Desde hace varios años, los ambientalistas han estado defendiendo las Cuevas del Pomier como patrimonio cultural de la República Dominicana y del mundo.
Ese patrimonio tiene más de dos mil años de existencia y es único en el planeta. Cada cueva es única e irrepetible. Estos espacios culturales y antropológicos, que conforman dicho patrimonio, han sufrido daños irreparables por parte de los negocios dedicados a la extracción de materiales de construcción.
La prensa nacional ha estado denunciando los delitos ambientales cometidos por los propietarios de esos negocios a dicho santuario. La opinión pública ha ido creciendo en su rechazo a la destrucción que se está produciendo en las Cuevas del Pomier y de toda el área de La Toma, lugar donde se produce casi toda el agua que se consume en la provincia de San Cristóbal.
Es cierto que líderes comunitarios y muchos ambientalistas locales y nacionales han mantenido una lucha sistemática de condena y rechazo a las operaciones de dichos negocios, los cuales suelen autodenominarse empresa. Sin embargo, la articulación social de ese movimiento no ha tenido el impacto requerido para detener la voracidad destructiva a ese patrimonio.
La voluntad popular del pueblo y sus fuerzas sociales deben ponerse de pie para ponerles fin a las acciones dañinas de esos negocios, y de sus dueños, al patrimonio cultural de referencia cuyo propietario es la República Dominicana.
Aunque un poco tardío, el movimiento social del país ha comenzado a articularse en torno a la lucha necesaria para defender ese bien común de la nación.
Es evidente que el liderazgo político, social, ambiental, religioso y comunitario de San Cristóbal debe ponerse de pie para que el pueblo y todos los sectores asuman la lucha al más alto nivel, a fin de detener definitivamente los daños que se están produciendo en dicha zona.
Debemos trillar el camino de la experiencia de Los Haitises y de Loma Miranda, en los que la nación se puso de pie para defender dichas áreas ambientales.