El narcotráfico puede ser considerado el fenómeno criminal más trascendental de todos los tiempos, y a la vez el de mayor fascinación cultural. Se ha sabido adaptar y anticipar, y prueba de ello es el auge del comercio de drogas sintéticas como el fentanilo o las metanfetaminas. Con el poder de violencia que poseen estas organizaciones, ¿debieran asumirse como grupos beligerantes y aplicárseles el derecho penal del enemigo? La verdad es que tienen iguales capacidades militares que el Estado, o hasta mayores. Ante la inercia de las autoridades, producto de su vinculación no tan secreta, la respuesta de las comunidades afectadas tampoco deja de sorprender.
Todavía hoy, el caso paradigmático sigue siendo México, país que no solo sufre la violencia desmedida de los cárteles por el control territorial y político, sino, además, de los grupos civiles armados. Las llamadas “autodefensas” en Guerrero, o Michoacán, por ejemplo, utilizan las mismas armas de alto calibre que sus contrapartes criminales, de acuerdo a análisis publicado por el International Crisis Group titulado “Mexico’s Everyday War: Guerrero and the Trials of Peace”[1]. Entrenan células de ejecutores, contratan exagentes de la milicia, y se basan en tácticas de guerra similares.
Su poderío es tal que se les suele tener igual temor. Es común que se disputen territorios con los cárteles, o que sobornen a funcionarios policiales. La justicia se ha mantenido al margen, facilitando que dichas estructuras alcancen mayor capacidad represiva y poder político.
Recuerdo la atrocidad de Campo Algodonero, y cómo se utilizó la violencia de género más extrema para sembrar el terror. Nada impide que ocurra lo mismo desde el “otro lado”, es decir, que las autodefensas usen a las mujeres como instrumentos de negociación en escenarios de recrudecimiento de la violencia.
Esta delegación de poder a actores privados genera otros serios inconvenientes. En última instancia, afecta la participación democrática y el surgimiento de líderes comunitarios que ofrezcan mecanismos alternativos de solución de conflictos. En este esquema es inexistente la posibilidad de empoderamiento ciudadano desde el espacio público[2].
Los narcoestados son una dura realidad que no está por desaparecer, al contrario, y su saldo de erosión social es demasiado alto. Es importante dar soluciones que sean factibles en el territorio, pero nunca la autocratización del sistema democrático. Así sucede cuando se falla en garantizar los derechos más fundamentales de las personas, y siempre sale caro.
[1] https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/mexico/80-mexicos-everyday-war-guerrero-and-trials-peace
[2] Al respecto, uno de los mejores análisis: https://legrandcontinent.eu/es/2023/04/17/organizar-la-violencia-el-poder-de-los-grupos-de-autodefensa-en-mexico/