Desde hace un buen tiempo tanto las AFP como las ARS vienen siendo sometidas a un sistemático ataque que incluye acusaciones mentirosas y la existencia de una campaña que trata de estatizar el sistema existente.
Para comenzar por el principio, es necesario decir que la aprobación del sistema de seguridad social en el año 2001, fue una de las más importantes conquistas logradas por los dominicanos, la cual garantizó cobertura de salud para millones de personas que no la tenían y la recepción de una pensión bajo determinadas condiciones para la clase trabajadora, bajo la modalidad de capitalización individual.
Es necesario señalar, que al momento de entrar en vigencia este sistema muchos centros de salud se encontraban en una precaria situación económica y una gran cantidad de médicos con ingresos muy bajos. La masificación de la medicina, salvo de la desaparición a más de una clínica y elevó los ingresos de una buena cantidad de médicos.
Ahora bien, ese gran incremento de pacientes que llegaron al sistema de salud cubiertos por la seguridad social, es evidente que no se les podía cobrar lo mismo que a los cinco o seis que llegaban antes de existir el sistema y las compañías de seguros médicos establecieron tarifas tanto para las clínicas como para los profesionales de la medicina, esto provocó que algunos especialistas "exitosos" no aceptarán seguros médicos, como tampoco pagos con tarjetas de crédito, sólo efectivo y transferencias, otros añadieron un suplemento por consulta y un grupo representado por el Colegio Médico, vive en un constante conflicto con las ARS, que a quien realmente perjudica es a los necesitados del servicio médico.
Ha pasado mucho tiempo desde que la Ley 87-01 fue aprobada y creo que nadie puede negar que los más de cuatro millones de personas afiliadas al régimen contributivo y una importante cantidad que se encuentran como usuarios del régimen subsidiado, han recibido beneficios importantes en materia de salud que antes les era imposible obtener.
Parece ser que la mencionada Ley necesita ciertas modificaciones que logren hacerla más justa y equitativa. Pero con esto se debe ser muy cuidadoso, ya que este es un tema complejo y especializado que no todo el mundo maneja correctamente. Para muestra un botón, recientemente el Tribunal Superior Administrativo dictó una sentencia que deja en evidencia su desconocimiento sobre la materia, al ordenar a la Superintendencia de Pensiones la devolución de una suma superior a los ocho mil millones de pesos, por haber sido estos "sustraídos" de las cuentas de los afiliados, está clarísimo que nadie sustrajo nada, simplemente se produjo un cambio transitorio en los rendimientos por fluctuación de la tasa de cambio. Que unos jueces de ese alto Tribunal evacuen una sentencia como la comentada, es sumamente peligroso pues puede dar lugar a situaciones que pongan en peligro la integridad misma del sistema de pensiones.
Sería muy extenso reproducir aquí todas las mentiras, inexactitudes y disparates que constantemente se dicen tanto sobre el sistema de seguridad social, como de las instituciones y empresas que lo integran, estas van desde el reparto puro y simple de un porcentaje de los aportes realizados, hasta acusaciones de robo.
Esperamos que reine la sensatez entre los responsables de modificar la Ley mencionada, y no se les ocurra convertir en un organismo público lo que hasta el día de hoy viene funcionando correctamente, aunque con defectos corregibles, pero sin la interferencia perturbadora de intereses políticos.
Para terminar, quiero recordarles a los que con razón abogan por mejores pensiones, que donde los salarios son bajos no se puede tener pensiones altas.