El Banco Central, dentro del marco de las acciones de la política monetaria, que buscan incidir en los niveles de la tasa de inflación del país y a la vez dinamizar la economía, según sus propios argumentos, a partir de resoluciones de la Junta Monetaria, comenzó a liberar dentro de lo que ha denomina Facilidad de Liquidez Rápida (FLR).
Se trata de una suma de 85,000 mil millones de pesos, a la vez la liberación de encaje legal de 34,000 mil millones de pesos, para un monto total de 119,000 mil millones de pesos, puestos a disposición del sector bancario, para que a través de préstamos al público, circulen en la economía.
Debemos decir que el encaje legal es el porcentaje de cada depósito de los clientes ya sea de ahorro, corriente o de certificado financiero, que debe depositar las instituciones financieras en una cuenta en el Banco Central y que la misma sirve como una garantía mínima de los ahorros del público, pero a la vez como un instrumento ya sea para ampliar o reducir la cantidad de dinero en la economía.
Los recursos liberados por el Banco Central fueron entregados a los bancos a una tasa de 3% anual y para ser colocados como préstamos nuevos a los sectores productivos, hogares y mipymes (según reza la resolución de la Junta Monetaria) para ser facilitados a estos sectores a una tasa de interés no mayor del 9% anual.
Pero resulta, que como ha sucedido en otras ocasiones, una parte importante de esos recursos es colocado, donde le resulta más fácil y rentable a las instituciones se intermediación financiera dicha colocación: en el sector comercio y en esta ocasión de los recursos liberados por el Banco Central el 62% de ese dinero fue orientado a ese sector.
Entonces los sectores que más pueden producir dinamismo de la economía, la participación en ese financiamiento con intereses blandos fue menor, como el caso de la manufactura (industria) con 16%, construcción 15% y solo el 7% fue colocado para agricultura, hogares, salud, entre otros.
Una evidencia de la inequidad en la distribución de los préstamos otorgados por estos recursos liberados por el Banco Central, es que, según las informaciones de este organismo 1,194 préstamos a una tasa promedio ponderada de 8.7 % anual, que estamos hablando de 25 millones en promedio por beneficiario, lo que evidencia claramente, como las pequeñas y medianas empresas ha sido excluidas de estas facilidades de crédito, cuyos montos de financiamiento regularmente, están por debajo de ese monto.
La orientación equivocada de los recursos que buscan dinamizar la economía, cuyo empeño del gobierno es porque la tasa de crecimiento económico en el primer cuatrimestre del presente año 2023 cayó a 1.2% el PIB, con relación al mismo periodo del año 2022, que fue de más de 4% el PIB, por el contrario, lo que pueden provocar no se controle el nivel de inflación y la economía siga a la vez estancada.
Para que las medidas de corte monetario, basado en la liberación de recursos que posee el Banco Central, a través de las diversas opciones que posee, surtan efecto positivo en la economía, impactando particularmente en los niveles de inflación y el dinamismo económico traducido en crecimiento del PIB, es necesario, focalizar los fondos hacia donde se quiere obtener mayor dinamismo y evitar que las instituciones de intermediación financieras operen a su libre albedrío, colocando recursos donde pueden recuperar más rápido el dinero, y que a la vez le permite engrosar mayores niveles de rentabilidad, con lo que brindan un flaco servicio al país, en la medida que promueven la inequidad en la manera de distribuir el financiamiento en la sociedad.