La recién aprobada ley Sobre Garantía Integral de Libertad Sexual, por el parlamento español, mejor conocida como “Sí y solo sí”, abre una brecha jurídica a diferentes interpretaciones sobre la legitimidad del abuso sexual contra mujeres, no solo dentro la Comunidad Europea, también a nivel Mundial.
Esta normativa busca establecer el “consentimiento” en casos de que haya que estatuir si hubo agresión sexual o no, voluntad o uso de la fuerza. El consentimiento se define como la manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la cual un sujeto se vincula jurídicamente.
La pieza nació como consecuencia de la violación por 5 sujetos a una joven en la popular fiesta de San Fermín en el año 2016. Pero con tan pocos días de haberse hecho pública, la misma ya logra sentar el precedente de que las mujeres no necesitarían de una ordenanza legislativa para la protección de sus derechos, si los estados trabajaran en pro de la creación de sistemas de respeto a la igualdad del género.
Cada vez más somos testigos del atraso que persiste en las mal llamadas sociedades modernas, donde las mujeres continúan perdiendo aquellos derechos que son el resultado de reivindicaciones sociales que por años estas han defendido. Ahora una ley pretende interpretar el abuso dentro del marco jurídico, pero quienes lo interpretan son hombres y por tal motivo son quienes controlan el discurso.
Entendemos que el polémico texto legal, con tantos detractores como fanáticos, busca encontrar una solución a muchos años de rechazo, acoso y violencia sexual contra las mujeres
Uso de la fuerza, se define como la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada.
Entendemos que la disposición legal, está cargada de vicios jurídicos que esconde la voluntad de los hombres de dominar a las mujeres que de por si son víctimas de la brecha que cada día se ensancha por su género, religión, cultura, formación académica y su lamentable pobreza.
Es desacertado, pero la ordenanza no persigue solucionar una de las tantas situaciones que azotan a nivel mundial como lo es el abuso sexual. Y con el proyecto, los españoles intentan responder a la falta de voluntad que ha existido por siglos.
Ya que según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “parte de los problemas que aún persiguen a las mujeres siguen siendo ser víctimas de violencia por compañeros sentimentales, mutilación genital, trata de seres humanos y forzadas al matrimonio infantiles” etc.
Porque laboran en ambientes de trabajo con altas dosis de hostigamiento, son marginadas en todas las esferas sociales y vejadas como parte de la problemática. El tema es tan serio, que por ejemplo recientemente Japón introdujo el uso de las pastillas anticonceptivas pero la mujer debe obtener el consentimiento del marido.
En cinco países de América Latina el aborto sigue siendo completamente ilegal: República Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití. Al mismo tiempo, en Oriente Medio y el Sur de África los derechos de las mujeres permanecen estancados.
“El 60% de las víctimas de bullying son mujeres, provocando que 2 de cada 3 abandonen sus trabajos por este tipo de maltrato” según la empresa experta en desarrollo de tecnología para manejo de propiedades inmobiliarias, la página web de Grace Hill.
Entendemos que el polémico texto legal, con tantos detractores como fanáticos, busca encontrar una solución a muchos años de rechazo, acoso y violencia sexual contra las mujeres, es decir, enmendar legislativamente, olvidando que millones de mujeres solo piden se les reconozca todo por cuanto ellas han trabajado, implementándose dentro del principio de igualdad de género; mediante el respeto a las normativas existentes, para establecer el principio de estado de derecho.