En el 2012, Daron Acemoglu y James A. Robinson publicaron el libro titulado “Por qué Fracasan las Naciones: El origen del poder, prosperidad y pobreza”. La idea principal de esta obra vincula el desarrollo económico y social de las naciones a la fortaleza de sus instituciones; es decir, al funcionamiento de las instituciones que organizan el sistema político y económico de cualquier país para el beneficio de todos sus ciudadanos.
Acemoglu y Robinson (2012) proporcionan varios ejemplos para ilustrar al lector sobre la importancia de las instituciones. En primer lugar, escogen a dos países desarrollados, como es el caso de Inglaterra y Francia y, en segundo lugar, seleccionan a dos pueblos situados uno al lado del otro, en la frontera de Estados Unidos y México, Nogales-Arizona y Nogales-Sonora, habitados por ciudadanos del mismo origen étnico separados por la frontera de México-Estados Unidos.
En 1688, en Inglaterra se produjeron cambios sociales que desterraron a la monarquía de la vida política, porque ese régimen de gobierno carecía de las instituciones que demandaba el nuevo sistema de producción (capitalismo) que se desarrollaba en la sociedad de la época. Los ingleses lucharon por derechos que transformarían económica y socialmente a esa nación, permitiendo avanzar en su desarrollo.
Similarmente, ocurrió con el sistema de explotación esclavista prevaleciente en las trece colonias americanas. El cuestionamiento al sistema productivo (esclavista) precisó de cambios sustanciales cuando el sistema político e institucional transitó hacia el cambio democrático. La actualización democrática de las instituciones era esencial a la promoción del nuevo modelo capitalista de desarrollo y en defensa de los derechos humanos.
Otro ejemplo que muestran los autores es el de Nogales-Arizona y Nogales-Sonora. En la primera, el ingreso promedio es de US$30,000 por año, la mayoría de sus jóvenes asistían a las escuelas y la mayoría de los adultos se había graduado de bachiller. A pesar de las deficiencias del servicio público de salud, la esperanza de vida de sus habitantes era similar a los estándares internacionales. Asimismo, la población de más de sesenta y cinco años tiene acceso al seguro de salud y los servicios (electricidad, comunicación, educación, entre otros) estaban garantizados por el gobierno, de igual manera que ocurre con la seguridad ciudadana. Resulta igualmente importante destacar que, a pesar de la deficiencia y ocasional corrupción, el gobierno continúa siendo el agente de solución de los problemas ciudadanos y éstos votan para cambiar al alcalde, los congresistas y senadores a través del funcionamiento institucional que hace posible reemplazar a los servidores públicos ineficientes y/o corruptos.
En cambio, la experiencia es sensiblemente diferente al otro lado de la frontera, en Nogales-Sonora. En efecto, su ingreso promedio es un tercio respecto al de Nogales-Arizona, la mayoría de los adultos no tiene diploma de bachiller y la generalidad de los jóvenes en edad escolar no asiste a la escuela. El acceso a los servicios de salud es deficiente y la esperanza de vida es más corta que la de sus vecinos del lado americano. Tampoco disfrutan de esparcimiento, sus vías de comunicación están en malas condiciones, no hay seguridad ciudadana y la ley y el orden se califican como deplorables. Peor aún, las instituciones democráticas en Nogales-Sonora están controladas por el poder corrupto del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Amaury Justo Duarte (2014) argumenta que desde1844 la corrupción de los partidos políticos ha contribuido con el deterioro de la institucionalidad democrática del país. Desde la independencia hasta hoy, la corrupción de los partidos políticos, de las instituciones públicas y de los gobiernos ha conducido el destino de la nación dominicana, lo que apunta a una inconsistencia del desarrollo de la calidad de vida de los dominicanos y la corrupción en las instituciones públicas; las cuales no contribuyen a garantizar derechos de salud, educación, seguridad ciudadana, agua potable, electricidad confiable y a precios competitivos, salarios reales decentes, acceso al crédito, entre otras.
Una contribución destacada al deterioro institucional del país la llevó a cabo el PLD durante los períodos de gobierno 1996-2000 y 2004-2020. El gobierno de Leonel Fernández, con su capitalización de las empresas públicas, destrozó el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), dejando alrededor de once mil trabajadores sin empleos ni prestaciones. Igualmente destruyó casi todas las empresas públicas en el conglomerado de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), creó el Fondo de las Empresas Públicas Reformadas (FONPER) de donde desaparecieron RD$3,500 de millones de pesos. Asimismo, auspició la corrupción en el Programa de Empleo Mínimo Eventual (PEME) detallado por el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa (DPCA, 2002), contribuyendo a distorsionar severamente el mercado de trabajo dominicano. El gobierno de Fernández se vinculó también a los sobornos de US$3.5 millones de la empresa brasileña Embraer, la sobrevaloración de los seguros de los Tucanos por más de US$300,000 y los radares que resultaron incompatibles con el sistema de navegación de esas naves aéreas. En ese gobierno, se instruyó a los congresistas para aprobar, sin lectura previa el contrato de explotación minera de la Barrickgold que, además de que favorece sustancialmente a la minera, no escatima perjuicio a la agricultura y de las finanzas Estado Dominicano. Otro retroceso notable del expresidente Fernández al debilitamiento de la institucionalidad fue la aprobación de la Constitución neoliberal del 2010, que incluyó los apetitos de los grupos oligárquicos, que apoyaron la desordenada privatización ejecutada durante sus administraciones en desmedro del resto de la población. Finalmente, los aportes del PLD a la desinstitucionalización del país están manifiestos en los casos de corrupción de Danilo Medina-PLD, los cuales se discuten actualmente en los tribunales y se conoce, en alguna medida, la red de corrupción familiar vinculada al expresidente Medina.
La combinación de la corrupción institucional con el sistema de negocios público-privado (APPs y fideicomisos) que lamentablemente ha adoptado esta administración, ha diezmado la capacidad del estado para atender lo que es propio del gobierno democrático en una economía de mercado. El resultado social ha sido una economía en la que predomina la desigualdad (que no se mide desde el 1998), caracterizada por interminables y cuantiosas exenciones fiscales a las empresas (de zonas francas, turismo, generación eléctrica, minería, importadores, entre otras), mientras que los consumidores pagan más de dos tercios de los impuestos que recibe el gobierno. A esto habría que agregarle la cuestionable evasión y elusión fiscales que los gobiernos se resisten en corregir.
El balance de la corrupta administración de todos los gobiernos desde el 1844 hasta la fecha, consagra transferencias de ingresos de la población dominicana (especialmente los más pobres) a las empresas, aumentando la concentración de la riqueza en el país. Este efecto en la redistribución del ingreso ocurre al mismo tiempo que el empeoramiento de la seguridad ciudadana, de los servicios de salud y educación (que solamente ha puesto atención en la cobertura escolar para ampliar los negocios en torno al sector). Y no podría ser de otra manera, porque la política pública no satisface las demandas ciudadanas, sino los beneficios privados obtenidos con los recursos públicos en detrimento de la calidad de vida de los ciudadanos.
En el orden público, se ha privilegiado el negocio en lugar de la seguridad ciudadana. Precisamente por esto, se creó el fideicomiso de la Policía Nacional, del que hasta ahora no se tiene noticias de las operaciones financieras que el sector privado realiza. Este secretismo está protegido por la Ley de Fideicomiso aprobada en esta gestión. Esta opacidad institucional, respaldada por ley, es justamente lo que la población dominicana reclama cambiar y transparentar.
Ocurre exactamente lo mismo en el sector eléctrico nacional y en el sector turismo. El gobierno propuso un contrato de fideicomiso para la administrar a Punta Catalina que ha sido ampliamente rechazado por la población y, posteriormente, el gobierno cedió millones de metros cuadrados en el sur del país al fideicomiso del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales. Se sabe que el Banco de Reservas (BR) prestará al fideicomisario US$40.0 millones (41.2% del costo del proyecto); ojalá que la Superintendencia de Bancos (SIB) se percate de que el BR posea la autorización del gobierno (el colateral) que garantice la devolución de este préstamo, ya que el fideicomiso es inembargable y por tanto, representa un riesgo financiero para el BR. Tampoco se sabe si el gobierno valoró los terrenos que explotará el sector privado ni cuánto pagará por los mismos; asimismo no se han cuantificado las exenciones fiscales de este proyecto turístico, que contempla: exenciones sobre del impuesto sobre la renta, ITBIS, ganancias de capital, transferencias bancarias, sobre la construcción, entre otros.
Resulta evidente que los fideicomisos representan un sesgo en distribución de la renta. Mientras los consumidores pagan el 66% de los impuestos que recibe el gobierno, los negocios privados son exonerados de los impuestos para contribuir con el crecimiento de la economía. Este régimen impositivo genera desigualdad y esta genera malestar social. Cuando las condiciones político-institucionales impiden el desarrollo de las fuerzas productivas y limitan los derechos ciudadanos, se avecinan cambios políticos de importancia. El gobierno tiene la opción de producir estos cambios; de lo contrario, la sociedad dominicana los producirá a través de amplios movimientos sociales. El gobierno está a tiempo de revisar su política de concentración del ingreso en favor de las empresas privadas y en contra del resto de la población.