La formación de profesionales competentes es el mayor aporte de las universidades, cuya función principal es la docencia; de ahí que se espera que los egresados respondan conforme al área de especialización de la cual han salido. En algunas profesiones liberales, como el derecho, la sociedad se torna aún más exigente con los niveles de competencias que deben poseer estos profesionales.
En los últimos años en la República Dominicana la formación de estudiantes en la carrera de derecho ha sido objeto de algunos cuestionamientos. Esto debido a la cantidad de abogados existentes en el país y a las competencias que exhiben algunos de ellos en el ejercicio de la profesión. Al respecto, Subero (2009) indicaba: los programas de estudios de las escuelas de derecho deben revisarse y actualizarse a los nuevos tiempos, porque la Escuela Nacional de la Judicatura no puede suplir las deficiencias académicas de nuestros abogados.
En este mismo orden, el también ex presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, Dr. Mariano German, presentó al Congreso de la República Dominicana, un proyecto de ley que busca regularizar los niveles de competencias y calidad de los egresados de las escuelas de derecho en base a un programa de pasantía y exámenes de competencia (Diario Libre, p. 1). Todo esto evidencia la necesidad de examinar y evaluar los planes de estudios que sirven de base en la formación del derecho. Esto se torna aún más necesario en los casos de las universidades semi-presenciales, cuyas horas no presenciales tienen un gran peso en la asimilación de los conocimientos.
Los egresados de la carrera de derecho deben tener una formación y un dominio del marco conceptual de los estudios que realizan. Sin embargo, en la sociedad dominicana se observan carencias significativas y deficiencias en áreas básicas para el ejercicio de la profesión que necesitan ser superadas, dentro de las cuales se destacan: problemas de formación ética, en el desarrollo de juicios críticos, en la autogestión del conocimiento, en el dominio de métodos que garanticen habilidades para consultar fuentes del conocimiento jurídico, en el conocimiento de derecho internacional, en habilidades de mercado; entre otras (Castaños, 2011).
Las funciones principales de las universidades están concentradas en docencia, investigación y vinculación (González, Galindo, Galindo, & Gold, 2004)
Si bien es cierto que los planes de estudios deben potenciar la formación de una serie de competencias y habilidades básicas en los estudiantes, estas deben ser pertinentes y coherentes. Además de dar respuestas a las exigencias de la sociedad, y a los nuevos conocimientos. En este sentido, Roldan (2005), indica que las universidades deben implementar un currículo que responda a la realidad nacional, a las actualizaciones que se experimentan, siendo coherentes con las necesidades de formación y con los conocimientos que esa sociedad demanda.
En este contexto, se debería definir qué se entiende por competencia, ya que muchas veces se utiliza de forma ambigua, generando debates y discusiones en función de los supuestos y paradigmas educativos en los que descansa su definición (Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, DGESPE, 2012). Según este equipo, una competencia permite identificar, seleccionar, coordinar y movilizar de manera articulada y vinculada diversos saberes en un contexto específico.
Es claro que la finalidad de las universidades debe ser que sus planes y programas de estudio reflejen de forma objetiva y coherente la intención institucional de formar profesionales capaces, competentes, creativos, y comprometidos con su realidad. Sin embargo, Ayarde (2009), se pregunta ¿hasta qué grado el diseño curricular del área de derecho está acorde con esas exigencias que la sociedad demanda y necesita? De igual forma, pregunta ¿si se ha preparado a los que egresan de esta área del conocimiento para qué, una vez que se gradúen de su área de especialidad, estén en condiciones de solucionar los problemas que se le presentan en materia jurídica?
Es por ello, que el proceso de evaluación de los planes permite identificar hasta qué punto el programa cumple con los criterios y estándares requeridos para la formación del licenciado en derecho, ya que éste debe responder a los lineamientos de las actividades curriculares, misión, visión y perfil de egreso establecidas por la carrera (Maturana, 2007).
Las funciones principales de las universidades están concentradas en docencia, investigación y vinculación (González, Galindo, Galindo, & Gold, 2004); en cuanto a la docencia involucra directamente a docentes, estudiantes y la gestión académica. Dentro de esta visión la evaluación del plan de estudio de la carrera de derecho envuelve especialmente a los estudiantes y docentes; además de los gestores académicos, cuya actividad incide directamente o indirectamente en el desarrollo de esta disciplina. La calidad o resultado del desarrollo de este plan, tiene una repercusión directa en los estudiantes, y más aún, la tiene en la propia sociedad, que espera profesionales con cierto nivel de competencias.