En dos oportunidades la República Dominicana ha sido escenario de invasiones militares por parte de los Estados Unidos de América.
Existe una especie de consenso por parte de numerosos analistas sobre la causalidad de las intervenciones militares en el país. Las dos razones más citadas han sido: La visión geopolítica prevalente en los Estados Unidos y el caudillismo local en ese momento.
En el caso de la invasión de 1916, la Doctrina de Monroe y la necesidad sentida por el gobierno estadounidense de repeler la influencia europea en la zona son partes elementales de ese argumento1. Es decir, se les suscribe a los mandatarios estadounidenses la responsabilidad exclusiva en la toma de decisión de intervenir y, más tarde, invadir, basados en las circunstancias históricas del momento2 3.
Planteamos que, en el estudio del comportamiento de las élites económicas dominicanas, su estrecha relación con los gobiernos locales a partir de la independencia del país, y el establecimiento de vínculos de intereses comerciales comunes con los de los Estados Unidos, se encuentra una respuesta más significativa e inesperada al por qué de la intervención.
Por varios siglos las élites en el país se inclinaron a sustentar la visión de una existencia bajo el protectorado de una potencia extranjera o en el contexto de una anexión. A las valoraciones geopolíticas relacionadas con la defensa territorial se sumaba la ambición de las élites de adherirse a sistemas económicos que garantizaran su propio crecimiento y existencia.
En ocasiones la potencia a quien se solicitó la adhesión fue España, como lo hizo Pedro Santana, quien asumió la presidencia en 1844 tras su traición al proceso independentista. En otras se buscó la anexión a los Estados Unidos, como sucedió durante la presidencia de Buenaventura Báez (1868-1874) y de Ulises Heureaux.
Desde el punto de vista comercial norteamericano, hasta mediados del siglo XIX, nuestro país era poco atractivo para sus intereses financieros. Hacia 1850 Cuba y Puerto Rico constituían un mercado importante para los Estados Unidos. Las importaciones conjuntas de esos dos países se valoraban en unos US$34 millones. En comparación, las importaciones dominicanas, las cuales en 1850 apenas ascendían a 560 mil dólares, lucían insignificantes4.
Una especie de relación diplomática se inició entre los Estados Unidos y la República Dominicana 41 años más tarde, en el año 1891 a través del llamado “Tratado de Reciprocidad” 5¿Qué cambió? ¿Qué despertó el interés por la República Dominicana en los círculos de poder norteamericanos, para que estos se decidieran por una invasión 25 años más tarde?
Como veremos más adelante, el apetito de los círculos financieros norteamericanos por la República Dominicana empieza a despertar y acrecentarse en la medida en que los mandatarios dominicanos empezaron a hacer uso de las arcas del gobierno para solventar los gastos de un sistema inoperante y las élites locales aumentaban las exportaciones de productos de consumo y capitales hacia ese país.
Comportamiento de la clase política en torno a los préstamos
Desde 1844 había empezado a circular el papel moneda nacional con la finalidad de sustituir la moneda haitiana6. Durante el gobierno de Buenaventura Báez se toman las primeras iniciativas para obtener préstamos en el exterior. La gestión resultó infructuosa; obtuvo en cambio la aprobación del Senado en el año 1857 para imprimir papel moneda por un valor de seis millones, provocando una devaluación de la moneda y el derrocamiento del mandatario guiado de la mano del caudillo Pedro Santana.
Es importante anotar que, en el escenario local, apenas finalizado el proceso de La Restauración (1863-1865), se originaron dos corrientes de intereses económicos opuestos. Estos encontraron representación política, a su vez, en dos partidos: Los Rojos, llamados también Coludos, que representaban los intereses de los Hateros del Este y los madereros del Sur, liderados por Buenaventura Báez; y los Azules, conocidos luego como Los Bolos en representación de los tabaqueros y dueños de conucos de la región del Cibao. Hasta esa fecha, y durante los períodos de gobierno de Santana y Buenaventura Báez, las élites sociales constituían un impedimento al ascenso social. La mayoría de los presidentes provenían de la clase de propietarios de grandes porciones de tierra7. La industria del azúcar introduciría luego cambios notables entre estas fuerzas y su poder político al convertirse en motor de la economía y monopolizar la inversión de capital y el empleo de la mano de obra.
Hasta 1866, el país no había acudido de manera recurrente o importante a fuentes de financiamiento externo. La primera deuda externa que contrajo el país se produjo con el retorno al poder del caudillo Buenaventura Báez en 1865. A través del gobierno haitiano de Silvain Salnave y la casa bancaria J.A. Jesurum & Zoon con sede en Curazao, Báez gestionó un préstamo que facilitaría su campaña militar para retornar al gobierno. De esta manera se inició el proceso de colocación del país en la mirilla de los intereses bancarios internacionales. La deuda con la casa Jesurum, que ascendía a $37,145.80 fue una de las primeras que reconoció el gobierno de Báez al ascender al poder8. El Señor Jesurum recibió el título de General del Ejército Dominicano por sus servicios. La creación de cuantiosas deudas por parte de las élites locales colocó al país por primera vez, a nuestro parecer, como potencial acreedor de intereses financieros internacionales.
En el año 1866, durante el mandato de Buenaventura Báez el gobierno empezaba a recibir ofertas de préstamo de bancos extranjeros. Una de ellas fue la de un grupo constituido por poderosos individuos unidos a otro de intereses bancarios. La oferta, reiterada al recién surgido gobierno del general José María Cabral en 1867, por la suma de diez millones de francos no se materializó. Así se lo comunicó a los prestamistas el ministro de Relaciones Exteriores José Gabriel García9.
Los Estados Unidos empezaron a prestar atención a la isla. Antonio de la Rosa expone que el interés estadounidense por el país surge a partir del contrato Hartmont en 186910. Discrepamos de esta apreciación. Nos inclinamos a coincidir con lo expresado por César Herrera, quien sitúa la fecha con anterioridad. Tan temprano como el 8 de noviembre de 1866 el gobierno dominicano solicitaba un empréstito por la suma de un millón de pesos, que fue sometido al entonces mandatario estadounidense Andrew Johnson. Al año siguiente, se iniciaron además conversaciones para lograr la secesión de la península de Samaná. Las consideraciones norteamericanas para la adquisición contenían un carácter geopolítico y comercial11. Las negociaciones no concluyeron debido al derrocamiento del presidente José María Cabral.
Pasos hacia una escalada de la creciente deuda externa prosiguieron con el contrato con la casa Hartmont el primero de mayo del 1869. El gobierno se comprometió a pagar más de un millón de libras esterlinas a cambio de un préstamo de menos de medio millón. La comisión encargada de negociar el trato, a la cual pertenecía el Sr. Jesurum, se embolsillaba cien mil libras esterlinas por su intermediación. El coronel Joseph W. Fabens, actuando como agente de confianza y ministro dominicano se encargó de asignarse mil libras esterlinas como pago a sus servicios.
La carrera por el dinero no terminó allí. El 3 de enero de 1870 la casa neoyorquina Spofford, Tileston and Co., fue designada para ejercer la función de recaudador en las aduanas dominicanas. A nuestro entender, la designación constituye el primero acto de apertura a la presencia norteamericana en nuestro país como agente interventor.
El accionar de las élites locales no se limitó a la entrega de las aduanas, la hipoteca de las minas de carbón y los bosques del Estado dominicano, ofertados como garantías a los préstamos (artículo 14 del contrato con Hartmont). Simultáneamente, negociaban con el mandatario estadounidense Ulises S. Grant para firmar un tratado de anexión a los Estados Unidos. Las negociaciones exigían la cancelación del empréstito Hartmont. 12.
El 30 de septiembre de 1872 el público se enteró de la operación fraudulenta que constituía el empréstito Hartmont a través del encargado de negocios de la República en Francia13.
El proceso de anexión a los Estados Unidos y de arrendamiento de la península de Samaná a través de la compañía norteamericana Jay Cooke & Co.14, se estancó y luego fracasó debido al rechazo del Senado norteamericano al proyecto. Mientras el forcejeo en el país por los fondos del Estado y el dinero prestado continuaba, se erigía en la sociedad dominicana un nuevo actor: la industria azucarera.
Amparada por múltiples subsidios la industria azucarera recibió un gran impulso en 1875, durante el mandato presidencial de Ignacio María González. Se le exoneraba de impuestos a los dueños de fincas de caña para todos los utensilios y maquinarias que necesitase, los materiales de construcción, y por tres años, todas las provisiones para el sustento del personal, en detrimento del comercio local. En contraste, el año anterior, el gobierno de González había solicitado un empréstito por valor de tres millones de pesos. Autorizaba al Sr. J.M. Glas a contratarlo en Europa con el Banco General de Cambio, especificando que el pago de las cuotas e intereses a un máximo de 18% se haría a través de las aduanas. Para fortuna de los dominicanos, el contrato no se realizó por resultar más lesivo que el de Hartmont15
Surgimiento de la industria azucarera como nuevo poder aunado a la creciente influencia norteamericana en el país
Entre 1875 y 1882 se fundaron treinta ingenios azucareros, de los cuales tan solo tres, los más antiguos, se encontraban en el norte. La gran mayoría de las plantaciones se situaba hacia el sur del país o al oeste de la capital (seis en San Carlos y cinco en Pajarito). Entre sus propietarios, en su mayoría de apellidos foráneos, dos consolidaron gran poder: Hatton y Vicini. El último se convertiría en un poder local más que un agente extranjero. 16 17
Paralelamente, los mismos capitalistas de la industria azucarera, que ya formaban parte de la élite local, iniciaron pasos para formalizar el sistema de préstamos al gobierno.
Mediante el decreto número 1593, emitido por Buenaventura Báez en el año 1877, se establecieron las “Compañías de Crédito”, a las que se facultaba para ofrecer préstamos al gobierno dominicano. La lista comprendía diecisiete prestamistas. Entre estos destacaban cinco por las sumas de capital declarado que sobrepasaban los dos mil pesos en oro americano. Tres de ellos se suscribían como “importadores-exportadores” y dos se encontraban relacionados al Ingenio San Luis y al Ingenio Italia. Entre los inversionistas de mayor peso en cuanto a capital declarado destacaban P.M. Consuegra, Cambiaso Hnos., Juan Bautista Vicini, Miguel Pou y J.M. Leyba y más tarde Cosme Batlle18
El ejemplo de su antecesor, de favorecer la creación de “Compañías de Crédito” para solventar gastos y pagos de deudas, fue seguido por el presidente Francisco Gregorio Billini quien, a través del decreto emitido por el Congreso el 8 de octubre de 1884, autorizó la creación de una Compañía de Crédito que suministraba al Estado la suma de ochocientos mil pesos en efectivo, de los cuales quinientos mil se utilizarían para amortizar las deudas de todas las compañías de crédito19. Aunque no pudo obtener ese crédito, al año siguiente, el Arzobispo de Santo Domingo, Fernando Arturo de Meriño contrató un empréstito en París con el prestamista Celestin Dinsart, a un interés anual del 12%. Con anterioridad, el mismo año y antes de la muerte del mandatario dominicano Ulises Heureaux, el cónsul estadounidense le había propuesto un préstamo por parte de la casa Thurber de Nueva York.20 Aunque no cristalizó, es una muestra de cómo empezaban a acrecentarse el interés del capital norteamericano por el país.
Con estos pasos, se demuestra el creciente aumento de interés de los círculos financieros estadounidenses por nuestra parte de la isla. Pero aún no alcanzaba el grado para sugerir a sus estamentos políticos la necesidad de establecer vínculos diplomáticos. Los Estados Unidos suplían sus necesidades de edulcorantes de los mercados de Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y, luego, del azúcar de remolacha subvencionada de Europa. De tal manera que, cuando se produjo en 1883 la crisis del azúcar en el país, el interés comercial norteamericano, que había empezado a surgir debido al flujo de capital norteamericano hacia la industria azucarera, se redujo de manera repentina, pero tan solo de manera provisional, pues resurgió luego con mayor empuje.
Las cosas cambiarían aún más en pocos años
La crisis del azúcar en el país dio lugar a un análisis por parte de Eugenio María de Hostos en 1884 sobre el nuevo poder dentro de la sociedad dominicana y de su función social. Le atribuyó a este grupo el rediseño de gran parte de la sociedad, su política y la estructura financiera del país. Señaló como una de las causas internas más importantes de la crisis entonces la dependencia del azúcar de un solo mercado. La industria tenía una sola fuente de financiamiento y un único mercado: New York21. El otro factor que influyó en la creación del nuevo núcleo de poder azucarero fue el deslindamiento de terrenos comuneros.
La producción azucarera y su peso sobre la economía del país era notable para esa fecha. Ese mismo año, Eugenio María de Hostos publicaba un análisis sobre el estado de cosas en torno a los ingenios de azúcar, el país y la situación fiscal. Estimaba en $183,750 los derechos fiscales de exportación y el aumento de capital social en $21,088,750.
Entre sus conclusiones Hostos mencionó “…Como secuela necesaria del rápido aumento de producción y de consumo, aumentó el comercio de exportación y prosperó artificialmente el de especulación”, agregaba además “De lo primero ha sido resultado favorable el progresivo crecimiento de las rentas del Estado, que casi se han triplicado; y de lo segundo es síntoma desfavorable el malsano desarrollo del lujo pueril y jactancioso”. Las estructuras sociales, de poder, y de tenencia de tierra se reestructuraban en favor de una élite emergente: Los dueños de plantaciones de azúcar, ingenios y los exportadores. En el mismo texto de Hostos se lee: “Los hatos se han casi extinguido en demasiado avarientas exportaciones en masa. Los trapiches que hormigueaban en los campos del Sud, han ido desapareciendo rápidamente y el trabajador de todas estas comarcas ha ido abandonando su producción en corta escala por convertirse en agente de la producción de grande escala. Ese es un mal”. Así como también: “…y por paradógico que parezca, el país era más pobre cuando más rico se hacía el Estado”22. En verdad, Hostos rendía testimonio sobre la formación de una nueva oligarquía de azucareros y prestamistas.
El análisis de Hostos en 1884 sobre la conducta de los industriales azucareros puede tomarse como predictor de los sucesos que ocurrirían años más tarde, en 1916. Hostos argumentaba que el monopolio de los azucareros sobre el capital, las tierras y el trabajo constituía la base para la producción de ganancias exorbitantes23
En el verano de ese mismo año, representantes del gobierno dominicano y Washington se reunieron con el propósito de negociar una “Convención de Reciprocidad”. El 4 de noviembre de 1884 se logró la firma del tratado, que marcaba un nuevo hito en las relaciones comerciales del país con los Estados Unidos. Mediante el mismo se libraban de pago de arancel un grupo de productos destinados al mercado norteamericano y por igual a un grupo de artículos exportados desde los Estados Unidos hacia nuestro país24
El tratado creaba lazos entre exportadores en ambas naciones y favorecía a la vez al flujo de mercancía y capitales entre las dos naciones.
El negocio de exportación e importación en el país se encontraba en pocas manos. Una parte de los exportadores registrados eran los mismos que se encontraban envueltos en la industria azucarera. La mayoría de los empresarios en el área, a pesar de que hacían su fortuna en el país, se consideraban extranjeros. Su vinculación con los mercados norteamericanos aumentaba en la medida que se formaban en los Estados Unidos compañías que manejaban desde ese país la producción de azúcar en la República Dominicana.
Durante los mandatos de Ulises Heureaux (1887-1899) las sumas de los empréstitos siguieron ascendiendo. Las élites dominicanas llevaron al país a adquirir deudas a una taza escandalosa del 18%. El contrato oneroso que firmara el general Generoso de Marchena, en representación del gobierno dominicano, con la compañía Westendorp el 1ro. de noviembre de 1888 se adicionaba a la lista de maniobras que conducían al empeoramiento de las finanzas del país y la necesidad de acudir a financiamiento externo. Según este contrato, el país se comprometía a pagar 55,645 libras esterlinas anuales hasta el año 1918, lo cual elevaba la amortización de la deuda a más de un millón y medio de libras esterlinas. A esas ganancias escandalosas se agregaba la administración de las aduanas del país por una institución recaudadora. En caso de existir un diferendo, el gobierno de Holanda fungiría como árbitro y sus decisiones serían inapelables.
Desde el punto de vista norteamericano las condiciones de la economía dominicana habían madurado al punto que ameritaban una observación más cercana, con agentes en el país. De ahí que, en el año 1891, se firmara el “Tratado de reciprocidad”, que permitiría una relación comercial más fluida entre los dos países. A tan solo un año de establecerse el Tratado, el 8 de abril de 1892 se creaba en el estado de New Jersey la compañía San Domingo Improvement Company, dirigida por el Sr. Smith M. Weed, con la finalidad de involucrarse en el negocio de la financiación de la deuda dominicana.
En el año 1893 arribaba al país el Sr. George Weed. Lo acompañaba el abogado Frederick William Holls, de Nueva York, quien había gestionado la compra de la deuda dominicana con la Westendorp el año anterior. Entre sus planes figuraron, además, la adquisición de los derechos para la construcción del ferrocarril Puerto Plata-Santiago25, manejada por la compañía estatal “Ferrocarril Central Dominicano”, cuya construcción fue financiada inicialmente por la empresa bancaria Westendorp26.
El transporte de mercancía de importadores y exportadores se facilitó con la construcción de proyectos ferroviarios financiados a través de empréstitos estatales y concesiones a compañías extranjeras. El ferrocarril Sánchez-La Vega fue explotado por la “Compañía Escocesa”.
Mientras el sector financiero dominicano encaminaba sus pasos hacia Washington, en el país la industria azucarera mostraba gran crecimiento. Al terminar el año 1894, se encontraban veintiún ingenios operando en el país. En los dos años anteriores se les habían sumado seis ingenios a los existentes y se había superado la crisis de precios del azúcar en 1884 debido a los subsidios europeos al azúcar de remolacha27.
El aparente crecimiento de la economía y de préstamos fueron el preludio para el siguiente paso: La intervención militar. Sobre este tópico hablaremos en la próxima entrega.
1 Frank Moya Pons, Manual de Historia Dominicana, p. 437
2 Ibíd., ob. cit., p. 437, 472,473
3 Howard J. Wiardia, The Dominican Republic, p. 33
4 Luis Martínez Fernández, Torn between Empires. p. 91.
5 Bruce J. Calder. The Impact of Intervention. pp. 1-3
6 Cesar Herrera. De Hartmont a Trujillo: estudio para la historia de la deuda pública. Banreservas, 2009.
7 Valentina Peguero. The militarization of Culture in the Dominican Republic, p-25-2c
8 César A. Herrera. “De Hartmont a Trujillo. Estudio para la historia de la deuda pública”. Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Impresión Alfa y Omega Mayo, Santo domingo Mayo 2009. P. 32, 33-35
9 1 Oficio no. 212, Libro 21, Copiador de Oficios de Relaciones Exteriores, pág. 3882. A. G. n.
10 Antonio de la Rosa, “Las finanzas de Santo Domingo y el control americano”. Revista General de Derecho Internacional Público, París, 1911-14.
11 César A. Herrera. “De Hartmont a Trujillo. Estudio para la historia de la deuda pública”. Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Impresión Alfa y Omega Mayo, Santo domingo Mayo 2009. P. 45
12 César A. Herrera. “De Hartmont a Trujillo. Estudio para la historia de la deuda pública”. Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Impresión Alfa y Omega Mayo, Santo domingo Mayo 2009. P. 40-42
13 Ibíd., ob. cit., p. 44
14 Ibíd., ob. Cit., p. 45
15 Ibíd., ob. Cit., p. 48
16 Héctor E. Cuevas. El azúcar se ahogó en la melaza, quinientos años de azúcar, p.c3-c5
17 Hoetink, H. “La población Dominicana 1850-1900”, p. 23, 24. Santiago, R.D., PUCMM, 1971
18 Esteban Rosario. El grupo Vicini, el verdadero poder, 2013. P. 15,16
19 Gaceta Oficial, no. 533, del 18 de octubre de 1884
20 César A. Herrera. “De Hartmont a Trujillo. Estudio para la historia de la deuda pública”. Sociedad Dominicana de Bibliófilos. Impresión Alfa y Omega Mayo, Santo domingo Mayo 2009. P. 52-53
21 Antonio Lluberes. La larga crisis azucarera 1884-18S2, Estudios Sociales, Año XXIII, Número 81, Julio- septiembre 1990, AGN, p. 23, 41
22 H. Hoetnik. “El Pueblo Dominicano: 1850-1900. Apuntes para su sociología histórica. Universidad Católica Madre y Maestra. Santiago, R.D. agosto 1971. Pp. 32-33
23 23 H. Hoetnik. “El Pueblo Dominicano: 1850-1900. Apuntes para su sociología histórica. Universidad Católica Madre y Maestra. Santiago, R.D. agosto 1971. Pp. 34
24 Héctor Cuevas. El azúcar se ahogó en la melaza: Ǫuinientos años de Azúcar, p. 73
25 Carlos D. Morales Miller. La San Domingo Improvement Co. Carlos morales languasco.com, 24 julio, 2018
26 Hoetink, H. “El Pueblo Dominicano 1850-1900. Apuntes para su Sociología Histórica”. Santiago, R.D., PUCMM, 1971, p. 43-44
27 Antonio Lluberes. La larga crisis azucarera 1884-1892, Estudios Sociales, Año XXIII, Número 81, Julio- septiembre 1990, AGN, p. 23, 41