Lisonja aparte, la superioridad intelectual de Leonel Fernández frente a sus adversarios no es la causa que le lleva a imponerse en el debate sobre el proyecto de Ley de Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes. Lo que le conduce a conectar con el público es el apego a la verdad respaldada por evidencias documentales que responden a un orden cronológico que convierte su relato en prueba fehaciente sobre su conducta frente al tema, desmantelando con ello los argumentos que brotan de mentiras para ocultar intereses espurios y las deficiencias de una administración que ha convertido en hábito los constantes acelerones y frenazos que revelan improvisación, falta de planificación y ausencia de proyectos de Estado integrales.
Fernández desde la coherencia de su visión de Estado puede recurrir a las acciones de cuando fue jefe de la administración pública para validar sus argumentos frente a lo que calificó como un adefesio jurídico que abre las puertas a la migración irregular protegida, que podría comprometer nuestra soberanía e integridad territorial y derivaría en la conversión de nuestro territorio en un campo de refugiados, financiado con los impuestos de los ciudadanos -según los artículos 33 y 34 del proyecto- que carecen de los servicios que tendrían los migrantes obligados a ser acogidos sin que el país pueda disponer de la devolución a sus países de origen o residencia; después que el Estado dominicano brinde la asistencia humanitaria propia de la solidaridad que se impone frente a cualquier tragedia humana.
Pero no basta con ser un cultivador de ideas para estar del lado de la razón, pues resulta que individuos con herramientas intelectuales, pero de admiración retorcida que embarra de retama el paladar de sus cerebros, se mezclan con aquellos que llevan a cuestas los intereses mencionados y con otros que buscan notoriedad, tomando como instrumento de práctica al líder del partido verde, porque, además, sus constantes ataques les colocan a la vista del capitán del Gobierno que define las tarifas. Es por ello que reproducen y publican con profusión una copia de la página 76 de la Resolución No. 492-06, del 22 de diciembre de 2006 firmado por Fernández -como continuidad al compromiso adquirido con la firma de la Convención de Palermo, el 13 de diciembre de 2003 durante la gestión de Hipólito Mejía- sin presentar el documento completo en el que no contempla que el Estado dominicano renuncie a su derecho de repatriar a los migrantes que estén en condiciones de irregularidad, contrario al proyecto de Ley sometido por esta administración que cede ese derecho soberano y condiciona la salida de los refugiados a la voluntad única y exclusiva de ellos de acuerdo al artículo 1, principio 16 del proyecto retirado por presión popular.
Mientras la resolución del 2006 en el artículo 6, acápite 3 establece que “el Estado considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a proveer la recuperación física, psicológica y social de las victimas de trata de personas” y en el artículo 8 establece el derecho a la repatriación; el proyecto del Gobierno no limita a “considerar” o condiciona a “la posibilidad” sino que es imperativo en cuanto a la imposibilidad de deportar a aquellos ciudadanos a menos que ellos mismos lo decidan.
Es evidente que estamos frente a un gobierno sin norte que, con el objetivo de ocultar sus carencias, manipula y recula para alegar que escucha el sentir popular.