En estos últimos meses del 2024, el país ha sido escenario de diversas propuestas reformas que buscan actualizar el marco institucional, económico y laboral. Podemos decir que algunas ya han avanzado, otras han encontrado resistencia, y unas más están aún en proceso de negociación. Analizando las tres reformas clave: la constitucional, la fiscal y la laboral, cada una con implicaciones importantes para el futuro desarrollo del país. El proceso de reformas evidencia la necesidad de concertación y diálogo entre todos los sectores de la sociedad. La aprobación de la reforma constitucional representa un avance significativo, pero el retroceso o podríamos decir “fracaso de la propuesta de reforma fiscal” y los recientes debates en torno a la reforma laboral subrayan las dificultades de alcanzar consensos. Es imperativo que, en las discusiones futuras, prime la búsqueda de soluciones equitativas y sostenibles para consolidar un país más justo y competitivo.
Estas reformas no solo afectan la estructura del Estado, sino que moldean el futuro económico y social de la nación. La invitación es a continuar el diálogo abierto y transparente, en el que se prioricen los intereses del país por encima de los particulares.
Reforma Constitucional: Un Cambio Concretado
El Congreso Nacional aprobó recientemente una reforma constitucional que, entre otros puntos, busca modernizar el sistema de justicia y fortalecer los mecanismos de gobernabilidad democrática. La modificación introduce disposiciones orientadas a mejorar la transparencia y la eficiencia en la gestión pública, fortaleciendo algunos elementos clave en la lucha contra la corrupción. Con esta aprobación, el Estado dominicano refuerza su compromiso con un marco institucional más robusto, garantiza que en el futuro sea modificada solo con fines de beneficiar al mandatario de turno, con el tiempo la implementación efectiva de estos cambios mostrara los beneficios en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Reforma Fiscal: Un Retroceso Estratégico
En el ámbito fiscal, el gobierno presentó un proyecto de reforma que buscaba aumentar la recaudación tributaria y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, la iniciativa fue retirada del Congreso ante la falta de consenso entre los sectores políticos, sociales y empresariales. Las críticas se centraron en el impacto que los nuevos impuestos podrían tener sobre la clase media y los sectores más vulnerables. Esta decisión dejo al gobierno con el desafío de encontrar nuevas y no tan nuevas alternativas (mejorar las recaudaciones y los prestamos) para cubrir los déficits presupuestarios sin afectar la reactivación económica que el país ha tenido post-pandemia.
Ahora en el Centro del Debate esta la Reforma Laboral: La Cesantía
Aunque la reforma laboral que se discute actualmente en la República Dominicana ha generado intensos debates, se ha confirmado que no se tocará el sistema de cesantía. Esta decisión refleja la complejidad del tema y la importancia de mantener un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad empresarial. A pesar de esta exclusión, la reforma incluye otros aspectos clave que buscan modernizar las relaciones laborales en el país. La discusión sobre la reforma laboral se ha convertido en un tema central en los últimos años, enfrentando a distintos actores: empleadores, sindicatos y el propio gobierno. En el centro del debate se encuentra el sistema de cesantía, un mecanismo vigente desde hace décadas que garantiza una compensación económica al empleado en caso de despido sin causa justificada. Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) ha argumentado que este modelo resulta insostenible y representa un obstáculo para el desarrollo empresarial y la creación de empleos formales.
Bajo el esquema actual, las empresas deben pagar una indemnización proporcional al tiempo trabajado por cada empleado despedido. Aunque este sistema brinda protección y estabilidad a los trabajadores, los empresarios sostienen que genera incertidumbre y cargas financieras que dificultan la contratación formal. En este contexto, COPARDOM propone sustituir o flexibilizar la cesantía, buscando un modelo menos costoso para las empresas.
Por su parte, los sindicatos rechazan esta propuesta, argumentando que la cesantía es una conquista histórica de los trabajadores, fundamental para su protección frente a despidos arbitrarios. Sostienen que eliminarla o reducir su alcance afectaría a miles de empleados y aumentaría la precariedad laboral.
La Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) ha abogado por la eliminación o modificación del sistema de cesantía, argumentando que este esquema es insostenible para las empresas. En respuesta, surge la necesidad de encontrar un equilibrio que no solo garantice la competitividad empresarial, sino también la protección de los derechos laborales.
Desde mi perspectiva, entiendo que un sistema alternativo que contempla la creación de un fondo de cesantía, alimentado por una contribución del 6.4% del salario del empleado es la mejor opción. Este modelo proporcionaría seguridad al trabajador en caso de despido sin la carga financiera inmediata para las empresas. Sin embargo, la gran pregunta que surge es: ¿quién debería asumir esta contribución? ¿Debería ser responsabilidad del empleador, del empleado, o quizás un aporte compartido entre ambas partes?
Como alternativa, este es un modelo que ya ha sido implementado con éxito en otros países de la región, como Chile y Colombia. La principal ventaja de este esquema es que los recursos serían depositados en una cuenta individual a nombre del empleado, garantizándole el acceso a su compensación en caso de despido. Además, evitaría que las empresas tengan que asumir un desembolso elevado en un solo momento.
No obstante, analizando la interrogante clave: ¿Quién debería asumir el aporte al fondo?
- El empleador: Mantendría la responsabilidad económica, pero con aportes fraccionados a lo largo del tiempo. Tal como se hace con la TSS.
- El empleado: Podría contribuir con una parte de su salario, fomentando la corresponsabilidad. Garantizando un monto mas cuantioso al momento de quedarse sin empleo
- Aporte compartido: Dividir el 6.4% entre empleador y empleado, buscando un equilibrio financiero entre ambas partes. Creo que sería la forma idónea si los sindicatos y trabajadores llegan a un acuerdo.
La ventaja de este modelo es que no solo moderniza el sistema de indemnización, sino que también brinda mayor predictibilidad a las empresas y estabilidad a los trabajadores.
Otros Puntos de la Reforma: Jornada y Flexibilidad
La discusión sobre la reforma laboral va más allá de la cesantía. Otros temas fundamentales incluyen:
- Flexibilidad en la jornada laboral: Adaptar los horarios a las nuevas dinámicas económicas y demandas de los sectores productivos, sin afectar los derechos fundamentales de los trabajadores.
- Teletrabajo y nuevas modalidades: Regular el trabajo remoto, garantizando condiciones justas tanto para los empleadores como para los empleados.
- Inclusión y equidad de género: Asegurar condiciones laborales más justas para mujeres y grupos vulnerables, reduciendo brechas salariales.
La reforma laboral requiere un acuerdo tripartito entre gobierno, empleadores y sindicatos. Cada sector tiene intereses legítimos, pero es fundamental encontrar un punto medio que promueva tanto la competitividad empresarial como la protección de los derechos laborales. El gran desafío es evitar que los cambios generen inseguridad en el empleo o aumenten la informalidad laboral.
El proceso de reforma laboral es una oportunidad única para actualizar un sistema que debe responder a las exigencias de este siglo. El fondo de cesantía, como alternativa al modelo actual, puede ser una solución innovadora que balancee los intereses de empleadores y trabajadores. Sin embargo, el éxito de esta reforma dependerá de la capacidad de los actores involucrados para dialogar y alcanzar acuerdos sostenibles.
La República Dominicana necesita una legislación laboral que promueva el empleo de calidad, garantice los derechos de los trabajadores y permita a las empresas crecer en un entorno más flexible y competitivo. Lograr este equilibrio no es tarea fácil, pero es el camino necesario para consolidar un país más inclusivo y moderno.
Aunque no se modificará la cesantía, la reforma refleja la presión existente sobre las empresas para lograr mayor competitividad sin comprometer los derechos laborales.
Los sectores empresariales han expresado su preocupación sobre los costos asociados al empleo formal, mientras que los sindicatos mantienen la necesidad de preservar conquistas laborales históricas. La clave será encontrar mecanismos complementarios que permitan mejorar la productividad, sin poner en riesgo la estabilidad de los trabajadores. La decisión de no tocar el sistema de cesantía refleja una postura de prudencia y equilibrio en medio de las tensiones existentes. Sin embargo, los cambios propuestos pueden generar un impacto positivo tanto en el crecimiento económico como en la calidad del empleo.