmente, inspeccionando el 100% de las cocinas participantes, puede considerarse un paso gigante hacia adelante. Introducir la lotificación (agrupar en lotes raciones disponibles de uno o varios centros educativos, considerando distancia entre ellos) resultó ser un elemento de alta racionalidad económica porque competir por menos de 500 raciones no es para nadie rentable.
La situación de más oferentes que lotes (1.6 por oferente o 2 mil 177 oferentes contra 1 mil 340 lotes) no pudo menos que solucionarse mediante la elección de los que obtuvieron los más altos puntajes en el proceso de peritaje, dejando muchos habilitados en espera en lotes ocupados. Así, se beneficiaran en los procesos licitados del PAE 2022-2023, 5 millones 216 centros escolares para un total, no estático, de 1.5 millones de beneficiarios.
En el mundo actual competir con ayuda de interferencias políticas o protestas originadas al final de cuentas en los propios incumplimientos, no es para nada aconsejable. Responsabilizar a quien compra de las propias falencias y deficiencias empresariales, es finalmente marginarse del juego porque expresa la irracionalidad de no acompañar los cambios del entorno.
En general, la competitividad real no se construye solamente en mercados cautivos estatales, sino enfrentando los desafíos con creatividad e ingenio en cualquier terreno.