A propósito del informe del Subcomité de Comercio del Congreso de los Estados Unidos de América sobre la situación de los trabajadores agrícolas de la industria azucarera en República Dominicana cabe hacer una mirada histórica.
Por muchos años (más de 100), la industria azucarera en el país estuvo controlado y gestionada por el Estado dominicano, con una participación tan importante en la producción del azúcar, que durante las década de los años 70, en sector azucarero fue denominado como la espina dorsal de la economía dominicana, debido al volumen del aporte del sector en la generación de divisas.
En la industria azucarera se instauró un modelo de producción basado en la sobreexplotación de la obra mano de trabajadores migrantes haitianos contratados bajo la modalidad de contingentes, soportado en acuerdos quinquenales de los gobiernos de ambos países que comparte el territorio de la isla, este modo operandi estuvo vigente oficialmente hasta 1999. Los trabajadores eran importados y llevados a los ingenios a través del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), estos trabajadores/as literalmente fueron exprimidos junto con la caña hasta convertirlos en bagazos.
La contratación de braceros se realizaba sin la más mínima garantía de dignidad. Eran alojados en los bateyes –campamentos construidos para estos trabajadores– en condiciones infrahumanas. Además, no contaban con las mínimas condiciones para albergar seres humanos. Con frecuencia los trabajadores del CEA señalaban “un buey del CEA vale más que 10 trabajadores agrícola de la caña” por la forma que estas las personas eran tratadas por las autoridades.
Al inicio de cada verano, se celebraban las metas alcanzadas en la producción y molienda de caña. Para esa época los trabajadores debían regresar a su país a través de medios que organizaban los ingenios (del CEA). Estos trabajadores/as, debieron recibir unos llamados “incentivos” que no eran tales en el significado del término, en la realidad eran dinero que les fueron descontados a los/as trabajadores, de sus salarios diarios, también debieron hacerle los pagos de bonificaciones, sobre las ganancias del consorcio, antes de emprender el retorno a su patria. Algunos de estos trabajadores/as se quedaban en territorio dominicano, y se integraban a las labores de siembras, limpieza y mantenimientos de los cañaverales (es decir se quedaban para producir caña, materia prima del azúcar –“Sin cañeros/as no hay azúcar”-), reparaciones de máquinas y otros equipos durante los meses de junio- noviembre, es el periodo que las actividades estaban reducidas, el llamado “tiempo muerto”.
El CEA contaba con un cuerpo de seguridad (departamento de Guarda campestre) conformado por hombres cuasi militar preparados para vigilar los trabajadores agrícolas en los bateyes. En esta estructura se destaca el trabajo realizado por inspectores, guardias campestres, mayordomos, y capataces, etc.; esta estructura participa activamente en el reclutamiento oficial de braceros y en reclutamiento clandestino o “ambafil” de estos trabajadores/as en la frontera y luego eran llevados a ingenios del Estado y del sector privado. También tenían rol de seguridad en los campos de caña.
Los trabajadores tenían restringida su movilidad, no podían salir del batey en donde eran asignados, cuando llegaron de Haití. El control de la vida de cada trabajador era tan absoluto que llegaba al punto de que no podía entrar ni una ‘mosca a estas comunidades’ sin previo aviso o permiso de la “autoridad”.
Los ayuntamientos, policías, bomberos o cualquier institución de socorro o seguridad nacional no tenían jurisdicción sobre estas comunidades. No era permitido ocupar un barrancón sin que estuviesen trabajando en la producción o corte acarreo de la caña. Las mujeres solteras no tenían derecho a una habitación o una vivienda para ocuparlo con sus hijos/as. Ellas estaban obligadas a casarse con un hombre que estuviese trabajando en la empresa, como una forma de justificar la ocupación de esa precaria vivienda.
Desde mi punto de vista, la vigilancia estricta, tenía seis posibles razones o motivos: primero, para que los trabajadores inconformes con el trato recibido por la empresa no regresaran a su país antes de terminar la zafra por el cual fueron “contratado”; segundo, evitar que fueran reclutados por los buscones de las empresas privadas que por lo regular pagaban mejor que el CEA; tercero, que no formaran sindicatos que podrían encarar la situación de los trabajadores; cuarto, que no participaran en organizaciones que podrían orientarlos en cuanto a sus derechos; quinto, por evitar su inserción en otras áreas de producción que pudieran pagarle mejor que el sector azucarero y sexto, para que no participaran en actividades políticas en contra del régimen político duvalierista (dictadura) que imperaba en Haití
Con el paso del tiempo los efectos de la corrupción en el CEA llevaron a la empresa hacia la quiebra. Los trabajadores no recibían sus pagos a tiempo y cuando finalizaba la zafra, no les pagaba los incentivos (retenciones de una porción de salarios devengados) y bonificaciones sobre las ganancias de las empresas. Por lo tanto, no podían regresar a su país sin dinero, estaban obligados a quedarse en muchos casos en contra de su voluntad. Esa práctica se convirtió en política pública en el área azucarera, que pasó a ser norma, lo que permitía zafra tras zafra el reclutamiento oficial de un cantidad menor de trabajadores/as traídos desde Haití, y un elevado número trabajadores, viviendo en los bateyes permanentemente que podían suplir esa mano de obra. Los trabajadores rezagados en el retorno a su país de origen, en el tiempo muerto se insertaban en otras áreas de la agricultura nacional, por ejemplo, en la producción de alimentos para el mercado local, café, cacao, yautía, entre otros rubros. De manera informal, se movían a otras provincias buscando trabajo y cuando comenzaba la zafra regresaban a sus comunidades.
A raíz del descalabro del CEA y la adopción de la ley 87-01 de la seguridad social afectaron gravemente a los trabajadores, los dejó sin protección, no contaban con los hospitales que pertenecían al Instituto Dominicano de la Seguridad Social (IDSS) porque la empresa no le reportaba al IDSS los descuentos que se le realizaban. De ahí es que estos trabajadores y sus familiares empezaron a buscar servicios de salud en los hospitales de Salud Pública. Peor aún, la ley 87-01 estableció que la cédula de identidad pasaba a ser el medio de afiliación a la seguridad social, en el caso de los trabajadores agrícolas de la caña en su mayoría migrantes con hasta 50 años viviendo en el país, solo contaban con las fichas (documento de identidad) que le entregaba el Estado dominicano al momento de incorporarlos al batey en donde eran empleados. También como consecuencia de la ley de la seguridad social empezaron a tener problemas con las pensiones que anterior a la ley recibían sin mayores problemas, debido a que el IDSS, funcionaba con normalidad. Igualmente, a los trabajadores agrícolas de la caña, les eran descontados cuotas para pago de los sindicatos que respondían a los intereses de la empresa y de la cúpula dirigencial de las centrales sindicales, nunca fueron tomados en cuenta para los pactos colectivos que buscaban mejorar las condiciones de trabajos.
Al día de hoy, esta situación persiste. El Estado no le ha devuelto lo que ellos ahorraron para poder acceder a una pensión que le corresponde. Con el acompañamiento de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), centenares de antiguos trabajadores agrícolas de la producción de azúcar sigue en las calles de la ciudad capital, reclamando sus pensiones. Más bien, exigiendo a que el Estado dominicano que les descontó una porción de sus salarios para supuestamente, entregárselo a través de una pensión; que hagan efectivo este compromiso en el ocaso de sus vidas.
En la actualidad la producción del azúcar casi en su totalidad está gestionada por el sector privado, por inversionistas locales y extranjeros. A pesar del esfuerzo realizado por algunos productores para mejorar las condiciones de vida de sus trabajadores, nada ha cambiado. Sin exagerar, la situación ha empeorado.
Quizás podríamos tomar el informe de los congresistas como punto de partida para que el “gobierno del cambio” produzca algunos cambios en sus relaciones con los trabajadores agrícolas de la caña y les cumpla la promesa de dignificar la vida de todos los trabajadores de la caña, que son servidores del Estado dominicano. Urge entonces: otorgarles las pensiones a los que trabajaron en el CEA, a través de una ventanilla única, facilitar la documentación que identifique a cada trabajador y su grupo familiar, otorgarles seguros de salud a los trabajadores y sus familiares, exigirles a los productores privados de caña y azúcar que permitan libre circulación en los bateyes que están en sus áreas de producción, mejorar las condiciones de las viviendas de los trabajadores a través de pago de salario justo y que el Ministerio de Trabajo realice la supervisión a estas empresas privadas para garantizar el cumplimiento del Código de Trabajo. No creo que sea mucho pedir cuando estamos en tiempos de “cambios”