La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, presentó más de cincuenta propuestas en los debates que sostuvo la Comisión de Revisión de la Ley General de Educación, No. 66-97 que fuera nombrada por el Ministerio de Educación mediante la Orden Departamental No.13/22. La mayoría de estas propuestas fueron aprobadas por consenso y forman parte de la propuesta semifinal que esta comisión entregó al ministro de Educación, Ángel Hernández, el pasado 6 de marzo del presente año 2024.
La ADP comenzó a elaborar estas propuestas en el año 2018, con la celebración de la Consulta Pública y Abierta que tuvo más de cien mil participantes, y con la realización del Taller Internacional Legislación Educativa Comparada y Experiencia de Reforma Educativa en América Latina, el 10 y 11 de diciembre de 2028, bajo el coauspicio de la Internacional de la Educación para América Latina, IEAL, y la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Un libro bajo el mismo título publicó las ponencias de actores y expertos educativos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Uruguay y de República Dominicana, sobre las reformas educativas en sus respectivos países y en el resto de América Latina.
También este volumen contiene el muy ilustrativo Estudio Comparativo de la Legislaciones Educativas de países latinoamericanos realizado por el consultor internacional radicado en México, Juan Arancibia.
Con este evento, la ADP quedó antes de la pandemia, con más de cincuenta propuestas de reformas consensuadas por sus dirigentes nacionales y medios, y confrontadas con las opiniones de expertos de casi toda América Latina, las cuales fueron actualizadas por la presente dirección nacional del gremio en el año 2022.
Estructura de Gobernanza
Durante los días 10 y 11 de agosto del presente año, por iniciativa de la ADP, en conjunto con el Ministerio de Educación, el Instituto de Formación Técnico Profesional, INFOTEP y la Internacional de la Educación para América Latina, IEAL, se efectuó el Seminario Internacional Estructura de Gobernanza del Sistema Nacional de Educación, con la participación de Chile, de Costa Rica y con varios delegados de Uruguay.
Este evento permitió a la ADP elaborar la propuesta de estructura de gobernanza para el sistema nacional de Educación de la República Dominicana que hasta el momento ha sido el aspecto más novedoso que presenta este borrador de ley.
Según la ADP las juntas regionales, distritales y de los centros docentes deben ser plenamente descentralizadas, lo que fue acogido por el pleno de la Comisión Revisora. Estos organismos territoriales descentralizados se coordinan con las direcciones de los niveles de Educación (Educación Inicial, Básica, Media y de Adultos), en una Junta de Coordinación de la Prestación del Servicio de Educación, a fin de garantizar la rectoría del Ministerio de Educación, o sea la dirección política unificada de todo el sistema.
También el pleno de la Comisión Revisora estuvo de acuerdo con esta figura, pero la despojó de su carácter de cogobierno, al suprimir la representación de los docentes en este organismo.
A lo más lejos que llegó la Comisión Revisora en la democratización del sistema fue colocar en los reglamentos de la futura ley la posibilidad de que los representantes de los estudiantes, de los padres, madres y tutores, y el personal docente en estas juntas regionales, distritales y de los centros docentes se elijan por el voto directo de estos sectores.
La ADP logró que se preservara en el texto de esta propuesta el carácter descentralizado de los institutos que creó la Ley General de Educación 66-97, que son el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, INABIMA, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE, el Instituto Nacional para la Formación y Capacitación Magisterial, INAFOCAM, el Instituto Salomé Ureña, y el Instituto Nacional de Educación Física, INEFI.
Principios y valores
El texto de esta propuesta de anteproyecto de ley confirmó y amplió el enfoque garantista sobre la Educación que contiene la Constitución de la República. Se introdujo el derecho a la educación especializada para los estudiantes especiales y con discapacidades.
La organización magisterial presentó y apoyó que el consenso introdujera como principios y valores de la educación dominicana, el pluralismo, la libertad en la impartición de la docencia, la virtualidad de la escuela y no sólo como un espacio físico, la resiliencia ante el cambio climático y el carácter laico de nuestra educación.
En este último aspecto, la Comisión Revisora aprobó, con la firme oposición de la ADP, que la Conferencia Episcopal Dominicana y el Consejo Nacional de las Iglesias Evangélicas sean parte del Consejo Nacional de Educación, CNE, a pesar de que el Estado dominicano es aconfesional y laica nuestra educación, como la propia Comisión Revisora lo admite en uno de los artículos de esta propuesta.
Lo que se consignó casi en forma unánime por la Comisión Revisora fue el carácter deliberativo del Consejo Nacional de Educación, CNE, en su condición de órgano que produce política pública para el sector educativo.
Jubilación a los 25 años de servicio
Con respecto a INABIMA, el texto del borrador de la nueva ley establece una de las más importantes conquistas por la que el magisterio nacional se ha movilizado en los últimos años, reducir de 30 a 25 años el tiempo en servicio, sin importar la edad, para que el docente pueda solicitar su jubilación con el 100% del promedio de los últimos 12 salarios devengados. A esto se añade que se dispone que ningún docente podrá ser jubilado sin su consentimiento.
En cuanto al financiamiento de la Educación, se llegó a una fórmula de transacción entre aquellos que tenían reticencia en presentar un mayor financiamiento de la Educación con respecto al nivel actual y los que propugnaban con colocar en la nueva ley lo establecido por la Ley Nacional de Desarrollo 1-12 que establece que en el presente habría que llevar el financiamiento de la Educación al 6% del PIB y al 7% en el año 2030.
El texto resultante indica que el financiamiento de la Educación no será menor al 4% del PBI, y se irá aumentando progresivamente hasta llegar al 2030 a no menos de un 6% del PBI. El contenido es casi el mismo. Cuestión de matices.
Importantes conquistas laborales
En el texto consensuado se recogen importantes conquistas laborales, como por ejemplo, una carrera docente que garantiza estabilidad en el empleo e ingreso y promoción por concurso de oposición. En la carrera docente participan los maestros, los técnicos-docentes y los funcionarios administrativos-docentes
Se instituye el salario básico de los docentes equivalente al costo de la canasta familiar del 5to Quintil de Ingresos que en noviembre del 2023 era RD$72,675.47.00. Además permanecen los satisfactores e incentivos creados por la Ley 66-97.
Los derechos laborales y la libertad sindical se refuerzan con el fuero gremial y sindical, con la liberación de los dirigentes nacionales de las organizaciones del personal docente de carga académica para que se ocupen de sus responsabilidades gremiales, así como disposición de tiempo para los presidentes de las seccionales para ese mismo fin. También se consagra como derecho de las organizaciones docentes recibir la cuota de su membresía vía administrativa, previa autorización de los afiliados.
Aunque se reconocen los derechos de los educadores a la sindicalización y a la acción laboral contenidos en la Constitución de la República y en las leyes, la mayoría de la Comisión Revisora se negó a que apareciera en el texto de la propuesta de manera expresa el derecho a huelga o paro de los docentes para lograr las reivindicaciones laborales y de la Educación en general.
Estos avances que hemos expuestos fueron posibles, en gran medida, por estar integrada esta Comisión por educadores de muchos años de ejercicio docente y ser sensibles a las necesidades de la educación dominicana. Entre estos educadores figuran tres antiguas ministras de Educación que contribuyeron grandemente con sus experiencias al logro del consenso. Igualmente, jugó un papel decisivo la conducción y moderación respetuosa y democrática de la Comisión por parte del profesor Radhamés Mejía.
Esperamos que la consulta a la que este texto está siendo sometida ayude a consolidar los avances logrados y a incorporar otros nuevos que enriquezcan esta propuesta de Ante proyecto de Ley Orgánica de Educación antes de ser sometida al Congreso Nacional.