Desde hace varios años se viene discutiendo en la República Dominicana la necesidad de ordenar y regular las ciudades, a partir de que el crecimiento económico trae consigo, tanto aumento del territorio que ocupan las familias y las empresas, así como un gran reto desde el punto de vista del medio ambiente.
Así vemos que empresas que antes se encontraban fuera y hasta distantes de segmentos urbanos, han sido rodeadas de edificios y viviendas particulares, que, como resultado de la emigración desde las zonas menos desarrolladas, desde el punto de vista industrial y de servicios, hacia las urbes que en cuestiones de décadas se ha multiplicado su actividad económica y social.
Si se compara por ejemplo el Gran Santo Domingo de principios de los años 1970, con la situación actual se puede observar un cambio radical, tanto desde el punto de vista del desarrollo urbanístico, industrial, comercial, transporte, entre otros.
Uno de los puntos que se destaca en Ley 1-12 de la estrategia nacional desarrollo es la necesidad de un reordenamiento territorial integral en el país y principalmente en las ciudades que son grandes urbes.
Es en la dirección de lo antes expuesto, que el Poder Ejecutivo promulga la “Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos” que crea el Sistema Nacional de Información Territorial. G. O. No. 11092 del 22 de diciembre de 2022 y cuyo objetivo principal se expresa en el Articulo 1 de dicha ley:
“Esta ley tiene por objeto establecer el marco regulatorio para el ordenamiento territorial, el uso del suelo, la formulación y ejecución de los planes de ordenamiento territorial en los distintos niveles político-administrativos, atendiendo a lineamientos de interés ambiental, cultural, económico, social, de gestión de riesgos y de desarrollo sostenible”.
Hasta ahora el esfuerzo desde el gobierno y específicamente desde el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, ha sido expresado en encuentros tanto eventos nacionales como en diversos municipios, para debatir el contenido de esta ley y las acciones que se deben producir para ir avanzando en la dirección del reordenamiento territorial.
El problema es complejo y requiere una gestión pública enfocada en este propósito que es de largo plazo, que desde el MEPYD se plantea de alcance al año 2050, que requiere de una voluntad política que aplicando los principios de esta Ley establezca, no solo que se debe hacer, sino también como y con quien. Pero cuando vemos el comportamiento del actual gobierno de Luis Abinader, que cuando se habla de gasto e inversión pública lo hace desde una visión cortoplacista, de forma predominante prefiere acudir al endeudamiento interno y externo en sus diversas modalidades y hasta el déficit en cuenta corriente de manera recurrente lo cubre con préstamos, teniendo la mágica llave del congreso a su favor.
Es en ese sentido que la ley de ordenamiento territorial requiere de una gestión de gobierno, que tenga una visión de largo plazo, que no es el caso del gobierno actual, que desde el punto de vista del accionar publico podríamos catalogarse de un gobierno de subsistencia, por lo que los problemas de largo plazo se le dejan al largo plazo.
Es por eso que de cara a las elecciones de mayo de este año 2024, se requiere de un cambio hacia una gestión de gobierno, que se oriente a resolver estos problemas, sobre todo de las grandes ciudades, que no esperan, tanto desde el punto de vista urbanístico, industrial, comercial, de transporte, medioambiental.
Es por eso necesario que, para enfrentar los problemas presentes de inflación, endeudamiento, baja producción y otros; así como impulsar el recordamiento de las ciudades que están convirtiendo en un caos, es necesario un cambio hacia un gobierno con visión de futuro y a la vez que dé paso firme en el presente para ir logrando resultados en el mediano y largo plazo. Ese será Leonel Fernández encabezando la alianza Rescate RD.