Las intensas corrientes de opinión que se decantan en el mar de la opinión pública dominante en las urbes, salvo excepciones bendecidas, siempre han discurrido ajenas a los intereses de las cinco provincias de la frontera dominico-haitiana y otros pueblos desvalidos del territorio nacional.
En general, estas comunidades solo califican en el pugilato citadino cuando sus recursos naturales entran en los juegos del poder económico, o cuando políticos las ven como temas para comenzar a posicionarse de cara a los procesos electorales.
Pedernales ha sido, históricamente, un ejemplo de esa exclusión con tintes aporofóbicos y de desprecio por ser pequeña y paciente. Sólo hay que recordar el robo de Bahía de las Águilas y el silencio cómplice profundo. Unos callaron, por cómplices; otros, por miedo.
Drama tan tétrico debió conmover tanto que moviera la acción pública hasta sacar a la comunidad del marasmo y acompañarla en la búsqueda de una vida digna para toda su gente.
La explotación de sus riquezas naturales solo ha servido, sin embargo, para engordar bolsillos de particulares.
El empobrecimiento ha sido progresivo; sobre todo, luego de la salida de la minera estadounidense Alcoa Exploration Company, que desde finales de los años 50 del siglo XX hasta mediados de los 80, explotó los yacimientos bauxita y caliza, y mantuvo el monopolio de los empleos.
El Gobierno nunca se preocupó por descentralizar ni incentivar las empresas productivas en esta comunidad del extremo sudoeste. Tampoco diligenció inversiones privadas, ni locales y extranjeras.
En la agenda oficial jamás estuvo generar un estado de bienestar general de las personas que sobreviven allí sin saber cómo y, al mismo tiempo, sirven de escudo a la soberanía nacional.
Y el resultado de esta desidia irresponsable fue una próspera cosecha de pobreza y la dependencia de subsidios de miseria.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) y el propio Ministerio de Planificación y Desarrollo (Mepyd) lo han registrado.
En 2010, el nivel reportado en el mapa de la pobreza fue de 44%, 34.2% más que el nivel nacional (10%). Ocupa así el indeseable lugar 31 de 32 en la medición de pobreza general como de pobreza extrema, solo precedida por Elías Piña. Registra un índice de desarrollo humano (IDH provincial) bajo.
Esta provincia es la séptima más grande del país y la más grande de la región Enriquillo (Baoruco, Barahona, Independencia y Pedernaeles). Tiene una superficie de 2,075 kilómetros cuadrados. Pero su densidad poblacional es muy baja (Apenas 15 habitantes por kilómetro cuadrado).
Conforme los datos oficiales de 2010, la población comenzó a disminuir progresivamente a partir de la década del 70 hasta mediados de los 90 (32 mil habitantes), a causa de “la desarticulación de la actividad económica en la provincia, fruto del cese de operaciones mineras, la consolidación nacional de un sistema económico basado en sectores no agrícolas y la acentuación de las diferencias sociales a nivel nacional”.
Pero, a partir de los 90, se ubicó entre las que verificaron un incremento poblacional acelerado (5.1% anual). Desde entonces, ha oscilado en los 40 mil habitantes.
Dos causas fundamentales provocaron tal crecimiento: el traslado de familias de otras comunidades empobrecidas que políticos tiran en barrancones a formar cinturones de miseria del pueblo para usarlas cada cuatro años como votantes en las elecciones. Y el descubrimiento por parte de habitantes de otros pueblos de la frontera como fuente de enriquecimiento rápido.
En el presente, la misma tragedia.
Hay pocas razones para quedarse a vivir en Pedernales: carencia de empleos, sistema de acueducto muy deficiente, telecomunicaciones insufribles, inestabilidad del sistema eléctrico, falta de cloacas y plantas de tratamiento, producción agropecuaria sin mercado, un montón de casuchas no aptas para la vida digna; falta de rellenos sanitarios, cero reciclaje; calles, caminos parceleros y carreteras en muy mal estado, el hospital aún imposibilitado para resolver fracturas de huesos y emergencias cerebrovasculares, pese a la distancia (124 kilómetros de Barahona, 307 kilómetros del DN); avance del narcotráfico y el consumo drogas, inseguridad pública, falta lugares para entretenimiento…
Ante ese panorama, no podía ser más oportuno el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales, iniciado por el gobierno que preside Luis Abinader. Es una de las vías para generar empleos.
El modelo escogido para la ejecución es de alianza público-privada bajo la sombrilla del fideicomiso Pro-Pedernales, creado mediante el decreto 724 de 2020.
La Dirección General de Alianza Público-Privada fue creada durante la gestión de gobierno de Danilo Medina y puesta en funcionamiento por la actual de Abinader.
https://presidencia.gob.do/sites/default/files/decree/2020-12/Decreto%20724-20.pd.
Desde el primer día, las actuales autoridades nos han dicho que no enajenarán los inmuebles del Estado. Que el proyecto Cabo Rojo será desarrollado en 38 millones de metros cuadrados de los 362 millones que tiene la recuperada parcela 215-A (Caso Bahía de las Águilas). Que esas tierras no serán vendidas ni regaladas al sector privado, sino que seguirán como propiedad del Estado (La parcela 215 es diferente la 40 o Bucanyé, donde se ejecutará un proyecto privado, no bajo Fideicomiso).
Han dicho, además, que los inversores construirán sus hoteles y amenidades. Y han precisado que, cuando finalice el fideicomiso, las infraestructuras quedarán en manos estatales, salvo renovación de compromisos.
Y que el gobierno construirá obras de infraestructura básica para garantizar el flujo de inversiones locales y extranjeras (carreteras, vías de acceso a los atractivos, aeropuerto, planta de tratamiento, sistema sanitario, provisión de energía eléctrica, acueductos).
En Pedernales solo contamos con los recursos naturales. Diferente a las plantas Punta Catalina en la provincia Peravia, el Proyecto de Desarrollo Turístico arranca de cero. Tiene otros matices.
Y batirlo junto a otro altamente conflictivo y terminado, contribuye a la confusión y a retrasar el aterrizaje de los objetivos y metas de la provincia. Nuestros eternos sueños.
Nada más injusto. Y hasta criminal, en tanto atenta contra las aspiraciones de bienestar general de una comunidad sumida por décadas en el destierro.
Eso no significa ponerse anteojeras para dejar pasar a rapiñas que siempre se alborotan y merodean los sitios donde hay riquezas para aprovecharse de cualquier brecha de descuido. Seamos críticos, pero también justos. Identifiquemos lo malo y propongamos la solución, y reconozcamos los avances. Por nuestro bien. En la frontera no podemos esperar más.
Con la razón de guía, los pedernalenses deben mirar cautelosamente el movimiento de cada ficha del ajedrez económico y político, antes de sumarse a las olas opinativas montadas en la capital sobre el fideicomiso Pro-Pedernales.
Observemos con celos, sin perder de vista que nadie habla por hablar. Cada hablante tiene sus intereses, que siempre esconde y, a ratos, no sincronizan con el interés general. Pedernales tiene los suyos. Y debe defenderlos, porque son los del colectivo.