Las empresas del sector eléctrico, en el marco de sus operaciones, deben considerar, además de los asuntos operativos y administrativos básicos, una  amplia lista de requisitos regulatorios relacionados con la calidad y seguridad del servicio, los precios de los combustibles, las tarifas,  las estadísticas  financieras y de operación, y además, responder satisfactoriamente  a las políticas energéticas y ambientales relacionadas con el crecimiento de la demanda y el cambio climático, y de manera muy particular a la situación económica, política y social del país. Además, cuestiones como la regulación de los datos y la seguridad cibernética que son cada vez más importantes.

La Normativa del Sector Eléctrico está contenida en la Ley General de Electricidad, la Ley de Desarrollo de las Energías Renovables y Régímenes Especiales, las Resoluciones de la Superintendencia de Electricidad, de la Comisión Nacional de Energía,  del Organismo Coordinador y de los Ministerio de Energía y Minas, de Industria y Comercio y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de las políticas que definan estos ministerios y el de Economía, Planificación y Desarrollo para tomar en cuenta las políticas internacionales sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente.

Probablemente, más que en otros sectores, el modo como las compañías aborden el entorno regulatorio determinará el valor que pueden devolver a los accionistas y a los demás grupos de interés. En los últimos años la situación política a nivel internacional hace que las condiciones para el cumplimiento no dejen de cambiar y la volatilidad y complejidad de los propios mercados energéticos no hace sino aumentar la atención que deben prestar las empresas a la regulación. Las estructuras del mercado varían en gran medida y no dejan de evolucionar, y las empresas tienen un papel que desempeñar, algo más complejo que en el pasado, a la hora de tomar en cuenta dicha evolución, en colaboración con las autoridades políticas.

Es una realidad, que los objetivos de la reforma de la industria eléctrica, iniciada en los años 90 del siglo pasado, no se han alcanzado. Los incrementos en los precios del petroleo a principios de siglo y la decisión del gobierno de readquirir las empresas distribuidoras, para no tener que aumentar las tarifas a los usuarios, afectó el desarrollo de la industria,  retrasó  la  aplicación de la regulación y el cumplimiento de las normas de calidad del servicio, que por parte de las empresas eléctricas requiere un reconocimiento de las inversiones y gastos asociados, en la tarifas a cobrar a los usuarios.

Al interrumpir la privatización de la distribución y comercialización, el gobierno a tenido que asumir en el presupuesto nacional las inversiones en estos segmentos, mediante el endeudamiento,  limitando así su capacidad para mejorar otros servicios básicos a la población como son los de salud, educación y la seguridad ciudadana. Esta decisión fue motivada en parte por el nivel de deterioro que presentaba la industria al momento de la privatización, con pérdidas totales promedio en ese momento superior al 45 %, y no querer traspasar a los usuarios los aumentos en el  precio del petroleo.

En el caso del segmento de generación, durante los primeros años, las empresas vieron afectadas sus operaciones por el retraso de las distribuidoras y del gobierno en pagar las facturas. No obstante, todas las empresas de generación son rentables en estos momento, pagan impuestos al gobierno sobre sus utilidades y  continuan invirtiendo para aumentar su producción, sin intervención del gobierno.

Sin embargo,  las empresas de distribución no logran  todavía operar con eficiencia. Después de veinte años de asumir el gobierno su administración, continuan operando con pérdidas tan altas que el regulador no puede exigirles el pago de compensaciones por las deficiencias en la calidad del servicio, pues aumentaría el déficit operacional cubierto por el gobierno. Por esta situación no son objeto de crédito  para financiar sus planes de expansión, lo que retrasa los proyectos de construcción de nuevas redes y subestaciones, y la adquisición de medidores, cables y materiales de mantenimiento.

¿Cuál sería la situación económica del país si las empresas distribuidoras fueran eficientes, si no necesitaran subsidios para cubrir sus gastos de operación y, además, pagaran impuestos al gobierno como los generadores? ¿Cuál sería la situación de la industria, el comercio y las familias, si las empresas distribuidoras fueran eficientes y no hubieran interrupciones en el suministro?

Respondiendo la primera pregunta, el país no tendría que aumentar el monto de la deuda externa, ni pagar intereses por ese compromiso, lo que le permitiría mejorar su desempeño macroeconómico y aumentar la asignación  presupuestaría a otros sectores de la economía que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.

Para la industría significaría la oportunidad de ser más competitiva local e internacionalmente, al disminuir su factura eléctrica y sus gastos de operación y mantenimiento. El comercio también experimentaría beneficios similares, al disminuir también los gastos relacionados con los sistemas de emergencia. Y las familias dominicanas, además del descanso que significa disponer de energía confiable todo el tiempo, tendrían el beneficio de la disminución de precios que resulte de una industria y un comercio más eficientes y competitivos.

Por lo tanto, reiteramos nuestra recomendación de que ya es tiempo de que el gobierno decida hacer cumplir la Ley General de Electricidad y la de Capitalización de las Empresas Públicas, vendiendo el 49% de las empresas distribuidoras y de la Central Punta Catalina dejando en el sector privado la administración de estas empresas, y proceda a fortalecer las capacidades de los organismos de  planificación y regulación. Los resultados favorables para el país de la capitalización del segmento de generación nos enseña que esa decisión favorecería al país.