Estos cuatro Jinetes del Apocalipsis han cabalgado por las últimas décadas conduciendo la etapa democrática del capitalismo. Anteriormente, la dictadura de Trujillo protagonizó una época caracterizada de sangre, sudor y lágrimas, como se imponen las inclemencias del capital. Con el profesor Juan Bosch se comenzaron a dar los primeros pininos de la democracia, pero el intento verdaderamente democrático fue obstaculizado al derrocar un gobierno sietemesino y sustentado en la Constitución del 1963.
En países pobres y dependientes, la etapa democrática juega un extraordinario papel para el despegue en la producción de bienes y servicios de la nación. Históricamente, han sido conducidos por regímenes dictatoriales o en una débil democracia capitalista. América Latina y el Caribe han experimentado con ambas conducencias y el barco no ha naufragado.
La democracia contraria a la dictadura garantiza pleno ejercicio de las libertades públicas y respeto a los derechos humanos. La sociedad respira un aire fresco, sin cortapisas de la opresión autoritaria del gobernante, de clase social y de grupo en el poder. En el capitalismo, la democracia les “da vida y salud”. La fuerza brutal e irracional, impuesta, construye un país acorralado por el miedo.
En la región hemos transitado periodos difíciles de intolerancia y transigencia. En lo que corresponde a nosotros, los albores de una nueva época se inician en la Era de Trujillo y el gobierno de Juan Bosch. Simbolizan la entrada con bríos a la etapa democrática, sin olvidar los pasos iniciales ejecutados por los gobiernos de Ulises Heureaux, Buenaventura Báez y Horacio Vázquez.
Estos cuatro personajes históricos de nuestro país han dejado sus huellas privatizadoras en la conducción del Estado. La lucha de clases y el desarrollo de las relaciones de producción edifican un capitalismo muy característico de la región latinoamericana y caribeña. Anómalos por su origen, cuando su mayor fuente de riqueza y creación de capital son la expropiación y robo descarados y muy bien disimulados de los bienes y servicios estatales.
Es innegable que han contribuido en la creación de una superestructura física del Estado en el país, garantizando la funcionalidad y comunicación de las instituciones públicas y privadas y de todos los ciudadanos. Es una práctica muy frecuente que los políticos en el poder hagan su “agosto” con los concursos fraudulentos y las sobre-valuaciones de las obras del Gobierno. Ahora, con la Alianza Pública-Privada, el empresariado ligado al Palacio aprovecha su turno al bate para incursionar en las actividades comerciales, financieras y en todo donde puede obtener beneficios sin riesgos.
¿Dónde están las diferencias entre los gobernantes citados en sus pasos por el poder? El limitado y desigual desarrollo y crecimiento del sistema capitalista contribuyen a que la clase social gobernante brille por su ausencia, imponiéndose un grupo económico, político, militar, empresarial y religioso que les dan sustento a la fuerza del Estado y facilitando el ascenso al gobierno de los partidos políticos que garanticen sus intereses de clase burguesa y oligárquica.
Los sectores económicos y financieros que desde hace cincuenta años respaldan y se benefician de las sinvergüencerías contra los trabajadores y el Estado, son los mismos que ahora forman partes del gobierno de Abinader y participan de manera privilegiada en la Alianza Público-Privada y en todo lo que signifique ganancias para el sector privado.
Leonel Fernández Reyna y Danilo Medina Sánchez, ambos con vastas experiencias de Estado en la conducción de la administración pública, son señalados como las máximas insignias de la corrupción administrativa estatal y de la instalación de mecanismos corruptos y de impunidad. Para que no se le toque ni con el pétalo de una rosa. Hipólito Mejía Domínguez no pudo destruir el país y hubo que quitárselo, perdiendo su único intento de reelección presidencial.
Luis Abinader Corona, actual presidente Constitucional, es el encargado de representar a su clase social, en alianza con sectores oligárquicos, para terminar con despojar, arruinar el aparato productivo de la nación, todo lo público del Estado y declarar a la República Dominicana: ¡El paraíso del sector privado insaciable y rapaz!
Y, en consecuencia, coronado como “El Zar Privatizador de lo Público”.