Ruinas de la catedral de Puerto Príncipe. Orlando Barría (2010)

En un país donde las políticas públicas de salud, educación y vivienda no aparecen en las agendas, es urgente y revelador consultar las publicaciones documentadas para comprender la magnitud del drama. En los dos o tres años que siguieron al terremoto de enero de 2010, cuando la violencia armada aún no se extendía por todo el territorio, todavía se podían aceptar los pretextos de los políticos en torno al terremoto. Promocionaban la construcción de hoteles haciendo creer que «estábamos abiertos a los negocios» y que el gran negocio internacional traería progreso…

Ya a mediados de los años 90, con la llegada de los contingentes internacionales en el marco del programa «retorno a la democracia», algunas zonas eran inaccesibles para quienes no disponían de grandes cantidades de divisas (dólares o euros). Casi 30 años después, el panorama se volvió sofisticado y trágico. En los 20 años anteriores al terremoto (1990-2009), los propietarios utilizaron presiones legales o variaciones de mercado para desalentar y/o deshacerse de los inquilinos. A partir de los años 2020, propietarios e inquilinos serán desalojados por balas y realidades criminales que se transforman en situaciones de guerra. El informe de Amnistía Internacional del 8 de enero de 2015 «Diez datos sobre la crisis de la vivienda en Haití» revela  toda la complejidad del drama. Según los datos de septiembre de 2014, en Haití permanecen abiertos 123 campos para personas internamente desplazadas, que albergan a 85.432 personas. Las condiciones en muchos de esos campos son terribles. Un tercio de las personas que viven en ellos no tienen acceso a una letrina. Cada retrete es compartido por una media de 82 personas, según los puntos 2 y 3 del informe de AI. Once años después, con el control militar de más del 80% del territorio por las bandas armadas, las estadísticas de desplazamientos deben ser revisadas diariamente; en algunos puntos del territorio, 2 veces al día…Según la intensidad de los tiroteos y la hipotética presencia de las fuerzas del orden, en unos pocos barrios los residentes se atreven a quedarse por unas horas durante el día y pasan la noche en otro lugar más oportuno.

«Mientras se espera una respuesta de las autoridades, más de 700.000 desplazados internos del área metropolitana de Puerto Príncipe siguen recorriendo las calles en busca de refugio» (Kimberly Bazile, Nouvelliste, 04 de diciembre de 2024).

La palabra «autoridad» debería ser pronunciada con la mayor precaución, ya que la experiencia del terremoto de enero de 2020 nos ha demostrado que las «autoridades» de entonces solo podían recibir a visitantes importantes y esperar la generosidad internacional. Estas «autoridades» ni siquiera sabían cómo reflexionar sobre sus nuevas responsabilidades ante los dramas y las emergencias. Siempre es embarazoso hacer alusiones a la dictadura de los Duvalier (1957-1986), pero en la memoria institucional y la historia de la administración pública haitiana, la última generación de altos funcionarios responsables fue la del régimen de los Duvalier. Los que se dicen – o se creen… –  demócratas demuestran una incapacidad de reflexión y de respuesta…