Las obras emprendidas por la parte haitiana para la utilización de las aguas del río Dajabón o Masacre, del lado de Ouanamienthe, ha dado lugar a un nueva desavenencia binacional aún no zanjada a la fecha de este escrito.
De su lado, las autoridades haitianas han reiterado que la contraparte dominicana había admitido que el desvío de las aguas del río Masacre no implicaban el trasvase del caudal, ni detrimento alguno a productores agrícolas de ambos países, aguas abajo[2]. Sin embargo, la contraparte dominicana aduce, de manera formal[3] que, tanto la obra iniciada de 2021, como su reanudación en 2023, carecían y carecen de la documentación técnica necesaria, además de que ambas ser inconsultas y atentar contra el artículo 10 del Tratado de 1929 que rige la materia.
En este ensayo presentaré los hitos principales de este incidente, pero limitando la pesquisa entre el pasado 30 de agosto a la fecha de este ensayo, el 15 de octubre 2023. Los hecho acontecidos en ese período son suficientes elocuentes como para, en un segundo momento, dejar implícito la lógica histórica de un incidente que manifiesta por qué alguna de las partes, o ambas, de manera reiterada, insisten en poner los bueyes detrás de la carreta, sin poder progresar.
- Primeras noticias
La disputa por el agua del canal resurgió, como noticia, el 30 de agosto de 2023. Ese día, del lado haitiano del corredor fronterizo Ouanaminthe-Dajabón, reanudaron las obras del proyecto que había quedado en suspenso dos años atrás, luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Campesinos y productores agrícolas de la zona adujeron que el muro fronterizo que la República Dominicana construía les impedía acceder a las aguas del río en La Vigía.
He ahí la justificación primeriza relativa a la urgencia por emprender, independientemente de la situación de desorden generalizado vigente en buena parte del territorio haitiano, la construcción del canal. Ante la interpelación del gobierno dominicano, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, sostuvo que no se trataba de un proyecto gubernamental, sino de la iniciativa de un grupo de particulares y, daba a entender que no tenía control sobre ellos.
I.b La reacción dominicana
La respuesta dominicana no se hizo esperar. Rauda y veloz, muy probablemente, bajo la presión de tres situaciones convergentes.
Primera, una indiscutible presión de la opinión pública dominicana reclamando todas las garantías al interés y a la seguridad nacional.
Segunda, en la antesala en aquel entonces de la previsible intervención de una fuerza policial multinacional, solicitada por autoridades haitianas y aprobada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas[4], evitar incidentes adicionales en medio de una realidad haitiana fragmentada por un sinfín de desavenencias y reyertas intestinas. Y, mucho más determinante aún,
Tercera, eventuales informes de inteligencia a propósito de una posible estampida migratoria de la población haitiana hacia el territorio nacional dominicano, por motivos de inseguridad; e, igualmente, previendo la fuga -también al lado oriental de la isla- de jefes y miembros de las bandas armadas que controlan gran parte del territorio haitiano, simplemente, para operar en y desde suelo dominicano tras la llegada de aquella fuerza policial.
Al margen de esos u otros motivos, la respuesta oficial del Poder Ejecutivo dominicano se dio a conocer el 11 de septiembre de 2023:
- Cerrar completamente los pasos fronterizos con Haití para el comercio terrestre, marítimo y aéreo, a partir del jueves 14 de septiembre del 2023, mientras tanto no se detuviera por completo la construcción del canal de referencia.
- Detener la emisión de visas a ciudadanos haitianos y la suspensión de visas a personas involucradas en el conflicto actual con Haití.
- Iniciar el proceso de la construcción del proyecto de la presa Don Miguel, que de ser iniciada de inmediato podría concluir en unos 30 meses a un costo aproximado de RD$2,700 millones de pesos. Obra esta decisiva porque, sito en la cuenca alta del río Dajabón, eliminaría la necesidad de la obra que actualmente emprendía la contraparte haitiana en la llanura de Maribaroux, porque permitiría la construcción de un acueducto para la población de Ouanaminthe y facilitaría dividir el agua del río Dajabón/Masacre de manera equitativa entre los dos países[5].
- Habilitar el canal de La Vigía, en orden a llevar agua a las comunidades que serían afectadas por la construcción del canal de trasvase haitiano. El diseño original de aquella toma estuvo concebido para irrigar, tanto tierras agrícolas dominicanas, como haitianas[6].
La coletilla a todas estas decisiones la reiteró repetidas veces, en persona, el presidente Abinader. El susodicho cierre de todas las fronteras con Haití, de norte a sur, duraría hasta tanto no se detuvieran las labores de construcción del inconsulto e improvisado canal en las periferias del Masacre, del lado haitiano de la frontera común.
Según reportes de prensa[7], al ser cuestionado por periodistas sobre el delicado tema, el gobernante reafirmó que el gobierno Dominicano no iba a permitir que dicho canal se ponga en funcionamiento debido a que constituye una violación a los tratados internacionales sobre el manejo de las aguas fronterizas. Y puntualizó, de forma meridiana, que la decisión “afecta el mercado, sí afecta el comercio, pero primero está la seguridad del país”.