Con los apresamientos que se han llevado a cabo por el Ministerio Público a inicios de la semana pasada, vuelve a surgir el debate entre distintos grupos de si realmente contamos con una justicia independiente o si simplemente estamos frente a actos de persecución y espectáculo mediático de parte de la justicia dominicana. Considero que debemos profundizar en esta problemática para tratar de ganar claridad sobre el ejercicio de la justicia en vez de mantenernos sumergidos en los mismos debates permanentemente. Para dicho análisis retomo dos conceptos importantes a partir del texto de Pedro Martin Bimos, titulado Problemas al enfrentar la corrupción sistémica: corrupción sistémica y el anglicismo lawfare.
En nuestro país, combatir la corrupción es antisistémico. La corrupción se ha integrado a la realidad dominicana como algo normal en todos los niveles del Estado. Para llegar objetivamente a esa conclusión bastaría con hacer un recorrido histórico de los actos de corrupción que han tenido lugar tanto en el poder ejecutivo, como en el poder legislativo y judicial. La corrupción ha sido la gran ganadora en cuanto a expansión y permanencia en todos los niveles dentro de las instituciones del Estado. Sin embargo, otra característica esencial de la corrupción sistémica es la impunidad. La corrupción siempre busca que sus actos sean invisibilizados y que los riesgos sean mínimos. Para lograr dicho objetivo, los actores de la corrupción hacen alianzas, forman redes y recurren a todo tipo de dispositivos que les permitan salir victoriosos de sus empresas. Aquí entra en juego el lawfare, como dispositivo discursivo e ideológico para desacreditar todas las iniciativas judiciales que puedan tener lugar para combatir la corrupción.
El lawfare se podría traducir como persecución política y es una ideología que se ha venido utilizando como arma para tronchar toda iniciativa de transparencia y anticorrupción que pudiera tener lugar en las instituciones públicas. Pero ¿qué explica que el lawfare tenga tantos seguidores a pesar de la evidente trampa que supone en nuestro contexto? La corrupción ha hecho bien su tarea restando credibilidad a las instituciones. Al penetrar en las instituciones del Estado termina sembrando la duda, el desánimo y la desconfianza en la ciudadanía. La sociedad deja de confiar en que las instituciones lograrán su cometido o que lo harán democráticamente. El lawfare viene a exacerbar esas dudas y miedos que la misma corrupción previamente ha sembrado. Por lo que, para lograr salir de esta dicotomía, como sociedad debemos evitar las generalizaciones y empaparnos de los procesos. Es necesario ir a la cosa en sí, entiéndase la ley y sus actores en sus respectivos contextos, en vez de decir: ¨En tal época se hizo aquello, por lo tanto, en el 2023 se hace lo mismo¨.
Reconociendo que la corrupción ha logrado debilitar las instituciones que fueron creadas para prevenirla y combatirla, debemos hilar fino. La afirmación de persecución política que muchos hacen sobre el ejercicio actual del Ministerio Público en manos de la PEPCA debe discernirse, en vez de asumirse como verdad absoluta. En todas partes hay intereses y recordemos que combatir la corrupción en nuestro país se ha constituido en un acto antisistema. Lo normal ha sido la corrupción y la impunidad. Cambiar eso desde las instituciones del Estado supone deconstruir una cultura de la mediocridad política que siempre ha estado allí presente para resistir y reproducirse. Lo ideal es que como sociedad logremos minimizar esos ruidos y nos enfoquemos en avanzar como Estado de Derecho.