Quienes tengan acceso a Netflix harían bien en ver el documental “Descenso”, que cuenta la historia del modelo de avión 737 MAX, del fabricante norteamericano Boeing. Presentada como la aeronave más avanzada del mercado, terminó en las peores tragedias aéreas de los últimos años, cuando dos aparatos de último modelo se desplomaron a tierra, dejando centenares de fallecidos.
Ante los hechos, Boeing se empeñó en resaltar la confiabilidad de sus productos. Usó para ello todo su poder comunicacional, sus recursos ilimitados y su reputación empresarial. Pero la verdad es que la empresa, en su afán de no perder mercado frente a su más estrecho competidor, diseñó un avión que no podía volar adecuadamente y, para resolverlo, instalaron un programa computacional oculto que llegaba a controlar la aeronave y podía hacerla caer al vacío, tal como ocurrió.
Solucionar todo el desperfecto y entrenar a los pilotos para saber cómo manejarlo provocarían demoras para entregar los nuevos aviones, haría más exhaustiva la aprobación del aparato y elevaría los costos, y los gerentes de Boeing decidieron que incurrir en ello no era rentable, aunque pusieran vidas en peligro. Algo clave en esta historia es que Boeing se había convertido en una empresa centrada en su rendimiento en la bolsa de valores y puso en segundo plano la calidad de su producción. Para ello mudó sus plantas a estados con menores regulaciones, destruyó los sindicatos y se ocupó de contar con empleados serviles y cómplices, en vez de preocupados por la seriedad de su trabajo.
En resumen, todo en Boeing estaba funcionando para que su éxito fuera más importante que la seguridad y las vidas de sus pasajeros. En ese camino los fabricantes llegaron a engañar a las autoridades y, aún peor, ponerlas bajo su control. Algo asombroso en el país que de forma más estricta vigila y administra la aeronavegación.
En República Dominicana, el sistema de pensiones creado por la Ley No. 87-01 en manos de las AFP es como la historia del 737 MAX de Boeing, y aún peor. Los fondos previsionales son manejados como activos financieros que niegan el retiro seguro y digno, violando los principios básicos de una pensión y el derecho fundamental a la seguridad social establecido en nuestra Constitución, pero sí aseguran la maximización de ganancias de las empresas que administran el dinero, las AFP.
Mientras ofrecen las peores pensiones de América Latina, equivalente con suerte a un 30% del salario y solo por el tiempo que la cuenta personal alcance, las AFP han absorbido en sus años de existencia más de 80 mil millones de pesos. Solo en 2021 ganaron casi 4,900 millones de pesos, y cada vez ganarán más, porque en 2020 consiguieron una ley a su medida para cobrar su comisión del fondo administrado, blindando sus ingresos sin importar lo buena o mala que sea su inversión. Esa Ley No- 13-20 fue su declaración de guerra final a cualquier aspiración a tener seguridad social.
La Ley dice taxativamente que el objetivo de la inversión de los fondos es incrementarlos con una rentabilidad real, pero si es necesario las AFP son capaces de atravesar todas las líneas rojas, violar la Ley, crear y usar artimañas y resquicios legales, engañar al país y a las instancias de supervisión y, lo que es más grave, ponerlas de rodillas, como meros cómplices.
Boeing no fue creada para matar, mientras las AFP sí son empresas creadas para lucrarse a cualquier precio. Priorizan su rentabilidad sobre la de los afiliados, a quienes llaman “dueños del dinero” pero los cargan con todas las pérdidas si una maniobra financiera da error. La promesa de la "libretica" y la “capitalización” se derrumba, al condenarnos a pensiones de hambre y quitarnos dinero de las cuentas personales (un desfalco estimado hasta ahora en más de 8,000 millones de pesos). La explicación ha sido, sencillamente, cantinflesca.
Lo grave de nuestra situación es que mientras en Estados Unidos el Congreso y la agencia que regula la aviación le salieron al paso a Boeing para evitar más muertes, la Superintendencia de Pensiones dominicana, en vez de exigir cumplir la Ley y proteger a las personas, hace de relacionista público de las AFP. Y el Congreso Nacional, con honrosas excepciones, parece que no se entera.
La gente podrá elegir viajar o no, montarse en los aviones de un fabricante o de otro, pero nadie puede elegir no envejecer, no quedar en discapacidad o no fallecer. Tampoco puedes elegir librarte por ti solo de la nefasta Ley No. 87-01. El daño es gigantesco e irrecuperable. Tener una pensión digna y que no te roben tus fondos es un derecho fundamental en la Constitución, que nadie debería tocar para saciar su ambición, y mucho menos contar con impunidad para hacerlo.
Boeing terminó resolviendo el problema reparando los aviones y dando una indemnización a los familiares de las personas fallecidas. Saben que con sus inmensas ganancias recuperarán lo gastado en tiempo y las multas. En última instancia a Boeing no le conviene vender aviones con fallas catastróficas, pues podría perder más mercado y hasta quebrar, pero las AFP tienen por Ley un mercado cautivo, un sistema de ahorro forzoso y han ganado fortunas durante 21 años y pueden seguirlo haciendo, jugando con las finanzas sin tener que dar nada de seguridad social. Chile siempre estará ahí para recordárnoslo. Si siguen adelante, matarán no a cientos, sino a todo un país.