En las últimas dos semanas, hemos sido testigos de cuestionamientos a la aprobación, promulgación y aplicación de la Ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo.
Según se conoce, los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, Francia, Inglaterra, Japón, Alemania, Italia, entre otros países desarrollados, tienen Sistemas de Inteligencia robustos, como soporte a la gestión gubernamental democrática, transparente y eficiente.
En el caso de nuestro país, la Ley 1-24 no sólo es pertinente y necesaria, sino estratégica, vistos los vínculos económicos y comerciales que tiene la RD con el exterior, el flujo migratorio que ha experimentado la República Dominicana en los últimos 50 años, el auge y la sofisticación del crimen organizado que está ocurriendo a nivel global.
En tal sentido, los opositores a la Ley 1-24 alegan que, con la aplicación de la misma, se estaría violando los artículos números 9, 11, 13, 16, 22, 24 y 26 de la Constitución de la República Dominicana, sin presentar propuestas de enmiendas para fortalecer esta oportuna e innovadora Ley.
Oponerse rabiosamente a la puesta en marcha de la Ley 1-24, sin proponer los ajustes que habría que incorporar a la misma, nos hace pensar que, la mayoría de los que se oponen a la aplicación de esta, podrían estar preocupados por los orígenes y la ilegitimidad de sus respectivas fortunas y sus dobles caras.
Como se sabe, los opositores a la aplicación de la Ley 1-24 son connotados dirigentes políticos y gremiales que, en sus respectivas gestiones, han sido cuestionados por la sociedad dominicana, sobre el uso de los recursos públicos que éstos/as han manejados cuando estuvieron ocupando funciones públicas o gremiales, sin que se les sancionara social y judicialmente o se les aplicara régimen de consecuencias.
Argumentar que dicha Ley vulnera los derechos fundamentales establecidos en los artículos 4,7, 8, 44, 49, 50, 51, 69, 74, 138 y 169 de nuestra Constitución, es irracional e injusto, si se observan sin apasionamientos, los desafíos a los que está expuesto nuestro país, en el contexto geopolítico regional y global actual.
Como se sabe, la crisis política y social por la que atraviesa Haití, exige que nuestro país disponga de un Sistema de Predicción, Prevención e Investigación criminal moderno y robusto, para preservar nuestro territorio y, al mismo tiempo, hacer frente a cualquier evento criminal que podría alterar la paz social y, poner en peligro, nuestra democracia.
El tal sentido, el mejor referente para justificar la aplicación de la Ley 1-24 es, el rol que ha venido desempeñando el Servicio Secreto de los USA, después del atentado terrorista del 9 de Septiembre del año 2001. Según se conoce, “el Servicio Secreto de los USA ha detectados miles de micros intentos terroristas después de modernizar sus estructuras de inteligencia predictivas, preventivas y operativas” (Informes Departamento de Estado de los USA, 2002-2020).
De su lado, los funcionarios del Estado Dominicano deben escuchar las propuestas de los sectores que se oponen a la aplicación de la Ley 1-24 y, determinar con criterios técnicos, cuáles aspectos deben ser incorporados al Reglamento de Aplicación de la referida Ley, en procura de predecir, prevenir y perseguir el crimen organizado y la corrupción público-privada.
Por otra parte, “los hallazgos que obtuvimos al revisar las síntesis de las discusiones, la promulgación y la aplicación de las leyes similares a la Ley 1-24 en ocho países de América Latina y el Caribe, exceptuando a la República Dominicana y a Haití, todos disponen de Direcciones y Departamentos de Investigación Criminal robustos que están operando transparente y eficientemente” (Informes de la CEPAL-ONU-1949-1981).
Desde mi punto de vista, los dominicanos comprometidos con la construcción de un país más justo, transparente y solidario, debemos apoyar sin reserva la aplicación de la Ley 1-24 y, al mismo tiempo, exigirle al presidente Luis Abinader que nombre al frente de la Dirección General de Investigación un profesional que sea capaz de conformar una estructura operativa de Investigación funcional, sin `politizar sus cuadros investigativos.
Por su parte, la Dirección General de Investigación, deberá realizar un trabajo profesional y ético a la altura de las exigencias de una sociedad globalizada y altamente competitiva, con miras a ganarse el respeto de sus detractores, no obstante reconociendo nosotros que, la mayoría de éstos/as se sienten temerosos con la aplicación de Ley 1-24.
Según nos consta, la investigación criminal es una responsabilidad de los Estados y sus respectivos Gobiernos, la cual no debería ser cuestionada, politizada y satanizada, como está ocurriendo con la Ley 1-24 en una coyuntura electoral visceral, por el control de nuestros Ayuntamientos (18-2-2024) y por el Poder Ejecutivo (19-5-2024).
En tal sentido, los dominicanos debemos estar atentos al trabajo que hará la Dirección General de Investigación y apoyar su gestión profesional y transparente y, al mismo tiempo, denunciar las prácticas investigativas que violen nuestros derechos constitucionales. De ser así, nuestro país habrá dado un paso significativo en materia de investigación criminal.
“La información es la parte vital de toda investigación criminal, y si esa información está contaminada, entonces todo el cuerpo investigador resulta envenenando” (Philip Kerr).