Ciento tres pensiones de 40,000 pesos mensuales a periodistas retirados. A simple vista, parece una excelente medida en beneficio de hombres y mujeres que han brindado un importante servicio a la sociedad, incluso, poniendo en riesgo sus propias vidas, en ocasiones.
¿Pero es esto justo, equitativo, en el contexto de una sociedad donde un gran número de envejecientes en condición de pobreza no reciben una ayudita del Estado que cubra siquiera una parte de sus necesidades básicas y donde muchos servidores públicos, maestros, enfermeras, empleados de bajo rango, después de trabajar para el Estado 40 años o más, tienen que esperar una eternidad para obtener una miserable pensión? Claro que no.
Aclaro que no tengo nada en contra de los periodistas. Todo lo contrario. Fui periodista en mis años mozos. Otras preocupaciones, que nada tienen que ver con la aspiración de obtener fama o dinero (preocupación que nunca he tenido), me inclinaron por la sociología.
Desde muy joven he valorado el rol del periodista en la sociedad: él es (o debe ser) el ojo curioso, objetivo, riguroso, de la sociedad para transmitir informaciones comprensibles, que ayuden a la gente a posicionarse de manera racional frente a los hechos. Por eso tengo un gran aprecio y reconocimiento por los hombres y mujeres de esta profesión, y particularmente por los corresponsales de pueblos y periodistas que ejercen su oficio con sentido ético. Pero de ninguna manera pienso que estos deban ser considerados una casta privilegiada de la sociedad, merecedora de privilegios que el resto de dominicanos no tiene.
De manera que la decisión del presidente Abinader de otorgar 103 pensiones de 40 mil pesos mensuales, en plena campaña (puro clientelismo y politiquería barata), es una ofensa a cientos de miles de envejecientes dominicanos en situación de pobreza.
Y, más aún, las pensiones de lujo que ya ha otorgado a Fefita la Grande (70, 000 mensuales) y a la viuda de Johnny Ventura (75,000), así como a otros artistas y comunicadores, son una indecencia.
Todos los dominicanos de 65 años y más deberían recibir una pensión mínima del Estado dominicano. Y si este solo está en capacidad de darle 500 pesos mensuales, pues eso: 500 pesos para cada uno.
Parecería absurdo que el Estado dé tan ridícula cantidad de dinero a personas que no necesitan eso, pero toda sociedad debería ofrecer a su población programas, servicios, de carácter universal, y la presión es uno de ellos.
En toda sociedad organizada (hacia eso deberíamos encaminarnos) quien recibe del Estado una ayuda que no necesita, en algún momento del año está obligado a devolverla. El principal mecanismo para asegurar eso es la declaración anual de ingresos, cosa que hace tiempo debimos haber establecido, con carácter obligatorio, para todo el que reside en el territorio nacional.
Este mecanismo permitiría que, por ejemplo, quienes reciban ingresos que superen los 50,000 pesos mensuales, devuelvan un cierto porcentaje del monto recibido, hasta llegar a la totalidad del monto para los que tengan ingresos de 100,000 o más.
Esto obligaría a los afortunados como Fefita la Grande y la viuda de Johnny Ventura a devolver la totalidad de la suma recibida y permitiría a los necesitados disponer de una pequeña suma para comprar siquiera los tylenols que necesitan tomar regularmente para hacer menos dolorosa su artritis.
A esto le llamo justicia, en función de los limitados recursos de un Estado. En cambio, a la decisión del presidente Abinader no podría darle otro nombre que no sea insulto a los necesitados, abuso, indolencia…