Una de las principales características de la actual administración del presidente Abinader ha sido la capacidad de tomar decisiones para anticiparse a situaciones de alta complejidad sanitaria, económica y social. Cabe recordar que este gobierno tomó el poder en medio de la crisis global generada por la pandemia.
Enfrentar la crisis no fue una tarea fácil dada la incertidumbre y los limitados instrumentos monetarios y fiscales disponibles. Las decisiones tomadas fueron acertadas y en el año 2021 se produjo un histórico crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que permitió una asombrosa recuperación de la producción y el empleo.
A inicios de este año, emerge un nuevo reto expresado en una economía global sobrecalentada que se ve agravada por la invasión de Rusia a Ucrania cuyas consecuencias, entre otras, son: aumento generalizado de precios, escasez de las principales materias primas, y problemas en la cadena logística global de suministros.
Ante este panorama, el gobierno dominicano decidió enfrentar este vendaval inflacionario de origen externo estableciendo una diversidad de subsidios a la producción y al consumo para morigerar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de las familias, especialmente en las más vulnerables.
En los subsidios a la producción están: a) Un 10% a la importación de maíz, trigo, soya, harina y grasas comestibles; b) Otorgamiento de RD$1,500 millones para la importación de urea, principal materia prima para los fertilizantes utilizados en la producción agrícola; c) Dos partidas que suman RD$700 millones para evitar el aumento de precio del pan y las pastas alimenticias; y d) Invariabilidad en el precio de los combustibles siempre y cuando el precio del barril de petróleo sea mayor a US$85 y menor a US$115.
Dentro de los subsidios al consumo se encuentran: a) Incremento en el monto y la cantidad de beneficiarios del Programa Supérate; b) Aumento en las raciones alimentarias de los Comedores Económicos; y c) Ampliación de los mercados populares del INESPRE y venta de combos alimenticios en supermercados.
Hasta el momento, los subsidios han sido una condición necesaria pero no suficiente para limitar la reducción del poder adquisitivo de las familias, así como el incremento en el costo de producción de las empresas, especialmente en las micro, pequeñas y medianas (MIPYMES).
La incertidumbre respecto de la disponibilidad de bienes de la canasta básica está en aumento debido a que Ucrania es uno de los mayores productores de materias primas de origen agrícola del mundo. Junto con Rusia, representan más de la tercera parte de la producción mundial de trigo, así como de otros rubros agrícolas incluyendo los fertilizantes.
Adicionalmente, Rusia es el tercer mayor productor de petróleo del mundo y las sanciones impuestas a sus exportaciones afectan los precios de la energía, componente esencial en la estructura productiva de bienes y servicios de todas las organizaciones, independientemente sean públicas o privadas.
Por tal razón, el Poder Ejecutivo envió el pasado 11 de marzo al Congreso Nacional un proyecto de Ley que dispone eliminar, de manera temporal, los aranceles a 67 partidas vinculadas con la industria alimentaria. Esto, con el fin de garantizar el suministro de bienes de la canasta básica, a precios relativamente estables, dada la volatilidad en la cotización de las materias primas en el mercado internacional.
Dentro de los bienes que conforman las partidas arancelarias liberadas están: a) harinas de maíz y trigo; b) pastas alimenticias; c) aceites de maíz, girasol y soya; d) leche en polvo; e) carne de res, cerdo y pollo; f) mantequillas y margarinas; g) ajo; y h) habichuelas, guandules, maíz, arvejas y habas, entre otras.
El tiempo promedio en el transporte marítimo se ha ralentizado y los costos de los contenedores están aumentando. Cabe recordar, que vivimos en una isla donde la llegada y salida de bienes del territorio requiere del apoyo de la cadena logística global de suministros que se ha visto afectada por el rebrote pandémico en China, la reducción de la disponibilidad portuaria por la guerra en Europa, y por las sanciones económicas impuestas a Rusia.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) anunció que los precios mundiales de los alimentos alcanzaron en marzo de este año "un nivel sin precedentes" derivado de la guerra en Ucrania que afecta seriamente al comercio de cereales y aceites vegetales. El índice general de alimentos, basado en los precios globales de los bienes de la canasta básica, aumentó en 12.6% en un solo mes influenciado por el alza en aceites vegetales, cereales, carne, azúcar y lácteos, batiendo un récord desde la creación de estas estadísticas en 1990[1].
El proyecto de ley de tasa cero es pertinente ya que persigue tres objetivos de importancia estratégica para la convivencia pacífica: 1) Anticipar el potencial desabastecimiento global de materias primas y bienes vinculados a la industria alimentaria; 2) Estabilizar los precios internos-vía importación y almacenamiento-eliminando los aranceles; y 3) Garantizar la seguridad alimentaria en el corto plazo.
Garantizar la seguridad alimentaria es una responsabilidad gubernamental de alta complejidad en momentos de incertidumbre como los actuales. Va más allá de la capacidad productiva local y las importaciones de bienes primarios de consumo masivo. Es la posibilidad de que los ciudadanos puedan disponer de una determinada variedad de productos de la canasta básica a precios asequibles.
En sentido estricto, garantizar la seguridad alimentaria en medio de la incertidumbre global respecto de la producción y disponibilidad de bienes de la canasta básica es evitar que la gente pase hambre, especialmente la más pobre. Así de claro y contundente.
El aparato productivo nacional podrá también beneficiarse, de forma indirecta, importando materias primas sin arancel y recibiendo los subsidios a la producción establecidos por el gobierno que ayudan a morigerar el aumento de costos en sus estructuras productivas.
Llevar la discusión del proyecto de Ley de tasa cero a un espacio plural y de concertación como el Congreso Nacional, escuchando e incorporando sugerencias de los sectores productivos, muestra la intención gubernamental de respetar el Estado de derecho, el clima de inversión y la seguridad jurídica.
No obstante, esta medida es urgente dado el panorama alimentario descrito por la FAO. Este proyecto de Ley debe ser aprobado lo antes posible para garantizar la paz y la convivencia pacífica que galvanizan la cohesión social, pilar fundamental que sostiene nuestra democracia.
Las crisis alimentarias generan caos e ingobernabilidad. Garantizar la seguridad alimentaria es la mejor forma de preservar la democracia. No jueguen con eso.
[1] https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/